¿QUIÉN O quiénes le están haciendo el trabajo sucio al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y al Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado? ¿Quiénes están detrás del levantamiento de veracruzanos sustraídos de sus viviendas, y a los pocos días ejecutados y arrojados a la intemperie con cartulinas donde se exhiben leyendas como: “esto le va a pasar a secuestradores, extorsionadores, asaltantes o rateros”?. Y es que de pronto se han acrecentado nuevamente las desapariciones forzadas, algunas, aparentemente cometidas por presuntos elementos de la policía Estatal o municipales, como ha estado ocurriendo, recientemente, en la zona centro, donde siete comerciantes fueron desaparecidos en Ixtaczoquitlán tras ser detenidos por elementos de seguridad, según la denuncia de familiares, pero que no aparecen en ninguna delegación policiaca u hospital, lo que ya preocupa a muchas personas, más aun cuando la noche del miércoles otras dos personas desaparecieron en la colonia Loma Linda municipio de Paso del Macho, luego de que supuestos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, delegación Fortín, los detuvieron casi a la medianoche, siendo llevados (José María Rodríguez Chacón e Iván Ulises Gaytán Galván) por las unidades 3034 y 1571 con rumbo desconocido. Lo peor es que las familias de ambos se movilizaron horas después tanto a Paso del Macho como a Fortín, y la versión policiaca es que no los tienen detenidos, lo que presupone dos cosas: o fueron llevados por falsos policías en patrullas clonadas o, simple y llanamente, se trata de otro caso de desaparición forzada de personas, como tantas otras que han ocurrido en el Estado, sobre todo en el infausto Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, cuando la policía era usada para esas tareas, y acaso por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió, recientemente, al Gobierno de Veracruz la Recomendación 24VG/2019 por violaciones graves a derechos humanos, debido a la desaparición forzada de ocho policías municipales del municipio de Úrsulo Galván ocurrida el 11 de Enero de 2013, atribuible a 15 agentes del entonces denominado “Grupo Tajín” de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Veracruz (SSPV), así como a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas.
Y ES que desapariciones y fosas clandestinas han sido las marcas de la violencia en Veracruz desde tiempos del inefable Javier Duarte de Ochoa, y como parte de ellos fueron “levantados” en aquel infame sexenio periodistas incómodos que, posteriormente, aparecían muertos, destazados, molidos en máquinas de café o golpeados casi hasta la muerte -cuando se trataba de solo enviar un mensaje oprobioso a los medios para que le “bajaran”-. A un servidor le advirtieron mientras le cortaban cartucho en el oído derecho: “ahora, en lo sucesivo, vas a escribir de sociales hij…de tu p…m…, mientras una lluvia de golpes se abatía en la humanidad, pero otros no la libraron. Fueron 18 asesinatos en esa administración cuyo titular decía ser admirador del dictador español Francisco Franco, y en ese tenor, tácitamente, ejerció como el personaje contra sus presuntos enemigos, a tal grado que muchos dejaron el Estado y otros fueron desaparecidos sin que se sepa a la fecha su paradero. Era un Gobierno como el que impuso en su momento en la zona centro aquel violento cacique –alguna vez al servicio del Estado- Toribio “El Toro” Gargallo, quien solía arrojar a sus víctimas a pozos artesianos donde años después fueron encontrados luego de que en el Gobierno de Dante Alfonso Delgado Rannauro lo abatieron. Las notas de aquel tiempo registraron alrededor de 350 cadáveres u osamentas en esos espacios, lo que marcó toda una época de terror finalmente terminada por dos policías de reconocida trayectoria a quienes la ingratitud gubernamental no reconoció su esfuerzo: Antonio Rodríguez Hodgkin, ya fallecido, y Norberto Portillo Morales, algún tiempo procesado por la maldad de grupos delincuenciales y absuelto al comprobarse su inocencia.
EN SEPTIEMBRE del año pasado, el entonces, Fiscal General del Estado –destronado por un capricho del Gobernador García Jiménez y del Secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos-, reveló el hallazgo de 32 fosas clandestinas donde localizaron los restos de al menos 166 personas, las cuales habrían sido inhumadas de manera clandestina, aunque ese descubrimiento no era el único, pues de acuerdo al propio, ahora ex Fiscal, se habían localizado previamente 343 fosas clandestinas en 44 municipios veracruzanos, además de que investigaban 3 mil 600 casos de personas desaparecidas, todos ellos ocurridos durante la fatídica administración de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), lo que fue reforzado por la, entonces, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quien habría dicho que sumaban 1 mil 150 fosas de este tipo en el País, aunque lo difícil sería identificar los cuerpos como hasta el momento.
EN LA zona centro esa práctica ha sido común, y no conoce edades. Hay en la región decenas de jóvenes –hombres y mujeres- que tras desaparecer jamás han vuelto al seno familiar. Dicen expertos que algunos grupos delincuenciales, cuando una joven les gusta la mandan a secuestrar, y tras abusar de ella pasan a formar parte de la “industria” de la explotación sexual en otros Estados, sobre todo del Norte del País o, incluso, en la ciudad de México, y cuando alguna se rebela la matan. El asunto es más que serio, y acaso el colectivo Solecito integrado por madres de desaparecidos es de los pocos que se ha dedicado a evidenciar lo gigantesco del problema, y gracias a su esfuerzo se han logrado encontrar más de 120 fosas en el área de Colinas de Santa Fe, donde hallaron cerca de 300 cadáveres y más de 1 mil restos óseos.
POR LO pronto decenas de personas se manifestaron este jueves en la zona centro y bloquearon desde las 10:00 de la mañana la carretera Ciudad Mendoza-Orizaba -a la altura de Nogales- para exigir la aparición con vida de Daniel García Reyes, Joel Reyes Flores, Ricardo Montesinos, Humberto Gil García, Luisa Carrera Valdez, Jorge Reyes Flores y Jorge Enrique Alducin, todos ellos desaparecidos desde el sábado 26 de Octubre tras ser detenidos, indebidamente, por elementos policiacos. Tal vez en este, como en otros casos, el afamado “cobro de piso” no pagado sea la causa de la privación ilegal de la libertad y entrega a la delincuencia –como ya se ha visto en otros casos-, pero el problema continúa en muchas partes en contra de todo tipo de comerciantes. El miércoles, por ejemplo, en Tierra Blanca fue “levantado” el empresario y propietario de la Funeraria San Ángel, el estimado Salvador Uscanga Covarrubias, un hombre dedicado al trabajo, estimado entre la población y de familia buena, y este jueves su cuerpo fue encontrado tirado a un costado de la carretera que comunica a los Estados de Oaxaca y Veracruz, en el tramo conocido como La Granja, municipio de Tres Valles. Y uno se pregunta: ¿tiene algo de qué sentirse orgulloso el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que a falta de resultados, se dedica a la rumba y el guaguancó maquillándose el rostro, ridículamente, de calavera (como si se burlara de los miles de muertos en el Estado), junto con su execrable Secretario de Gobierno que personifica al “Tío Lucas” –de la familia Addams-, en vez de abocarse a resolver los grandes conflictos de inseguridad del Estado? Sin duda, una cosa son los discursos y otra la realidad que agobia y agravia, y que ellos no perciben rodeados de medio centenar de guardaespaldas para evitar ser molestados o agredidos. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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