AL GOBIERNO Federal –y consecuentemente, al del Estado que es el que nos atañe-, pareciera no importarles la gravedad de la violencia e inseguridad que se cierne sobre el País y el territorio veracruzano, a tal grado que en la Entidad los secuestros son cosa de todos los días, aunque la encargada del despacho de la Fiscalía Estatal, Verónica Hernández Giadáns se haya aprendido de memoria el estribillo de quien la recomendó en esa posición, concretamente del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos que, por otra parte, es quien cilindrea al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez la cantaleta de que estamos bien, y la delincuencia va a la baja, aunque la semana pasada y ésta, secuestros, asesinatos, levantones y descuartizados estén a la orden del día, y es lamentable observar como la zona centro y sur siguen acaparando esos ilícitos con el levantamiento de jóvenes por quienes piden rescate y, en caso de no ser liquidado, pagan con sus vidas. También se han reactivado las desapariciones de muchachos, con todo y auto, y algunos aparecen calcinados dentro de las unidades, y en muchos casos se acredita la desaparición a elementos policiacos amafiados con la delincuencia, como ha ocurrido en Yanga, Cuitláhuac, Atoyac y Paso del Macho, sin que se sepa de investigación alguna, o en Isla donde una familia completa se esfumó como por arte de magia.
Y ANTE semejante escenario se observa una aterradora pasividad de las autoridades, indiferencia nunca antes vista que enerva, porque quien está sufriendo las consecuencias es el pueblo, los de a pie, las clases medias que con esfuerzo logran algún capital que de buenas a primeras podrían perderlo cuando el ser querido es llevado por delincuentes y vía telefónica exigen fuertes sumas para regresarlo con vida, amenazas que no son supuestos sino realidades, pues en más de una ocasión los plagiados son asesinados si no se cumple la demanda de los malhechores. Y han sido, precisamente, las víctimas de la delincuencia –como la familia LeBaron- quienes ante la inacción del Gobierno Federal y de los Estatales –sobre todo de MoReNa- demandan que las bandas de la delincuencia organizada y los cárteles sean clasificados como terroristas, y entonces la administración de Andrés Manuel López Obrador que “no cacha ni picha ni deja cachar” levanta la voz para aclarar que eso es imposible, porque hacerlo permitiría que los Estados Unidos pudieran ingresar a territorio nacional a combatir a esas bandas, algo que la Cuarta Transformación quiere hacer a base de abrazos y no balazos, acusando a los delincuentes con sus papás y abuelos, con las palabras mágicas “guácala”, “fuchi”, o regalando dinero de los contribuyentes a Ninis y otros sectores, lo que definitivamente no funciona.
LA DEMANDA de que se reclasifique a los cárteles y delincuencia organizada como terroristas tendría sus bemoles, pues además de que se abriría la posibilidad de que Estados Unidos interviniera en cuestiones de seguridad en el País, obligaría al Gobierno a aplicar con todas sus letras el Artículo 139 del Código Penal Federal que establece: “Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos (algo así como lo que hicieron las mujeres en el día contra la violencia contra ellas), que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. La misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional”.
PARALELAMENTE, EL Artículo 139 Bis determina que: “Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días de multa, a quien encubra a un terrorista (esto es, que no los persiga o encarcele como sucede actualmente con grupos de la delincuencia en México), teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad”, mientras que el 139 Ter, determina: “Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139”, insistimos, todo ello metería en un gran brete a los mandamases de la Cuarta Transformación que, por lo visto, no están dispuestos a contrarrestar la violencia con violencia, aunque a los gobernados se los esté llevando el diablo, que al fin de cuentas, hijos, esposas –concubinas, novias o parejas- y los propios funcionarios de alto y medio pelo han sido dotados de vehículos blindados, escoltas y armamento para que sean defendidos de alguna agresión, mientras que a la población se la cargue el pingo, o lo que es lo mismo, que cada cual se rasque con sus propias uñas.
DICE EL embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, que Estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz están paralizados por la violencia organizada y, “si no los combatimos, esto se va a poner mucho peor”. El representante del País más poderoso sobre la tierra habla con conocimiento de causa cuando sostiene que “el territorio donde los narcos tienen poder continúa expandiéndose a través de la República”, por lo que agrega que “si lo ocurrido en Sinaloa no nos hace despertar, ¿qué es lo que vamos a esperar que pase?”. Y es que los cárteles y el crimen organizado han obtenido tanto poder en México que, según académicos estadounidenses, hasta 40 por ciento del territorio mexicano está sujeto a, por lo menos, “inseguridad crónica”. Pero además de los Estados mencionados, David Glawe, subsecretario de Seguridad Nacional, en audiencia legislativa indicó que “hay áreas de México que yo caracterizaría como sin ley… los cárteles de la droga se encargan de la infraestructura, los servicios y sus negocios, que son las drogas y el terror” y, por tanto, deben ser clasificados como terroristas. Los estadounidenses consideran que los cárteles buscan más bien anular o desafiar el control político para promover sus operaciones criminales. Para ello usan lo mismo amenazas, que corrupción, disponen de mini-ejércitos y adoptan tácticas militares. Peor aún, en Estados Unidos hay también una corriente que considera a los cárteles como una amenaza regional y promueve la idea de proclamarlos como agrupaciones terroristas, y en esa postura se circunscribe un texto de la revista Foreign Policy, firmado por los especialistas John. P. Sullivan y Robert Muggah donde se hace notar que “las autoridades (mexicanas) estiman que 40 por ciento del país está sujeto a inseguridad crónica, con violencia homicida, desapariciones y desplazamiento de la población”. En fin, ¿usted qué considera?. OPINA carjesus30@hotmail.com
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