DE ACUERDO al Artículo 83 de la Constitución que rige los destinos del País: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”. Paralelamente, el Artículo 97 de la misma Carta Magna establece: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. Pero rememorando la frase del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere a sus antecesores: ¡eso era antes!, y en efecto, eso se acabó, ya que mediante un transitorio agregado al final de la reforma a la Ley del Poder Judicial, los senadores de MoReNa acordaron alargar dos años más el periodo de Arturo Saldívar Lelo de Larrea, en lo que podría ser un acto encubierto de complicidad peligrosa, esto es, primero el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se amplía su periodo y su mandato con el aval de López Obrador y luego, si se le ocurre al Presidente de la República, también ampliárselo “si la gente lo quiere” (tras una de más de las burdas encuestas patito que acostumbra el tabasqueño) o si los legisladores (de MoReNa y sus aliados) lo demandan en caso de volver a ser mayoría. Por ello, para el dirigente nacional panista Marko Cortez Mendoza, “se trata de un hecho peligroso y preocupante”.
ANTE SEMEJANTE arbitrariedad que rechaza, incluso, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el PAN presentará una acción de inconstitucionalidad si la Cámara de Diputados refrenda la ampliación de 4 a 6 años el mandato del presidente de la Corte, a quien los propios integrantes del Poder Judicial ya le pidieron rechazar dicha extensión porque puede sentar un precedente a futuro, lo mismo que a los integrantes de la Cámara Baja. Y es que la acción estaría en concordancia con los Gobiernos de Bolivia, donde el Artículo 87 señala que: “El mandato improrrogable del Presidente de la República es de cinco años. El Presidente puede ser reelecto por una sola vez después de transcurrido cuando menos un Periodo Constitucional. El mandato improrrogable del Vicepresidente es también de cinco años. El Vicepresidente no puede ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República en el Periodo siguiente al que ejerció su mandato” y, sin embargo, Evo Morales se mantuvo al frente de la presidencia desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019 cuando fue depuesto.
OTRO CASO al que buscaría emular López Obrador en el 2024, en caso de una ocurrencia semejante a la ordenada para la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Venezuela, donde el Artículo 230 es muy claro al señalar que: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional (una sola vez), pero tras asumir la Presidencia de aquella Nación para el periodo 2013-2019, decidió reelegirse para seguir ejerciendo el mando entre 2019-2025, este último con reconocimiento parcial de su mandato, y lo más probable es que continúe después de 2025. Otro caso es el de Nicaragua, cuya constitución establece en su Artículo 148 que: El Presidente y Vicepresidente de la República electos tomarán posesión de sus cargos ante la Asamblea Nacional, en sesión solemne, y prestarán la promesa de ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional. El Presidente y Vicepresidente ejercerán sus funciones por un período de cinco años, que se contarán a partir de su toma de posesión el día diez de enero del año siguiente de la elección. Dentro de este período gozarán de inmunidad, de conformidad con la ley. El Presidente de la República tiene derecho a dos mandatos constitucionales (pero tras las reformas constitucionales ordenadas por Daniel Ortega, ahora tiene derecho a reelección indefinida). De hecho, Ortega se encuentra al frente del Gobierno de Nicaragua desde el 10 de Enero de 2007 (14 años ininterrumpidos) y líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Antes ya había ejercido su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990, convirtiéndose en el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo, ya que en la actualidad transcurre su tercer periodo, que culminará en 2022, sumándose 15 años en tres mandatos desde su retorno al poder en 2007.
POR ELLO, para Marko Cortés, dirigente nacional del blanquiazul como para magistrados y jueces, la Constitución es muy clara en su artículo 97, el cual dice que el presidente de la Corte lo será sólo por cuatro años, y no se puede reelegir ni prorrogar, porque se trata de un mandato constitucional que el Presidente López Obrador se pasa por el arco del triunfo, emulando ya a los dictadores de latinoamericanos, incluidos Cuba, donde los Castro Ruz (Fidel y Raúl) ejercieron el mando supremo por más de 50 años, hasta ahora que el fuego ya les llegó a los aparejos y buscan la reconciliación respetuosa de la Isla con Estados Unidos, y a cambio el último de los Ruz decidió renunciar a la dirigencia del partico comunista y a cualquier función de Gobierno.
Y ES que no le falta razón al panista cuando supone que, con la extensión de la gestión de Arturo Zaldívar, lo que se quiere hacer es darle a la Corte “la manzana envenenada. Primero tú Corte amplía el mandato para que luego no tengas argumentos jurídicos para negar la ampliación de mandato del Presidente de la República”, postura que, señala, “es inaceptable y no lo vamos a permitir”, aunque no hay que olvidar que al igual que en Venezuela, Maduro se ganó primero a las fuerzas armadas y apoyados por estas busca perpetuarse en el poder, y en México, si hay una instancia beneficiada por el Presidente AMLO, estas son las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.
EN FIN, el tema dará para mucho más, ya que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), reiteran su convicción “en el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales, a la democracia deliberativa y a las formalidades del procedimiento parlamentario” por lo que “hace votos para que la Cámara de Diputados corrija una evidente transgresión constitucional”, y que el magistrado Presidente de la Corte no acepte la tentación de la ampliación del periodo. A ver que pasa. OPINA carjesus30@hotmail.com
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