CUANDO CREIA tener medio cuerpo fuera de su celda en el reclusorio Norte de la ciudad de México, donde ha permanecido enclaustrado poco más de ocho años por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa –este último delito modificado ya que inicialmente se le acusaba de delincuencia organizada-, la jueza federal de ejecución de la ciudad de México, Ángela Zamorano Herrera aplazó la decisión en torno a la libertad anticipada de Javier Duarte de Ochoa –para el 19 de este mes-, luego de que la audiencia se adelantara un día, esto es, para el martes 11 de noviembre, cuando la defensa del ex gobernador entrevistó a funcionarios del centro penitenciario y del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del gobierno federal, con la finalidad de que su cliente recupere la libertad, algo que finalmente no fue posible. Y como en política y en procesos judiciales no hay casualidades sino causalidades, hay quienes aseguran que el aplazamiento lleva implícito “algún detalle” relacionado con desapariciones forzadas y casos de tortura cometidos por el gobierno de Duarte de Ochoa, delitos que si bien, inicialmente, libró el ex mandatario, la Fiscalía General del Estado impugnó y acaso por ello la jueza decidió demorar o posponer la audiencia del martes 11 para el miércoles 19 de este mes debido, entre otras cosas, a que tres de los seis testigos que ofreció la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentran comisionados y regresarán a sus actividades el viernes 14 de noviembre. Por lo pronto, la defensa del ex gobernador, encabezada por Pablo Campuzano, interrogó durante nueve horas con 45 minutos a los cinco testigos que propusieron. Se trata de Leticia Garnica González y Francisco Morales Salud, directora jurídica y director de apoyo técnico, ambos del reclusorio Norte, quienes comparecieron tres horas cada uno solo para certificar que los reportes que hay sobre Javier Duarte, particularmente sobre buena conducta, además de que cumplió con el plan de actividades de reinserción social.
LA REALIDAD es que minutos antes de la comparecencia del quinto testigo de la defensa, el fiscal de FGR pidió a la jueza aplazar la audiencia porque, aseguró, recibió un oficio de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de Veracruz, la cual le informó que los tres funcionarios de los que solicitó su presencia están de comisión, y acaso son el punto clave para que se extienda la permanencia de Duarte en prisión. Por lo demás, el subdirector de custodia y seguridad del Reclusorio Norte, Daniel de Nazaret Espinosa mencionó que en 2019 y 2020 Javier Duarte tuvo dos faltas porque le encontraron cuatro latas con alcohol, un Blu-ray modificado como módem de banda ancha, además de un bolígrafo con cámara con las que grababa conversaciones, pese a que Osvaldo González Rojas, quien fue encargado de la Subdirección de Seguridad del Reno y hoy se encuentra adscrito a la penitenciaría de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, aseguró que firmó dos oficios en octubre de 2024 y octubre de 2025, donde dejó constancia que Javier Duarte no ha enfrentado una sanción en los últimos meses. No obstante, durante el contra interrogatorio, el fiscal Manuel Granados preguntó al ex subdirector si tenía conocimiento de que a Javier le encontraron cuatro “latas de alcohol” en 2019. El testigo dijo que Javier Duarte no incurrió en faltas durante el año tres meses que él estuvo a cargo en el reclusorio. Sin embargo, el fiscal volvió a insistir y le cuestionó que si no estaba enterado de que el ex gobernador fue sancionado en 2019, 2020 y 2022, porque renunció a asistir a las audiencias ante un juez de control, asegurando que a Duarte de Ochoa también se le encontró una pluma con cámara para grabar, “banda ancha de internet” y teléfono celular, lo cual está prohibido para los reos. También Granados Quirós preguntó al ex subdirector si las camas con base de madera y los colchones ortopédicos estaban permitidas en el reclusorio, ya que el recluso goza de esas comodidades.
COMO BIEN se sabe, el 26 de septiembre de 2018, Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, pero la defensa del ex mandatario argumenta que su cliente ya cumplió con el 95 por ciento de su sentencia, además de que las autoridades penitenciarias han certificado su buena conducta, aun cuando el porteño avecindado cordobés tiene muchos pendientes con una sociedad a la que agravió de muchas formas, incluso, por desaparición forzada de personas, según los colectivos de madres buscadoras. Aún se recuerda como el 6 de diciembre de 2021, la Fiscalía Estatal libró una orden de aprehensión contra Javier Duarte por desaparición forzada en Veracruz, lo que para las buscadoras del colectivo solecito “fue el mejor regalo de navidad”. Fue la tarde del lunes, 6 de diciembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que aplicó una orden de aprehensión por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas contra Javier Duarte, internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la que se deriva de una investigación abierta por el ocultamiento de 13 de 19 cuerpos hallados en enero de 2016 en la barranca de La Aurora, una zona boscosa cerca de Xalapa, en el municipio de Emiliano Zapata y a menos de cuatro kilómetros de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, de la Policía Estatal de Veracruz, pero el gozo duró poco ya que el 16 noviembre de 2024, un juez dejó sin efecto la acusación por desaparición que pesa contra el ex gobernador, lo que derivó en la libertad anticipada pese a que fue condenado a prisión hasta 2026. No obstante, la Fiscalía General del Estado impugnó esa resolución, y en eso se encuentra, actualmente, el proceso, y quizá por ello Duarte seguirá en la cárcel, aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum ya lo exoneró y lo más probable es que el miércoles recobre la libertad. Así se simple es la ley cuando se aplica por decreto presidencial.
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ES DOLOROSO admitirlo, pero Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en embarazo infantil, con 621 nacimientos registrados en menores de entre 10 y 14 años según datos actualizados al 2025 del Colectivo Equifonía. Y aunque la cifra parece solo un número, cada caso representa una historia de vulneración y violencia, ya que en la mayoría de los hechos, el agresor es un adulto con relación de confianza o parentesco con la víctima, lo que convierte el fenómeno en un reflejo directo de abuso sexual y falta de justicia. Hay por lo menos diez municipios veracruzanos donde los índices son alarmantes: Altotonga, Coscomatepec, Córdoba, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla, Perote, Papantla, Xalapa y el puerto de Veracruz, regiones en las que confluyen factores como pobreza, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y deficiencias en la educación sexual integral. Lo grave es que la combinación ha creado un círculo que perpetúa la desigualdad y la violencia de género, pues de acuerdo a Equifonía, aunque la ley permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación o riesgo para la salud, menos del 2% de las niñas embarazadas pudieron acceder a este derecho. En ese tenor, Veracruz enfrenta una crisis silenciosa puesto que, la mayoría de esos nacimientos engrosa los círculos de pobreza que alimentan, en muchos casos a la delincuencia organizada que se aprovecha de semejantes parvedades. Lo peor es que nadie hace nada para revertir ese problema que se agiganta lejos de amainarse, esto debido a la falta de recursos, coordinación institucional y perspectiva de género en las políticas públicas. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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