¿QUE DIRAN ahora, desde la cúpula del poder, del cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, acribillado la noche del sábado cuando inauguraba el Festival de las Velas en la plaza principal de esa ciudad? Seguramente que llegaran hasta las últimas consecuencias, que ese crimen no quedará impune, que caiga quien caiga se hará justicia, y una serie de sandeces que no devolverán la vida al valiente y fallido munícipe que declaró la guerra a la delincuencia organizada, y que México ya lo veía como una esperanza. Duele, por supuesto que duele cuando se mata a mansalva a un valiente, porque duele ver como se sigue desangrando México. Carlos Manzo, a quien llamaban el “Bukele” mexicano, se erigía como una promesa que crecía, y aunque traía escoltas, la agresión fue directa en pleno centro de la ciudad cuando inauguraba el Festival de las Velas en la plaza principal. En los hechos resultó lesionado el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un escolta del munícipe. Los primeros informes refieren que al iniciar ese evento y entre miles de personas, dos sujetos armados le dispararon, y al repeler el ataque, el cuerpo de seguridad y elementos policiales, hirieron a uno de los agresores que, murió en el trayecto al hospital, y detuvieron a otros dos más que mucho tendrán que decir en torno a los hechos, aunque si fuera un crimen de Estado tan vez nunca se conozca la verdad. Descanse en paz un valiente que quiso transformar la realidad de esta sangrienta Nación. A ver si no le echan la culpa a Felipe Calderón…
*****
DE ACUERDO con el sistema de justicia penal mexicano, el hecho de que se una persona esté vinculada a proceso no significa que sea culpable. La vinculación es solo el inicio formal de un procedimiento penal, el cual establece la existencia de datos de prueba suficientes para presumir que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y que hay probabilidad de que el imputado participó en él, lo que permite continuar con la investigación formalizada. Sin embargo, el principio fundamental que rige el proceso es la presunción de inocencia, lo que implica que corresponde al Ministerio Público (o Fiscalía) la obligación de probar la culpabilidad del imputado, ya que el acusado no tiene que demostrar su inocencia. Sin embargo, la culpabilidad de una persona solo puede ser establecida mediante una sentencia emitida por un Tribunal independiente e imparcial, tras un juicio oral donde se desahogan pruebas y se permite la defensa adecuada. Si al final del proceso, en la etapa de juicio oral, el Ministerio Público no logra demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, el juez debe dictar una sentencia absolutoria, y la persona será puesta en libertad. Y eso fue, precisamente, lo que sucedió a José Manuel del Río Virgen aquel 28 de diciembre de 2021 –tras su detención el 22 de ese mismo mes y año por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar-; el entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado fue vinculado a proceso, pero el 17 de junio de 2022 quedó libre al no haber pruebas que lo vincularan en el crimen, por lo que, días más tarde retomó su puesto en la Jucopo –sin ningún antecedente penal-, asegurando tras su liberación que, el entonces Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez lo tuvo secuestrado durante seis meses. En resumen, en este como en otros casos, la ley garantizó que nadie puede ser considerado culpable hasta que así se determine en una sentencia definitiva, y la falta de pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad resultó en la liberación del acusado.
POR ESO causa extrañeza que la Gobernadora Rocío Nahle, que requiere urgentemente de un asesor jurídico, rechace la posibilidad de que el exsecretario técnico del Senado y actual director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), José Manuel del Río Virgen, sea considerado para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (donde ya ejerce un cargo importante desde Febrero de 2025). Nahle recordó, en un afán de afectar la honorabilidad de Del Río que, “estuvo en la cárcel por vínculos con la delincuencia organizada”, algo que resulta atrevido y hasta temerario, ya que el vinculado, en ese tiempo, fue absuelto de cualquier delito tras su detención en 2021, además de que es, actualmente, funcionario de la Auditoria Superior de la Federación. No satisfecha con lo anterior, la mandataria que no se deja asesorar por nadie y, por el contrario, regaña y sobaja públicamente a sus colaboradores, se pregunta: “¿Cómo va a ser –titular de la ASF de la Cámara Federal de Diputados- si estuvo en la cárcel por vínculos con la delincuencia organizada? Parto de ahí”, señala en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, al referirse a las versiones que circulan sobre el inminente ascenso del cordobés adoptado por el totonacapan.
Y ES que el nombre de José Manuel del Río suena fuerte para ser el próximo Auditor Superior de la Federación dada su experiencia laboral desde 1979, cuando fungió, inicialmente, en el Poder Judicial de la Federación como Secretario de Finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores, luego en 1982 pasó a ocupar la Dirección de Proyectos Financieros de la Secretaría de Pesca, además de la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos, y desde entonces una serie de puestos administrativos lo mismo en el Instituto Nacional del Consumidor, en DICONSA, en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; ha sido Director general de Administración y Coordinador de asesores en el ISSSTE, funcionario en el Instituto Nacional Electoral, dirigente partidista, alcalde de Tecolutla, diputado Federal, además de secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Es economista egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Maestro en Ciencias Administrativas, y Doctor en Ciencias de la Administración y de la Educación. Se le otorgó la medalla de oro Lázaro Cárdenas, que es el máximo reconocimiento existente en la comunidad del IPN de México, además de ser autor de diversos libros, dentro de los que destacan: "Los Economistas en las Finanzas Públicas" y "Competencia Económica. Un Modelo Institucional.
ESTA CLARO que la difamación cometida por un servidor público puede dar lugar a consecuencias tanto en el ámbito civil (daño moral) como administrativo y, dependiendo de la legislación local y las circunstancias, penal, ya que implica atribuir falsamente a una persona hechos o conductas que dañan su honor, reputación o imagen pública. En México, la difamación generalmente se aborda a través del derecho civil (reparación del daño moral), ya que el delito ha sido despenalizado en muchos estados, aunque las particularidades pueden variar según el código penal de cada entidad federativa. El hecho de que quien difama sea un servidor público puede considerarse un agravante, especialmente si utiliza recursos públicos o su posición de poder para amplificar la difamación, y en ese tenor, Del Río Virgen, hasta donde se sabe, analiza la posibilidad de denunciar a la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle ha partir de su postura: “¿Cómo va a ser –del Río Virgen titular de la ASF de la Cámara Federal de Diputados- si estuvo en la cárcel por vínculos con la delincuencia organizada? Parto de ahí”. Y es que el aludido no estuvo en la cárcel por delincuencia organizada sino por un presunto delito que no cometió y, por lo tanto, fue absuelto.
INSISTIMOS, LA titular del Ejecutivo Estatal debe ser un ejemplo del respeto a la ley, y no de la difamación mediante el uso del poder público, porque en última instancia, no es la Fiscal del Estado –que para eso existe esa instancia-. Su función son hacer cumplir la Constitución y las leyes federales y estatales, promulgar y ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso, y velar por la seguridad, salud y bienestar de la población. Otras responsabilidades clave incluyen la administración del Poder Ejecutivo, la promoción del desarrollo social y la coordinación con otros niveles de gobierno, pero en ningún párrafo se establece que debe confrontarse –sin pruebas o sustento jurídico- con sus adversarios, por solo ser la Gobernadora. Alguien, por lo tanto, debe aconsejar a Rocío Nahle para evitarle el ridículo por desconocimiento de lo que establecen las leyes que nos rigen…OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|
