En Veracruz, hablar de gobierno y seguridad no es un asunto técnico, ni menor. Es un asunto de urgente atención, atravesado por heridas abiertas, territorios capturados, corrupción impune, complicidades manifiestas y ciudadanos abandonados a su suerte. Por eso, cuando se revisa el Eje 4 del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025–2030, que supuestamente traza la hoja de ruta en estos temas, la sensación es de incredulidad: el documento intenta maquillar con lenguaje institucional un diagnóstico que, si fuera honesto, debería iniciar por admitir el colapso de la confianza pública.
La inseguridad en Veracruz no es solo un “desafío” como lo enuncia el plan: es una emergencia. Lo es para las mujeres que desaparecen y no regresan. Para los periodistas que han sido silenciados. Para las familias que deben pagar “cuotas” en mercados o zonas rurales, para empresarios que son extorsionados. Para comunidades indígenas hostigadas por megaproyectos, para jóvenes sin opciones que terminan en redes delictivas, y para policías que no confían ni en sus mandos ni en sus condiciones laborales.
Pero el verdadero drama no es únicamente la violencia. Es la respuesta del Estado: fragmentada, burocratizada, llena de simulaciones. Las páginas 123 a 142 del plan son evidencia de un aparato gubernamental más preocupado por justificar el fracaso que por confrontarlo. El texto evita con cuidado mencionar palabras como impunidad, desapariciones forzadas, colusión institucional o desplazamiento forzado. Se presenta una visión higienizada de un Veracruz que no existe.
Por si fuera poco, el gobierno esboza un discurso de gobernanza democrática donde supuestamente se fomenta la participación ciudadana, se construyen políticas de prevención y se garantiza la seguridad con enfoque de derechos humanos. Pero la realidad contradice el papel. La participación social ha sido cooptada o anulada; la policía sigue operando bajo lógicas militares; la transparencia es selectiva; y la “prevención” se ha reducido a campañas de difusión.
En este contexto, las estrategias planteadas parecen una lista de buenos deseos más que una política pública con dientes. Por eso, en esta columna se desmonta el discurso oficial.
Política y Gobernanza: El divorcio entre el discurso de participación y la práctica autoritaria
El Eje 4 reconoce que los conflictos sociales y políticos tienen causas multifactoriales, pero en su diagnóstico se queda en la superficie. Habla de la necesidad de diseñar políticas públicas oportunas y abrir canales de comunicación con la población. Sin embargo, omite el contexto histórico de simulación participativa, verticalismo institucional y represión encubierta que ha caracterizado la gobernanza en Veracruz. No basta con “mejorar la atención”: hay que reconocer que muchas veces, el propio gobierno ha sido generador de conflicto, no solo mal gestor de demandas.
El plan menciona la importancia de abrir vínculos con la población para fortalecer la gobernabilidad. Pero no dice cómo ni con quiénes. ¿Dónde están los mecanismos de consulta pública vinculante? ¿Dónde se han institucionalizado los presupuestos participativos? ¿Dónde se garantiza el derecho a la protesta sin criminalización? Hablar de gobernanza sin empoderar a la ciudadanía ni garantizar espacios reales de decisión es, en el mejor de los casos, retórica hueca.
Uno de los vacíos más graves es el silenciamiento de la participación comunitaria crítica. Las comunidades indígenas, colectivos de víctimas, madres buscadoras, organizaciones de derechos humanos o movimientos barriales rara vez son convocados a participar en la toma de decisiones. Y cuando lo hacen, es en foros decorativos, donde su voz no tiene peso real. Esta es la verdadera distancia entre “abrir canales” y construir poder popular.
La mención a “informar a la población sobre las obligaciones de la autoridad” suena paternalista: como si la falta de confianza en el gobierno fuera culpa de la ignorancia ciudadana, y no del historial de corrupción, represión, promesas incumplidas y ausencia de justicia. No se fortalece la relación gobierno-sociedad con folletos, sino con verdad, responsabilidad política y resultados.
Finalmente, el plan ignora el papel del poder municipal. En un estado tan fragmentado como Veracruz, los municipios deberían ser actores claves de la gobernanza democrática. Pero la mayoría carece de presupuesto, personal capacitado o margen de decisión real. Hablar de “articulación intergubernamental” sin empoderar a los municipios es una contradicción técnica y política.
