La propuesta presentada por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es un simple ajuste administrativo. Es una modificación estructural que altera la manera en que el voto ciudadano se traduce en poder político real. Y cuando se toca esa ecuación —voto igual a representación— lo que está en juego no es un presupuesto: es el equilibrio mismo del sistema democrático.
Nos dicen que la reforma busca “ahorrar” y “democratizar”. La narrativa es simple, atractiva y políticamente rentable. Pero detrás de esa consigna se esconde una transformación profunda en la ingeniería electoral. No es una discusión contable. Es una discusión de poder. Porque cuando cambian las reglas de asignación de curules, cambia la correlación de fuerzas dentro del Congreso.
Si los segundos lugares se convierten en curules bajo el argumento de reconocer a los “mejores perdedores”, el partido dominante puede ganar incluso cuando pierde. Esa es la paradoja. La representación proporcional nació para equilibrar mayorías, no para premiar a quien quedó a punto de consolidar su hegemonía. Alterar ese diseño no es un detalle técnico: es una decisión política con consecuencias estructurales.
Quitar los plurinominales como estaban concebidos originalmente no es una simplificación administrativa; es una redefinición del pluralismo. La representación proporcional se creó para que las minorías existieran, para que las voces pequeñas tuvieran espacio institucional. Si la nueva fórmula favorece sistemáticamente a quien queda segundo —y casi siempre se trata de los partidos grandes— el pluralismo se adelgaza. Menos voces significan menos contrapesos.
La reducción del 25% al presupuesto del Instituto Nacional Electoral no es un simple acto de austeridad republicana. Es un recorte al árbitro. Y cuando el árbitro tiene menos recursos, menos capacidad operativa y menos margen técnico, la cancha deja de ser pareja. Un árbitro debilitado no fortalece la democracia; la expone.
El argumento de que “nadie debe ganar más que la Presidenta” puede ser popular, pero la democracia no se sostiene con comparaciones salariales, sino con instituciones sólidas. Recortar por consigna política puede sonar justo, pero puede tener efectos acumulativos en profesionalización, vigilancia y fiscalización.
Si se reducen tiempos oficiales en radio y televisión y se disminuye el financiamiento público, compite mejor quien ya domina la cancha mediática, quien ya tiene estructura territorial y quien ya controla narrativa.
La austeridad no impacta igual a todos. En política, la reducción de recursos suele golpear más a quienes menos tienen.
La eventual eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) añade otra capa de preocupación. El PREP no otorga resultados definitivos, pero cumple una función de transparencia inmediata. Quitar esa herramienta bajo el argumento de eficiencia puede generar vacíos informativos peligrosos en un país con antecedentes de desconfianza electoral.
Sustituirlo por cómputos distritales iniciados la misma noche no necesariamente garantiza mayor certeza; puede concentrar la narrativa informativa en un solo canal oficial. La pluralidad de mecanismos preliminares ha sido un dique contra la especulación y la incertidumbre.
La regulación de inteligencia artificial y la prohibición de bots responde a una problemática real. Los deepfakes y la manipulación digital existen. Pero otorgar facultades amplias para suspender campañas digitales exige criterios claros y controles estrictos. De lo contrario, la regulación puede deslizarse hacia la discrecionalidad.
Prohibir la clonación de voz e imagen es necesario, pero debe hacerse con marcos técnicos robustos. Si el Ejecutivo impulsa la reforma y al mismo tiempo fortalece facultades regulatorias en contextos electorales, el equilibrio entre libertad y control se vuelve delicado.
La ampliación de mecanismos de democracia participativa suena progresista, pero la experiencia reciente muestra que estas figuras pueden convertirse en instrumentos de legitimación política del poder en turno, más que en ejercicios auténticos de deliberación ciudadana.
La prohibición del nepotismo y de la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030 apela a principios históricos. Sin embargo, también desmantela parcialmente el modelo de rendición de cuentas basado en la continuidad.
La reelección inmediata, bien regulada, permite premiar o castigar desempeño. Eliminarla por completo reabre un debate que ya se había saldado institucionalmente.
Como ciudadano, lo que está en juego no es el “costo” de la elección, sino el equilibrio del sistema. Si el árbitro tiene menos recursos, si los partidos pequeños quedan asfixiados y si las reglas de representación premian al dominante, la democracia no se fortalece: se concentra.
La concentración del poder no suele anunciarse como tal. Se presenta como eficiencia, como ahorro, como simplificación.
Pero cuando las mayorías se vuelven más fáciles de imponer y los contrapesos más difíciles de articular, el sistema pierde diversidad interna.
Un Congreso con menos pluralidad es un Congreso con menos deliberación. Y sin deliberación, las reformas estructurales se aprueban con mayor facilidad, pero con menor consenso social.
Decir que la reforma “retoma principios históricos” puede ser correcto en términos discursivos, pero el contexto político actual es radicalmente distinto al del siglo pasado. Las reglas deben diseñarse para el presente, no para nostalgias.
Reducir regidurías y estructuras locales puede parecer racional, pero también reduce espacios de representación territorial. Cada asiento eliminado es una voz menos en la discusión pública.
La democracia no se mide por lo que cuesta, sino por lo que protege. Y lo que protege son derechos, equilibrios y contrapesos.
Si el partido grande gana incluso cuando pierde; si el árbitro queda más débil; si las minorías encuentran más obstáculos para existir; entonces no estamos ante una reforma técnica. Estamos ante una reforma política que redefine incentivos y distribuciones de poder.
El riesgo no es inmediato ni estridente. Es gradual. Se manifiesta en la erosión lenta del pluralismo, en la normalización de mayorías cómodas, en la disminución de voces disidentes.
Y cuando el poder se concentra, la primera pérdida es la del ciudadano. Tu voto pesa menos cuando hay menos contrapesos que lo defiendan.
El debate no debería centrarse en si el sistema actual es perfecto —no lo es—, sino en si los cambios propuestos amplían o reducen la capacidad de representación efectiva.
La democracia mexicana ha sido producto de décadas de construcción institucional, de crisis superadas y de reformas negociadas. Modificar ese entramado exige prudencia, no prisa.
Porque cuando las reglas del juego se rediseñan desde el poder, el escrutinio debe ser más severo que nunca.
Ahorrar puede ser una meta legítima. Democratizar también. Pero si el resultado final es un sistema donde el dominante compite con ventaja estructural, donde el árbitro tiene menos fuerza y donde las minorías encuentran menos espacio, entonces el costo real no será presupuestal.
Será político.
Y será ciudadano. |
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