AHORA QUE un sujeto –ya detenido y denunciado- acosó lascivamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum cuando se dirigía, ¿caminando?, a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, frente a la plaza de Santo Domingo, se revivió un tema que se repite constantemente en todos los órdenes de Gobierno: “servidores públicos que abusan de su poder acodando a empleados y empleadas y han quedado sin castigo o, incluso, en las calles donde, cada día, en promedio, cuatro mujeres presentan denuncias por acoso sexual ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras que a nivel nacional, de acuerdo a un reporte de 2024, de enero a octubre se registraron más de 10 mil denuncias en aproximadamente 304 días, lo que resultaría en un promedio aproximado de 33 denuncias por día en ese periodo. El tema es grave porque a pesar de las carpetas abiertas, ha habido muy poca respuesta de las autoridades pese a que el ilícito ha ido creciendo, pues de acuerdo a reportes de la misma Fiscalía capitalina, de enero de 2019 a septiembre de 2025 las denuncias pasaron de 693 a 1 mil 194, lo que representa un aumento del 72 por ciento. El 2023 registró el número más alto en los últimos siete años con 1 mil 357 carpetas de investigación. Ahora, enfocando el tema a Veracruz, el acoso sexual en las instancias de gobierno del Estado es un problema reconocido, y aunque las autoridades han implementado protocolos de "cero tolerancias" para su prevención, atención y sanción, hay reportes y casos públicos de servidoras y servidores que no han sido atendidos, por el contrario, los autores son premiados ya sea con la titularidad del Instituto Veracruzano de la Vivienda, una Senaduría, diputaciones locales y Federales y hasta alcaldías. En ese sentido, diversas secretarías y entidades del gobierno de Veracruz, como la de Seguridad Pública (SSP), Desarrollo Social (SEDESOL) y Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), por solo mencionar algunas, han emitido pronunciamientos y adoptado protocolos para erradicar el hostigamiento y acoso sexual, estableciendo principios como la confidencialidad, la no revictimización y la prohibición de represalias, pero con todo y eso, Veracruz se ubica en el quinto lugar a nivel nacional con más casos de acoso sexual reportados en periodos recientes. En enero de 2023, se informó que el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) investigaba 104 expedientes contra servidores públicos por acoso sexual, y se han hecho públicas denuncias específicas. Por ejemplo, en mayo de 2024, un hombre transgénero que trabajaba en la SSP denunció actos de discriminación, acoso laboral y de género. También ha habido huelgas y protestas por parte de trabajadores del sector salud denunciando acoso y hostigamiento laboral por parte de directivos.
AHORA BIEN, a propósito del asunto inherente a Sheinbaum, en Veracruz hay un caso que pareciera estar encubriéndose, y es la denuncias contra el secretario particular de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente por acoso sexual, hostigamiento e intimidación. La querella ha sido presentada por trabajadores de la Sedema, al ser víctimas de acoso sexual, hostigamiento e intimidación por parte de Julio César Sánchez Baltierrez, quien se desempeña como secretario particular de la titular de la dependencia, Luz María Zaleta Mendoza. Según el testimonio de uno de los afectados, la situación ha generado un ambiente laboral insostenible. “Con temor, pero también con la necesidad de conservar mi dignidad”, expresó el denunciante, quien pidió mantener el anonimato por seguridad. El aludido –cuyo nombre se omite por razones obvias-, dice ser “víctima de acoso sexual, hostigamiento e intimidación de parte de este servidor público”, y describió que Sánchez Baltierrez presume ser sacerdote, contar con maestría y doctorado en Psicología, y tener una relación cercana con la gobernadora Rocío Nahle García, así como con su familia. Esta cercanía, según se comenta entre el personal, le habría permitido actuar con impunidad, pese a denuncias internas y reportes sobre su conducta inapropiada. “Los señalamientos son minimizados o desestimados por su influencia dentro de la institución”, se indica en el escrito, por lo que el denunciante decidió acudir a los medios para hacer visible la situación. “Alzo mi voz no solo por mí, sino por todos los jóvenes profesionistas que ingresamos al servicio público con la esperanza de contribuir al bienestar social, y que nos encontramos con figuras que abusan de su poder, utilizando el miedo y la necesidad como herramientas de sometimiento. Hoy hablo en nombre de quienes callan, porque la dignidad no debe perderse por conservar un empleo”, expresa.
LO CIERTO es que varios funcionarios incrustados en el Gobierno Estatal enfrentaban denuncias por acoso y hostigamiento sexual, pero sospechosamente, han sido perdonados y premiados. De acuerdo a las estadísticas generales, la Contraloría General del Estado ha informado de un elevado número de denuncias: tan solo en el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez se acumularon 331 denuncias por acoso y hostigamiento sexual en la administración estatal. En marzo de 2023, la entonces contralora, Mercedes Santoyo Domínguez, informó que había 170 denuncias en investigación contra trabajadores de diversas dependencias, siendo las secretarías de Seguridad Pública, Educación y Salud las que concentraban la mayoría de los casos. A pesar del alto número de denuncias, en noviembre de 2024 se reportó que solo en 12 casos se había comprobado la responsabilidad administrativa.
Y SOLO para dejar referencia, algunos casos de funcionarios denunciados, y que han sido públicos, son, entre otros, Sebastián Cano (Regidor de Morena en el ayuntamiento de Veracruz) quien enfrentó múltiples señalamientos (hasta 16) por acoso y abuso sexual, con varias denuncias formalizadas ante la Fiscalía General del Estado. Esos señalamientos provocaron que regidoras de varias facciones políticas se negaran a trabajar con él y abandonaran sesiones de cabildo en protesta por su impunidad. Quintín Antar Dovarganes Escandón (Consejero del Organismo Público Local Electoral - OPLE de Veracruz): El Instituto Nacional Electoral (INE) amplió las investigaciones en su contra por una denuncia de hostigamiento sexual y laboral presentada por una trabajadora del organismo. Contra Daniel Vargas Santes (Subdelegado médico del ISSSTE Veracruz) una trabajadora presentó denuncia formal por acoso sexual en su contra. En contra de Hazael Flores Castro (Director del Instituto Veracruzano de Vivienda - INVIVIENDA), una trabajadora de su área presentó una denuncia en su contra por acoso y hostigamiento sexual, y que decir del actual titular de la dependencia, José Manuel Pozos del Ángel, nombrado para ese cargo por la, entonces, gobernadora electa Rocío Nahle en septiembre de 2024, pese a enfrentar denuncia por acoso sexual cuando se desempeñó como Subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado. En fin, el tema es nuevo, y han sido los gobiernos de MoReNa quienes caen en complicidades al dar trabajo a los acosadores, en vez de castigarlos, volviéndose cómplice de esos criminales.
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DICE EL senador del PAN y exsecretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que la intervención del Ejército en Michoacán al inicio del gobierno de Felipe Calderón, fue solicitada formalmente por él, entonces, gobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien reconoció que ya no podía controlar la violencia en el estado, y que no fue una decisión unilateral del ex Presidente panista como ahora acusa la Presidenta Claudia Sheinbaum para sacarse el bulto de Uruapan. “Yo recibí ese escrito en donde el gobernador Cárdenas Batel lo pide, y entonces se le auxilia con el Ejército. En el texto señalaba que no podía ya controlar la inseguridad, que tenía que darle seguridad a los michoacanos y que pedía la ayuda del gobierno de la República para apoyarlo con el Ejército”. Alguien debe asesorar a la Presidenta para evitar más yerros que la dejan mal parada en su “guerra” contra Felipe Calderón. OPINA carjesus30@hotmail.com
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