Seguridad pública y prevención del delito: Un discurso sin músculo frente a una realidad feroz
El Plan reconoce que Veracruz enfrenta delitos de alto impacto, crimen organizado y violencia estructural. Pero en lugar de ofrecer un análisis crítico y profundo, presenta una narrativa de buenas intenciones: prevención del delito, cercanía ciudadana, recuperación de espacios públicos. Todo suena bien, hasta que se confronta con la realidad de un estado donde la extorsión, el feminicidio, la desaparición forzada y la violencia comunitaria siguen siendo moneda corriente.
Uno de los aspectos más alarmantes es la omisión sobre la falta de resultados en la procuración de justicia. No se mencionan cifras de impunidad, ni avances en investigaciones, ni auditorías al trabajo de las fiscalías. Se sigue tratando la inseguridad como un problema de percepción, cuando lo que impera es una realidad tangible de miedo, impunidad y colusión institucional.
El documento propone fortalecer el sistema de denuncia, capacitar a policías y crear campañas de difusión. Pero nunca se abordan las causas estructurales del crimen: pobreza, desigualdad, ausencia del Estado, falta de oportunidades, corrupción institucional. Tampoco se reconoce que muchas personas no denuncian porque saben que hacerlo no sirve de nada o peor, las pone en riesgo.
El apartado habla de mejorar la ética en la policía, pero no se discute el abandono de las condiciones laborales, la falta de protocolos para evitar el uso excesivo de la fuerza, ni los testimonios sobre tortura, desapariciones forzadas o participación de elementos policiales en actos criminales. No basta con capacitar: hay que reformar estructuralmente el modelo policial.
Tampoco hay una política clara para atender a las juventudes en riesgo. Se habla de prevención integral, pero no se menciona inversión en espacios seguros, arte, deporte, cultura, salud mental o trabajo digno. Se ignora que la violencia también es una consecuencia de la precarización de la vida.
Inteligencia, coordinación y combate al delito: Promesas técnicas sin ética democrática
La tercera sección habla del fortalecimiento de la inteligencia estatal, la reinserción social y la coordinación entre niveles de gobierno. En papel suena como un avance. Pero el problema no es la falta de tecnología, sino el uso que se le da. ¿Quién controla la inteligencia? ¿Qué órganos vigilan su uso? ¿Cómo se previene el espionaje político, el uso faccioso de información o la criminalización de la disidencia? Nada de eso se menciona.
La creación de una Unidad de Inteligencia Penitenciaria se presenta como solución a la reincidencia. Pero no hay autocrítica al sistema carcelario veracruzano, donde se violan derechos humanos, proliferan los cobros ilegales y las cárceles son espacios de control criminal más que de reinserción. Una unidad más no arregla un sistema podrido sin reforma estructural.
La coordinación entre niveles de gobierno se repite como mantra, pero no se explica cómo se superarán las barreras actuales: rivalidades políticas, intereses cruzados, falta de información compartida, y sobre todo, una fiscalía autónoma en papel, pero políticamente supeditada.
Otro tema ausente es la seguridad digital. En un estado con presencia creciente del crimen organizado, la ciberdelincuencia, el acoso digital y la extorsión por redes están en aumento, pero el plan no plantea estrategias ni cuerpos especializados.
Finalmente, el concepto de “operaciones focalizadas” puede sonar razonable, pero sin protocolos públicos, rendición de cuentas y acompañamiento comunitario, corre el riesgo de convertirse en operativos sin control ni supervisión que terminen en abuso, represión o montaje.
Protección civil y gestión de riesgos: Entre simulación institucional y desastres previsibles
La última sección trata sobre prevención de riesgos y protección civil. Reconoce que los fenómenos naturales y los errores humanos impactan de manera diferenciada en el territorio. Pero el diagnóstico no asume que muchos desastres en Veracruz no son naturales: son producto de la corrupción, la falta de regulación y el urbanismo salvaje.
No se menciona que decenas de permisos de construcción se han dado en zonas inundables, ni que empresas privadas han destruido barrancas, cuencas y manglares sin sanción. Tampoco se reconocen las responsabilidades del Estado en la falta de regulación o en el desvío de recursos destinados a atención de emergencias.
