Cuan diferente es el nivel de patología social en la actualidad a los prevalecientes en los años setenta y aún en la década de los ochenta del siglo pasado. La generación nacida en la ultima década del siglo XX no guarda esas referencias pues han vivido en entornos sociales ciertamente muy complicados e inmersos en inseguridad pública permanente. Aún peor, antaño era inimaginable suponer una autoridad involucrada con la delincuencia organizada, hecho muy común ahora cuando el tema se ha convertido en lugar común, al grado de circular cada vez con mayor frecuencia la versión de un narcoestado o de un narco gobierno. En el contexto social mexicano se producen señales preocupantes de que así pudiera ser, de acuerdo a la información que se recibe relativa a autoridades bajo sospecha, desde policías hasta diputados, senadores y gobernadores aparecen en el imaginario del recelo ciudadano. La realidad ofrece preocupantes señales, son públicas y abundan.
En mayo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, se enteraron de que el gobierno estadounidense les había cancelado su Visa- El candente tema en el que se involucra al senador Adán Augusto López ocupa buena parte de la agenda ciudadana de estos días. El 5 de agosto, el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, informó que le notificaron el retiro de la visa. En análoga tesitura se encuentra la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez y su esposo. Otros alcaldes fronterizos en Tamaulipas también están en esa frecuencia. Por si no bastara, con frecuencia casi diaria se tiene conocimiento de elementos policiales involucrados con la delincuencia organizada o son sorprendidos cometiendo actos fuera de la ley: en Putla, Gro., se detuvo a cuatro elementos de la policía municipal por su posible vinculación con el crimen organizado. El lunes 11 de agosto, fueron detenidos en Pinotepa Nacional cuatro elementos de la policía municipal vinculados con el crimen organizado. En Cintalapa, Chiapas, fueron detenidos el director de la Policía Municipal y 58 elementos bajo su mando acusados de presuntos vínculos con el grupo criminal Cártel Chiapas-Guatemala y por uso indebido de condecoraciones y uniformes oficiales. presuntamente se prestaban para proteger y facilitar actividades criminales. En junio comentamos: “la operación “Colmena” recientemente aplicada en el Estado de México puso en evidencia a buen número de alcaldes vinculados con la delincuencia, presos unos, otros fugitivos. Ese fenómeno de ediles con nexos delincuenciales se descubrió también en Puebla y en Guerrero; también lo estamos comprobando en Michoacán, donde el alcalde de Uruapan reconoce la virulencia del crimen que opera en su territorio y no vacila en denunciarlo y enfrentarlo. En esa misma entidad, el alcalde de Zitácuaro reconoció haber sido rebasado por el crimen organizado. En Guanajuato, la FGR investiga a 8 alcaldes “con presuntos nexos con el narco”, dice nota periodística. Se descubre una refinería clandestina en Coatzacoalcos, dos buques son detenidos porque su carga proviene del “huachicol fiscal”. En Xalapa, un policía pisa cárcel acusado de extorsión. En Papantla asesinaron al excomandante de esa plaza; en Tuxpan, asesinaron al director del penal de esa ciudad, en Córdoba al director del penal de La toma, de Amatlán. Si este breve y muy parcial recuento no describe un contexto social preocupante, entonces realmente padecemos anemia cerebral, dicho sea con todo respeto. |
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