¿QUE PASARIA si el Movimiento de Regeneración Nacional cumpliera las tres consignas contenidas en el decálogo del fundador y ungido redentor de ese partido: no mentir, no robar y no traicionar, y nos atreveríamos a agregar un cuarto: no encubrir la impunidad? Seguramente MoReNa se consolidaría como una fuerza política ejemplo para las nuevas generaciones, y su reino no tendría fin. Lamentable resulta, sin embargo, que los nuevos apóstoles o discípulos de la Cuarta Transformación si mienten, si roban, si traicionan y, para variar, protegen a los suyos con el manto de la oscuridad, porque lea usted (y tenga la seguridad que nada ocurrirá pese al escándalo que las cifras generan). Y es que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2019 y el 2024, periodo que correspondió a la administración de Andrés Manuel López Obrador, se registra un monto total de 58 mil 779 millones 900 mil pesos pendientes de aclarar o recuperar. Las indagatorias del órgano fiscalizador son más que contundentes, aun cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum haya dedicado un emotivo libro de agradecimiento a su antecesor Andrés Manuel López Obrador por el legado que, según ella, le heredó. La ASF anota que la Cuenta Pública 2024 reporta un monto pendiente por aclarar o recuperar de 5 mil 823 millones 500 mil pesos, cifra que representa una disminución del 81.8% respecto a los 32 mil 044 millones 500 mil pesos observados el año previo. Ese dato, según cifras oficiales, coloca a 2024 como uno de los ejercicios más bajos de los últimos seis años, después del repunte histórico registrado en 2023. Entre 2019 y 2024, los montos observados fluctuaron entre los 3 mil 688 millones de pesos (2019) y el pico de más de 32 mil millones (en 2023). Para llegar a esos resultados de la Cuenta Pública 2024, la ASF realizó 698 auditorías, el número más bajo desde 2019, cuando se practicaron 1 mil 361 (cuando entonces buscaban encontrar anomalías a Enrique Peña Nieto). En contraste, 2023 fue el año con mayor número de revisiones, al sumar 2 mil 369. De esa manera, en el ejercicio 2024, la auditoría con el mayor monto por aclarar fue la 2024-A-30000-19-2006-06-009, que determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 730 millones 64 mil pesos, derivado de irregularidades detectadas en la aplicación de recursos federales. Le siguió la 2024-A-13000-19-1115-03-001, una solicitud de aclaración al Gobierno de Hidalgo por 531 millones de pesos cuya documentación comprobatoria no fue presentada. Para 2023, la ASF identificó aún mayores posibles afectaciones. La auditoría 2023-A-19000-19-1455-03-004 al Gobierno de Nuevo León fue la de mayor monto por aclarar, con 1 mil 354 millones 334 mil pesos. Le siguió la 2023-A-17000-19-1348-03-010, aplicada al Gobierno de Morelos, por 1 mil 151 millones 242 mil pesos, y la 2023-A-15000-19-0917-06-003, que reportó un probable daño por 921 millones 760,000 pesos. Durante el 2022, la mayor observación se registró en la auditoría 2022-A-10000-19-0785-06-002, por un monto de 366 millones 480,000 pesos, seguida por la 2022-A-10000-19-0787-06-003, con 340 millones 431,000 pesos. Por su parte, en 2021, la auditoría más relevante fue la 2021-A-20000-19-1328-06-001, que presumió un daño a la Hacienda Pública por 298 millones 802,000 pesos, seguida por la 2021-6-90T9N-22-0206-06-002, aplicada a Petróleos Mexicanos (Pemex), por 269 millones 139 mil pesos. El ejercicio 2020 también concentró irregularidades relevantes, destacando el caso de Liconsa, S.A. de C.V., con un probable daño al erario por 518 millones 422 mil pesos en la auditoría 2020-2-08VST-23-0330-06-003. Mientras que, para 2019 la auditoría 2019-E-20005-19-1473-06-001 fue la más alta en todo el periodo, con 1 mil 339 millones 164 mil pesos pendientes de aclarar. En el mismo ejercicio se reportaron otros casos relevantes, como el de la auditoría 2019-A-16000-19-0882-06-002, con 307 millones de pesos, y la 2019-6-90T9M-19-0410-06-001, con 282 millones 933 mil pesos.
