Carlos A. Luna Escudero
La mañana en que cayó Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no fue una escena cinematográfica ni una postal de victoria limpia.
Fue, más bien, la confirmación de que en México cada golpe al crimen organizado tiene un costo inmediato en vidas, miedo y parálisis social.
El operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco, culminó con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también desató una reacción violenta que exhibió la dimensión real del poder territorial que esta organización había acumulado durante más de una década.
Lo primero que llamó la atención no fue la muerte del capo, sino la forma en que se comunicó el hecho. La Secretaría de la Defensa Nacional informó con rapidez y reconoció que el operativo contó con inteligencia proporcionada por agencias estadounidenses. El presidente Donald Trump evitó apropiarse del resultado. El mensaje fue coordinado. Y eso, en tiempos de tensiones soberanistas, no es un detalle menor.
Sin embargo, detrás de la narrativa de cooperación eficaz se encuentra una realidad más compleja. El gobierno mexicano había llevado a Washington un mensaje claro: “póngannos a prueba”.
La caída de El Mencho fue, en ese sentido, una demostración de capacidad operativa, pero también una jugada estratégica en el tablero diplomático.
No fue únicamente un operativo táctico; fue un mensaje político hacia el norte. México podía actuar. México podía ejecutar una operación de alto valor sin que tropas extranjeras pisaran suelo nacional. Pero esa demostración tuvo un precio inmediato.
Las cifras actualizadas del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes muestran la verdadera magnitud de lo ocurrido. Más allá del simbolismo por la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los datos evidencian el alto costo humano y económico de la jornada del 22 de febrero de 2026.
El saldo para el Estado fue grave: 25 elementos de la Guardia Nacional murieron, además de un custodio, un integrante de la Fiscalía de Jalisco y una mujer civil. En Michoacán, 15 efectivos resultaron heridos. Del lado criminal, se reportaron 30 presuntos integrantes del CJNG abatidos y alrededor de 70 detenidos por narcobloqueos y ataques armados.
La reacción del grupo fue nacional: 252 bloqueos en 20 estados, con Jalisco a la cabeza (65). Aunque el 90% de las vialidades fueron liberadas al día siguiente, al menos 23 puntos seguían activos. El impacto también alcanzó al sector aéreo, con al menos 325 vuelos cancelados, principalmente en Puerto Vallarta y Guadalajara, además de afectaciones en Tepic y Manzanillo.
En síntesis, el operativo logró su objetivo militar, pero dejó un saldo elevado en vidas, movilidad y estabilidad. La dimensión del impacto confirma que no fue un episodio aislado, sino una prueba de la capacidad de respuesta y alcance territorial del CJNG. La violencia fue simultánea y expansiva. El país entero sintió el golpe.
No era imprevisible. Desde 2015, cuando un intento de captura terminó con un helicóptero militar derribado con un lanzacohetes RPG en Villa Purificación, se sabía que cualquier ofensiva frontal contra el líder del CJNG provocaría una reacción brutal.
Aquel episodio marcó un antes y un después para el Ejército. Murieron seis soldados y El Mencho escapó. Desde entonces, el objetivo quedó pendiente en la agenda militar. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo intentos fallidos y cálculos de riesgo que desaconsejaban un enfrentamiento abierto. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la estrategia cambió hacia el enfoque de “abrazos, no balazos”, priorizando contención social y evitando operativos espectaculares contra capos.
El operativo en Tapalpa simboliza un giro. No necesariamente una política integral distinta, pero sí un regreso a la confrontación directa cuando se trata de objetivos prioritarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum no lo presenta como ruptura con el pasado inmediato, pero los hechos hablan por sí mismos. Se trató de una acción de alto impacto, planeada con inteligencia binacional, ejecutada por fuerzas especiales y asumida públicamente como un golpe estratégico.
El problema es que abatir a un líder no desmantela una estructura criminal de manera automática. El CJNG no era un caudillismo improvisado; es una red con operadores regionales, brazos financieros, control de puertos estratégicos como Manzanillo y presencia en múltiples estados. El liderazgo de Oseguera Cervantes era central, pero no único.
Los análisis de especialistas apuntan a dos escenarios: una reestructuración interna o una fragmentación violenta. A diferencia de otros grupos criminales con linajes claros, en el CJNG no existe un heredero incuestionable; más bien, aparecen diversas figuras como posibles relevos. Ninguna de ellas garantiza una transición tersa.
La reacción inmediata —bloqueos en más de 20 estados, suspensión de actividades económicas y religiosas, aerolíneas cancelando rutas internacionales— demuestra que el CJNG había tejido una capacidad de respuesta casi militar. No se trató de actos aislados de vandalismo. Fue una operación coordinada para sembrar terror y enviar un mensaje: el liderazgo cayó, pero la estructura permanece. Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico de Guadalajara. Comercios cerraron anticipadamente. Iglesias suspendieron misas. Transportistas fueron instruidos a resguardarse.
Las imágenes de camiones incendiados circularon por redes sociales con velocidad viral. La línea entre información y rumor se volvió difusa, alimentando la sicosis colectiva. El operativo también dejó al descubierto la dimensión logística del CJNG. La muerte de Hugo “El Tuli”, operador financiero y logístico cercano a El Mencho, mostró el nivel de coordinación interna. Se le encontraron millones en efectivo y se le atribuyó la organización de bloqueos y la oferta de recompensas por cada militar asesinado. Ese dato revela que la violencia no fue espontánea, sino incentivada.
En términos internos, el reto es mayor. Desmantelar redes de extorsión, control territorial y lavado de dinero requiere más que operativos de alto impacto. Implica inteligencia financiera, fortalecimiento de fiscalías, depuración policial y reconstrucción del tejido institucional en regiones donde el Estado ha sido desplazado. El operativo contra El Mencho será recordado como uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en los últimos años.
Pero su verdadera dimensión no se medirá en el parte militar, sino en lo que ocurra después. Si el CJNG se fragmenta y multiplica focos de violencia, el costo social será elevado. Si logra reestructurarse bajo un nuevo mando, el desafío continuará con otro rostro.
No se trata de minimizar la importancia de la captura fallida convertida en abatimiento. Se trata de entender que el problema estructural del narcotráfico no se resuelve con la eliminación de un líder, por poderoso que sea. Las organizaciones criminales prosperan en contextos de desigualdad, impunidad y corrupción. Mientras esas condiciones persistan, los nombres cambian, pero la dinámica permanece.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes cierra un capítulo que comenzó hace más de una década en las montañas de Jalisco. Pero no clausura la historia del CJNG ni la del narcotráfico en México. El Estado demostró que puede golpear. Ahora debe demostrar que puede sostener la paz sin que cada victoria táctica detone una guerra urbana al día siguiente.
El país amaneció con carreteras liberadas, pero también con una certeza incómoda: el poder del crimen organizado no desaparece con un disparo final.
Se transforma, se adapta y vuelve a probar los límites del Estado. El verdadero operativo apenas comienza, y no se libra en un bosque de Tapalpa, sino en la capacidad institucional para impedir que otro liderazgo criminal ocupe el vacío dejado por El Mencho. |
|