El plan habla de mejorar la toma de decisiones, pero no menciona el caos que aún reina en muchos municipios, donde no hay atlas de riesgo, ni brigadas, ni protocolos claros. La mayoría de las veces, la ciudadanía reacciona sola, mientras la Protección Civil llega tarde, sin equipo y sin plan.
El enfoque de derechos humanos suena bien, pero no se explica cómo se protegerá a personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños o personas indígenas durante emergencias. ¿Dónde están las políticas interseccionales y diferenciadas? ¿Dónde está la inversión real en prevención?
Finalmente, se omite la capacitación constante del personal local. La profesionalización se menciona como línea de acción, pero no hay estrategia para retener talento, evitar rotación política o reducir la improvisación en las unidades municipales.
Las líneas rectoras del Eje 4: ¿diseño institucional o narrativa vacía?
Las líneas rectoras de este Eje se presentan como guías transversales, pero al analizarlos con lupa, resultan insuficientes:
Política y Gobernanza
Esta línea habla de “intervención oportuna” y “canales de comunicación” con la sociedad, pero omite las prácticas autoritarias, el verticalismo institucional y la falta de consulta previa a pueblos originarios. Participar no es llenar encuestas; es decidir.
Seguridad Pública y Prevención del Delito
Se propone “acción conjunta y programas de cercanía”, pero sin reformar el modelo policial, sin garantizar condiciones laborales dignas, sin desmilitarizar la seguridad pública. La prevención no puede depender de spots y jornadas cívicas.
Prevención de riesgos
Habla de enfoque de derechos humanos y eficiencia, pero no menciona la corrupción histórica en Protección Civil, ni los vacíos de planeación urbana ni la falta de infraestructura en zonas vulnerables.
En conjunto, las líneas rectoras repiten una narrativa institucional correcta en el lenguaje, pero débil en ejecución. Por eso, las propuestas deben nacer desde otra lógica: una lógica de verdad, justicia y participación real.
Conclusión
El Eje 4 del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025–2030 revela una distancia abismal entre el discurso oficial y la realidad cotidiana que enfrentan los veracruzanos. Hablar de gobernanza y seguridad en Veracruz exige más que lenguaje técnico y buenas intenciones: demanda una confrontación frontal con las causas estructurales del miedo, la violencia y la desconfianza ciudadana.
El Eje se presenta como una hoja de ruta institucional, pero omite deliberadamente los temas más urgentes: la impunidad sistémica, la corrupción que atraviesa a cuerpos policiacos y gobiernos locales, la represión de la participación ciudadana crítica y el abandono histórico de comunidades enteras. El documento apuesta por una narrativa higienizada, donde la “seguridad” y la “gobernabilidad” se construyen desde indicadores abstractos, ignorando las cicatrices abiertas del territorio.
La omisión de actores clave como madres buscadoras, periodistas, pueblos indígenas, colectivos de víctimas y organizaciones sociales evidencia un patrón: el Estado sigue viendo a la ciudadanía no como interlocutora, sino como objeto de administración. Hablar de participación sin mecanismos reales de decisión vinculante es simular democracia. Prometer prevención del delito sin transformar las condiciones de vida de las juventudes y los sectores vulnerables es administrar la precariedad. Y repetir conceptos como “coordinación” o “eficiencia” sin ética pública es una fórmula estéril.
La verdadera gobernanza no puede nacer de escritorios ni de campañas de difusión: debe construirse con verdad, con memoria y con justicia. Debe reconocer que la seguridad es un derecho colectivo, no una mercancía controlada por el Estado. Y que gobernar, en un contexto de violencia estructural, implica primero pedir perdón, rendir cuentas y devolverle al pueblo no solo la voz, sino el poder.
Veracruz no necesita una política que maquille el colapso, sino un nuevo pacto social que coloque a las víctimas, a los olvidados y a los que resisten en el centro del diseño institucional. No bastan los diagnósticos, se requiere una transformación ética del ejercicio gubernamental. Mientras el gobierno insista en simular y no en reparar, el abismo entre el Estado y la sociedad seguirá creciendo.
En este sentido, el gran reto no es técnico ni financiero, sino profundamente político: pasar del control vertical a la corresponsabilidad horizontal; del miedo a la participación; de la simulación a la verdad. Porque sin verdad, no hay confianza. Y sin confianza, no hay futuro para Veracruz.
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