PERO, SEGURAMENTE, nada pasara. López Obrador seguirá escribiendo sus memorias, según lo dejó entrever antes de retirarse a la vida privada, mientras que Claudia Sheinbaum hará lo propio alabando la honestidad probada de su mentor (¿Cómo es que tienen tiempo de escribir libros con tantos problemas que enfrenta el País no solo en materia económico-financieros sino de seguridad, entre otros?). Como fuera, Claudia relata al iniciar el texto “Diario de una transición histórica”: “Este es el diario de unos de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país, al que he decidido entregarme”, y refiere: “es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que con inteligencia, amor y compromiso con la gente supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino”, aunque gran parte de los Gobernador tengan otros datos.
PERO NO es el único caso de presunta corrupción al interior de la Cuarta Transformación, pues ahora se sabe que, la Auditoria Superior de la Federación detectó un daño patrimonial a la Secretaría de Salud en tiempos de Cuitláhuac García Jiménez por 1 mil 78 millones, y aun así lo premian con un importante cargo Federal, en este caso la dirección del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas). Y esto ocurre a pesar de la protección que le brindaba (y le brinda) Andrés Manuel López Obrador y, ahora, de la Presidenta Claudia Sheinbaum. En ese sentido, la ASF trae en la mira al nefasto ex gobernante, ya que el órgano de vigilancia y auditoria detectó irregularidades en el último año de su gobierno y un daño por más de 1 mil 078 millones de pesos en el manejo de recursos federales de salud. De acuerdo al extenso informe publicado, la Auditoria señala que el gobierno veracruzano presenta violaciones en “transferencias, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicio”, y también alerta en torno a la falta de transparencia, declarando que las cifras reportadas a Hacienda no coinciden con los registros contables del Gobierno Estatal. Las transgresiones se deben, en parte, a contratos irregulares, documentos inexistentes, faltante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de las retenciones y cuotas, entre otros. El ahora titular del Cenegas y gobernador de Veracruz hasta el año pasado, estaría vinculado con contratos millonarios que su gobierno pagó con recursos federales, y no se hizo entrega de evidencia que acredite que los servicios o bienes sí fueron entregados. Entre estos, incluidos los contratos, se encuentran: servicios de limpieza, compra de vehículos y compra de insumos médicos. La ASF declaró en su informe que el gobierno de Cuitláhuac García “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos” y concluye que el Gobierno del Estado de Veracruz, durante el mandato de García Jiménez, “no realizó una gestión eficiente y transparente”, lo que en otros tiempos ameritaría una indagatoria profunda que llevaría al despido del irresponsable o, en el peor de los casos, a purgar una sentencia de cárcel, lo cual no sucederá en esta ocasión, porque en MoReNa, hasta los peores pillos cuando se reconvierten con personados y ungidos.
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OCURRIO RECIENTEMENTE en un municipio de Veracruz, y ahora la historia se repite en Puebla, el segundo Estado peor evaluado de los 32 que integran al País. Y es que en esa Entidad conocida por el camote y su mole, la delegada de la emblemática Secretaría del Bienestar en la microrregión 8 con sede en Libres, Puebla, Anallely López Hernández, se vio precisada a presentar su renuncia por "motivos personales", aunque lo cierto es que, según se ha revelado, estuvo presente el día que detuvieron al líder transportista Nazario Ramírez Ramírez, acusado de nexos con un Cártel de Jalisco. Como fuera, Artemisa García Chávez, secretaria del Bienestar de Puebla la defiende, asegurando que Anallely López Hernández, quien acompañaba al momento de su detención a Nazario Ramírez, renunció desde el pasado miércoles 22 de octubre, pero ese día López Hernández se tomó la foto junto con otras 26 delegadas de la dependencia al participar en la primera reunión que tuvo Artemisa García Chávez luego de ser nombrada titular de esa Secretaría. También la dirigente de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, abogó en su defensa al asegurar que no había investigación en su contra, esto, pese a que en medios de comunicación y redes sociales ya circulaba información sobre la cercana relación de López Hernández con el empresario poblano detenido el 15 de octubre. Su renuncia se da a conocer luego de que este jueves el portal de noticias e-Consulta difundiera parte de la carpeta de investigación sobre el operativo en el que se detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Ramírez Ramírez y a otras dos personas, acusadas de formar parte del CJNG. En ese documento queda expuesto que la delegada de la secretaria del Bienestar de Puebla se encontraba al momento del cateo en la casa en la cual se encontraron además armas y drogas. Pesa en contra de la renunciante el hecho de exhibir, en sus redes sociales, viajes y costosos regalos, entre ellos una camioneta Jeep Wrangler modelo Sahara, que portaba placas de Jalisco. Y es que el empresario poblano Nazario Ramírez, quien además era líder de transportistas adheridos a la CTM en Jalisco, fue identificado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch como operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Vaya caso. OPINA carjesus30@hotmail.com
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