En los debates del Constituyente de 1917 hubieron temas de central interés para el futuro de la República Mexicana, entre ellos los relativos a la formulación del artículo Tercero, el artículo 27 relativo a los bienes de la nación, el 115 sobre el diseño municipal y el artículo 123 para enmarcar la relación entre trabajadores y el patrón, todos de singular importancia. Cuando se trató el tema de la división política se puso central interés en la institución municipal, de su integración y funcionamiento, pero más aún en dotarlo de la autonomía suficiente para evitar su sumisión respecto de las áreas estatales y federales del poder, era necesario, se dijo, darle autonomía económica y política: entre el municipio y el estado no habrá mediación política, se apuntó para evitar siguiera siendo presa de los cacicazgos prevalecientes en todo el territorio nacional. Así se expidió el texto constitucional, con la autonomía municipal, política y económica, como norma. Pero en la realidad el municipio en México todavía en la década de los años setenta del siglo XX seguía uncido a la voluntad de los gobiernos estatales y el federal, recibiendo cuotas económicas no en función de sus necesidades sino de la voluntad política del gobernador del diputado local o del cacique regional o local. Los Convenios de Coordinación Fiscal rompieron ese circulo vicioso y ahora los ayuntamientos reciben sustanciosas cantidades de dinero que desafortunadamente no se reflejan en obras de beneficio social. Empeora ese escenario nuestra cultura política, tenazmente inclinada al patrimonialismo, de allí el fuerte engrosamiento de la empleomanía municipal que absorbe para gasto corriente buena parte del presupuesto municipal.
A esos factores debe agregarse un elemento de no menor importancia: la capacidad de gestión de quienes presiden un ayuntamiento. De esto último en nuestra entidad existen constancias irrefutables que marcan las diferencias. Concretamente nos referimos a la forma en cómo se ha administrado y proyectado el desarrollo urbano de Orizaba, un municipio-ciudad atípico en el concierto municipal veracruzano, sorprende su transformación urbanística fuera de serie, dos pudieran ser las causas: capacidad de gestión y manejo impecable de las finanzas municipales, es decir, el dinero público no se desvía hacia menesteres inconfesables y hay visión de futuro. ¿Por qué no ocurre igual en otros municipios? La respuesta es innecesaria. Poza Rica tiene configuración semejante a la de Orizaba, es municipio-ciudad, sin embargo, luce en el abandono. A Coatzacoalcos se le privilegia con jugoso presupuesto, pero su población no goza de buenos servicios municipales y pareciera que la única querencia de sus autoridades se centra en alargar su malecón. Pudiéramos analizar cada uno de los municipios veracruzanos y la conclusión nos llevaría a un balance negativo. Aunque existen puntuañes excepciones. El caso de la capital estatal, Xalapa, es ilustrativo de un trabajo responsable, que se corresponde con la confianza ciudadana reflejada en los 113 mil votos favorables de su elección. La actual administración 2021-2025 ha realizado un extraordinario trabajo de obra pública, inédito, se diría. Se combinó la voluntad de trabajo con la capacidad de gestión, y por supuesto un estricto control del gasto público. Deja el ayuntamiento xalapeño en funciones la vara muy alta a la administración entrante, que ojalá prosiga, iguale o supere el trabajo edilicio de los últimos cuatro años, Xalapa así lo espera, su condición política de capital estatal lo exige. |
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