Entre las novedosas formas de combatir a la corrupción en México desde el gobierno, una muy esperanzadora fue la implementada por el gobierno de Miguel de la Madrid cuyo lema fundamental fue la “Renovación Moral”, que se acompañó con reformas a la Ley de Administración Pública para crear la Contraloría General, un órgano de control que vigilaría el buen cumplimiento de los programas de gobierno cuidando se hiciera con eficiencia y eficacia. Para reforzar la estrategia de combate a la corrupción, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, en 1999 se creó la Auditoría Superior de la Federación en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda, con un universo auditable extendido a las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México, todo orientado a perfeccionar el desempeño en cargos públicos y vigilar la correcta aplicación del recurso de origen fiscal. No obstante, pese al esfuerzo, la corrupción en México sigue siendo una patología social bastante extendida en el servicio público, antes, en los gobiernos “neoliberales” y ahora con la CuartaT, aunque ahora, quizás por ser “diferentes”, se utiliza el concepto para justificar la desaparición de órganos autónomos o suspender obras de trascendente utilidad.
Durante el “primer piso” diseñado por López Obrador, con el alegato de que existía mucha corrupción, en vez de combatirla investigando y castigando, se suspendió la construcción del aeropuerto en Texcoco, esa suspensión tuvo un costó mayor que si se hubiera concluido, dando para la CDMX un aeropuerto de alta gama internacional y a la vez desaparecer al Benito Juárez cuya obsolescencia le provoca serios problemas de mantenimiento abrumado como está para atender el incremento de vuelos y de pasajeros. Con el mismo pretexto, López Obrador desapareció el Fondo Nacional de Desastres naturales. Ahora, para demostrar que ese Fondo padecía corrupción, Raquel Buenrostro lo califica de “ineficaz, ineficiente, con altos costos, reactivo, con exceso de burocracia, falta de coordinación y múltiples actos de corrupción”, para nada alude a los apoyos recibidos por quienes estuvieron en condiciones de afectados. ¿Es mejor el actual procedimiento gubernamental que los de antaño? Acapulco aun no se recupera dos años después del Otis y va para largo. Lo de la huasteca veracruzana 15 días más tarde sigue siendo objeto de limpieza y por muchos anuncios relativos a la reconstrucción solo el tiempo podrá comprobar el resultado de la acción gubernamental. Si para justificar deficiencias actuales se acude al vilipendio contra el pasado, mal andamos, porque se requiere unión y fuerza en apoyo a los afectados, que ninguna culpa tienen para cargar con politiquerías y exabruptos ideológicos que solo ahondan la polarización ya existente. |
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