Cuando el PRI era el único partido político que gobernaba en todo México, las alternancias en los tres niveles de gobierno se caracterizaban por el “borrón y cuenta nueva”, es decir, el sucesor disculpaba las travesuras de quien le había antecedido en el cargo de alcalde, gobernador o presidente de la república. Salvo cuando se trataba de cobrar facturas personales o profundas desavenencias políticas, entonces se procedía a castigar a personajes de rol secundario: López Portillo encarceló a Méndez Docurro, exsecretario de comunicaciones de Echeverría; Miguel de la Madrid metió en la cárcel a Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex con López Portillo, etc., pero los presidentes eran intocables y los gobernadores respetaban a su antecesor. Sin embargo, cuando maduraron los tiempos y la oposición comenzó a ganar gubernaturas estatales entonces comenzó a develarse el grueso manto de la impunidad con la que se actuaba en la aplicación del recurso público porque se procedió a investigar al antecesor. Se abrió la cloaca de corruptelas. Por ejemplo, las tropelías de Duarte y asociados las investigó y puso al descubierto la Auditoría Superior de la Federación, su sucesor, Yunes Linares, se encargó de los detalles. En Chihuahua, Javier Corral, del PAN, hizo lo propio con Horacio Duarte, del PRI. En Campeche, Layda Sansores, de MORENA, puso al descubierto el grueso patrimonio de su antecesor Alejandro Moreno, del PRI. Ya nada nuevo hay bajo el sol en materia de corrupción.
Lo podemos comprobar en la sucesión de Claudia Sheinbaum respecto de su antecesor López Obrador, pues nada se sabe de investigaciones referentes a la muy opaca aplicación del recurso publico en las obras emblemáticas de aquel gobierno, nada tampoco de SEGALMEX ni de BIRMEX. En el actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum se descubrió irregularidades en la adjudicación de contratos de compra de medicinas, pero, aparte del relevo del responsable de ese desliz se ignora consecuencias de índole penal. Acá en la aldea, de inicio, el presidente de la JUCOPO en la legislatura estatal denunció irregulares en la compra de tablets, el fuego se apagó para no hacer olas en un gobierno apenas naciente, pero, excepto, una declaración sobre que la empresa vendedora arreglaría el asunto, nada más se supo, es un expediente, si bien acaso ya cerrado por la parte denunciante, en la ciudadanía cuenta como señal de impunidad. Larga es la lista de pecados cometidos en el manejo del recurso público, descubiertos por la ASF, durante el gobierno de Cuitláhuac García, se sabe de la denuncia contra la exsecretaria de Salud, pero nada referente a Educación ni de la Obra Pública. Son evidentes las irregularidades en la reconstrucción del estadio Pirata Fuente, no solo en materia de recurso público (un sustancioso sobrecosto) sino de graves fallas en el diseño, que obligarán a disponer de más recursos para rectificarlos. Y ¿qué del Acuario sobre especies “perdidas” y sospechosa administración? ¿Acaso se está apostando al olvido? El tiempo pondrá al descubierto las respuestas correspondientes. |
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