LA INTENSION fue buena, pero emitir la noticia sin previo acuerdo con dirigentes de taxistas que operan en el Estado, resultó un fiasco. Y es que con el anuncio de las nuevas tarifas para transporte público, en su modalidad de taxis, la Gobernadora Rocío Nahle García solo alborotó el avispero, pues más tardó en publicar en la Gaceta Oficial los nuevos cobros por perímetros que van de 27.00, 33.00, 40.00 y 50.00 pesos por dejada, dependiendo la distancia, que los trabajadores del volante declararse en rebeldía, y por más que los amenazó con cancelarles la concesión si no respetaban los nuevos costos, por sus pistones los han ido elevando desconsiderablemente, de tal suerte que si alguien aborda una unidad, desvencijada, por cierto, en la afamada Plaza Américas y pide ser llevado al fraccionamiento El Tejar o, incluso, al residencial Animas, el precio mínimo de la dejada es de 100 y 120 pesos, porque muchas veces los ruleteros no valoran la trecho sino el lugar a donde te llevan. De esa manera, una corrida desde la Central de Autobuses de Xalapa (Caxa) al centro de la ciudad suele costar 100 pesos, y si se trata de un día lluvioso se dejan pedir 120 y hasta 130 pesos, mientras que de plaza Animas al centro el costo es de 90 y 100 pesos. En ese contexto, la amenaza de ser castigados con la cancelación de la concesión se la están pasando por el arco del triunfo, conscientes de dos cosas: la capital del Estado y la Entidad en General carecen de suficiente personal de tránsito, y los que hay, los usan en cadena humana cada esquina cuando va a pasar la Gobernadora en su convoy o algún funcionario de primer nivel o, en el peor de los casos, los llamados “tamarindos”, por el color de uniforme que antaño usaban, se la pasan pegados al celular o en amena charla con sus colegas, pero casi nunca dirigiendo el tránsito citadino. Nadie vigila el cumplimiento de la instrucción de Rocío Nahle, y cuando se les recuerda a los conductores que hay nuevas tarifas, con desparpajo responden: si le parece, si no váyase en urbano.
EL ACUERDO administrativo en materia tarifaria para el servicio de transporte público de pasajeros, en su modalidad de taxi, publicado el lunes 21 de julio de este año y firmado por el contralmirante Alfonso Reyes Garcés, secretario de seguridad pública, no ha pasado de ser una vacilada. Los taxistas no lo están cumpliendo a pesar de que ya entró en vigor, y no obstante la instrucción a la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, a la Dirección General de Transporte del Estado, a la Comandancia de la Policía Vial y a la Dirección General de Asuntos Internos, todas de la Secretaría de Seguridad Pública, para que vigilen el cumplimiento y, en su caso, de conformidad con las leyes en la materia se apliquen las sanciones correspondientes por el incumplimiento del mismo.
Y SI bien la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle ha advertido que retirarán concesiones a los taxistas que no respeten las tarifas oficiales y cobren de más, nadie le hace caso, por lo que la Dirección General de Transporte ha dicho que intervendrá para "meter en cintura" a los taxistas que incrementen ilegalmente las tarifas. En casos más severos, se contempla el retiro de concesiones, pues la medida busca ordenar el servicio de transporte público y asegurar que se cumpla con las tarifas establecidas, pero, que se sepa, nadie ha sido amonestado, y bastaría para que, dé incognito, supervisores o inspectores pidan el servicio de alguna unidad en ciertas plazas comerciales para que se percaten de lo que está sucediendo con el gremio. Y es que si bien el mensaje de Nahle fue muy claro: no hay autorización para aumentar tarifas y se aplicará la ley a quienes no respeten las tarifas establecidas, tal parece que el discurso fue para satisfacer el clamor popular, porque de cumplimiento no hay nada. La gobernadora también mencionó que algunos taxis tienen hasta diez años sin regularización, lo cual es otro aspecto que se atenderá para ordenar el servicio, ya que muchos taxis son verdaderas chatarras. En resumen, la acción de Rocío Nahle busca (o al menos eso suponemos) poner orden en el servicio de taxi en Veracruz, asegurando que se respeten las tarifas oficiales y evitando abusos por parte de los prestadores del servicio, pero, reiteramos, los trabajadores del volante están renuentes a cumplir.
ES EVIDENTE que en MoReNa las decisiones se toman desde la cúpula, y las consultas populares de las que tanto se afanan no pasan de ser una bufonada, pues para regular las tarifas de taxis jamás hubo una reunión con las dirigencias de taxistas que son las que controlan a ese gremio, y al no tener la instrucción de sus jefes, los choferes, simple y llanamente, mandan a volar el acuerdo tarifario ya publicado en el diario oficial del Estado, lo mismo en Xalapa que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Minatitlán y Coatzacoalcos, entre otras regiones. La desobediencia a la instrucción gubernamental pone en evidencia la gobernanza o, en el peor de los casos, hace suponer que el discurso fue para acallar las voces de inconformidad que de tiempo atrás se vienen escuchando como un clamor: taxis en mal estado cuyos choferes cobran lo que les viene en gana, lo que hace necesario el ingreso de plataformas como Uber, Cabify, Mi Taxi y inDrive, que son unidades privadas en buen estado con registro del conductor y botón de emergencia conectado al C5, y en algunos casos como inDrive donde los usuarios pueden negociar la tarifa directamente con el conductor antes de aceptar el viaje. Por lo pronto, los taxistas tradicionales no están obedeciendo la instrucción de la Gobernadora Rocío Nahle pese a la amenaza de cancelarles la concesión.
*****
LA REUNION de La Gobernador Rocío Nahle con los diputados locales del PRI, encabezados por el dirigente Estatal de ese partido, Adolfo “fofo” Ramírez Arana, es lo que debe hacer la mandataria no solo con legisladores del tricolor sino, también, con los del PAN y Movimiento Ciudadano. Su actitud se llama inclusión, cuya acción y efecto permite que todas las personas, sean o no del mismo partido o ideología, se sientan parte y sean valoradas, sin importar sus diferencias. Implica crear entornos donde todos tengan la oportunidad de participar y prosperar, fomentando un sentido de pertenencia. En esencia, la inclusión busca eliminar barreras y promover la igualdad de oportunidades para todos en diversos ámbitos, como la educación, el trabajo, la política y la sociedad en general. Y es que las rivalidades deben ser solo ideológicas, pero el bien común de los veracruzanos debe estar por encima de diferencias de pensamiento. Hay quienes ya advierten que el PRI se convertirá en aliado de MoReNa, y no tendrá nada de malo si eso sucede para aprobar alguna ley o proyecto que a todos beneficie, haciendo a un lado los intereses personales o de grupo o el autoritarismo, que no es otra cosa que un sistema de gobierno o postura donde la autoridad se ejerce de manera centralizada y con poca o ninguna tolerancia a la oposición o disidencia. Nadie desea controles sobre la sociedad, a menudo limitando las libertades individuales y la participación democrática, sino gobiernos incluyentes donde todos tengamos un espacio, incluidos, los periodistas tan vilipendiados por la Cuarta Transformación. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|
