En colaboraciones anteriores, mencionábamos que planear el desarrollo de un estado no es un trámite ni un acto de improvisación. Un buen plan de desarrollo debe ser una herramienta estratégica que guíe el rumbo de la administración pública con base en diagnósticos precisos, objetivos medibles y participación ciudadana real. Su elaboración exige profesionalismo, metodologías abiertas y la inclusión de voces diversas, desde especialistas hasta comunidades locales, para responder a las verdaderas necesidades regionales.
Sin embargo, el contraste entre esta visión y lo que ocurrió con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030 en Veracruz es evidente. El documento, lejos de ser una brújula técnica, es una colección de promesas vagas sin sustento, elaborado sin el rigor necesario ni la participación ciudadana. Lo que debía ser una guía de ruta ha terminado por ser un ejercicio de simulación política, marcado por la improvisación, la falta de dirección profesional y el desdén por la planeación responsable.
El pasado 27 de mayo de 2025, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2025-2030, aprobado por la LXVII Legislatura del Congreso Local. Con este acto, la administración de la gobernadora Rocío Nahle García formalizó lo que llama “la hoja de ruta del bienestar veracruzano”.
Sin embargo, bajo el lema de “Tu Plan Veracruzano”, se esconde un documento plagado de buenas intenciones, deficiencias metodológicas, metas poco ambiciosas y una retórica que no resiste el contraste con la dura realidad del estado.
Según el propio documento, el PVD fue elaborado en el marco del Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar (CEPLADEB), con la participación de más de 270 servidores públicos y mediante una consulta popular de 61 días que recabó 13,024 propuestas ciudadanas. Se organizaron seis foros regionales en municipios como Xalapa, Coatzacoalcos, Tuxpan y Papantla, siempre con gran número de acarreados. En teoría, esto le da “legitimidad democrática”. En la práctica, ¿puede hablarse de participación cuando la ciudadanía no tiene mecanismos para incidir, opinar ni monitorear la implementación del plan?
El propio diseño metodológico fue nuevo, pero también hermético, no estableció canales permanentes de evaluación ciudadana. Es decir, se consultó a la población para legitimar, no para corregir o debatir. A esto se suma el hecho de que el plan recoge 81 compromisos de campaña de Rocío Nahle, lo que plantea una inquietante pregunta: ¿es un plan de Estado o un programa de partido?
El documento dice en sus diagnósticos: que el 51.7% de la población está en pobreza, que la infraestructura está deteriorada, que hay rezago educativo, informalidad laboral y una grave falta de acceso a servicios básicos, sobre todo en comunidades indígenas. Incluso acepta la existencia de corrupción institucional y una deuda pública que compromete el gasto estatal.
Pero a pesar de este análisis, las soluciones propuestas son tibias. La meta para reducir la pobreza es apenas del 2.1% en seis años. El Índice de Paz México, uno de los indicadores clave, se pretende reducir de 2.37 a 2.05... una mejora marginal para un estado con altos índices de criminalidad. Y la deuda pública se planea bajar de 63.3% a 43.3% de los ingresos de libre disposición, pero no se especifica cómo se reestructurará sin afectar servicios. En otras palabras, el plan identifica medianamente los síntomas, pero no prescribe un tratamiento profundo ni viable.
Uno de los aspectos más preocupantes del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030 es su tratamiento de dos rubros esenciales: la seguridad y la economía. Aunque el documento presume de haber sido construido con base en la participación ciudadana y bajo los principios del llamado “humanismo mexicano”, en los hechos se trata de una estrategia que repite fórmulas genéricas y carece de músculo institucional para atender los problemas de fondo.
En materia de seguridad, el Plan recurre al lenguaje de la prevención, la coordinación y la inteligencia, pero sin detallar cómo se lograrán esos objetivos en un contexto donde los cuerpos policiales municipales siguen estando infiltrados o debilitados, donde la impunidad es regla y no excepción, y donde las desapariciones y la violencia de género siguen marcando la vida de miles de veracruzanos.
Se habla, por ejemplo, de reducir la percepción de inseguridad, que actualmente rebasa el 79% a un 70% para 2030. ¿Pero cómo se pretende lograr esto si no se menciona una sola política concreta para proteger a periodistas, para depurar corporaciones policiales o para atender a las víctimas de la violencia?
La ausencia de compromisos específicos en esta materia convierte al eje de seguridad en una promesa que ya nació desfondada.
No mejor librado sale el apartado económico. Si bien se reconoce la necesidad de reactivar sectores productivos como el turismo, la agricultura y la industria, olvidando la importancia de un sector como el pesquero, el plan parece más interesado en proyectar una imagen optimista que en plantear una verdadera transformación estructural. Las metas económicas son tibias: un crecimiento del PIB estatal de apenas 5% en seis años y una mejora marginal en el índice de competitividad.
No hay una ruta clara para enfrentar la informalidad laboral, que afecta a más del 60% de la población económicamente activa, ni una propuesta concreta para atraer inversiones privadas ni mucho menos para incorporar la innovación tecnológica como palanca de desarrollo. La llamada “economía moral” queda reducida a una consigna sin sustancia, más útil en los mítines que en la planeación pública.
Así, entre diagnósticos vagos, indicadores poco ambiciosos y una narrativa política que privilegia el eslogan sobre el dato duro, el Plan parece más preocupado por sostener la retórica de la 4T que por resolver los problemas reales del estado. El discurso de “poner a Veracruz de moda” puede funcionar como lema de campaña, pero difícilmente como guía de gobierno.
El PVD se articula en seis ejes temáticos: cuatro rectores (bienestar, economía, infraestructura y gobernanza) y dos transversales (gobierno digital y derechos humanos). En posteriores colaboraciones analizaremos cada uno de ellos.
De estos se derivan 29 estrategias y 187 líneas de acción. Todo muy técnico, todo muy completo… en teoría.
Pero en la práctica, no se presenta una estructura financiera clara ni priorización de acciones. El apartado sobre previsiones de ingreso y gasto es vago y generalista. ¿Cuánto costará implementar el plan? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Qué programas serán prioridad y cuáles solo quedarán en promesa? Nadie lo sabe.
Además, el documento establece que se elaborarán 16 programas sectoriales y dos programas especiales, que aún no están terminados. Por lo tanto, hoy por hoy, el plan es una carta de buenas intenciones sin sustento operativo.
El plan también presume de 37 grandes proyectos, desde hospitales, carreteras, ferrocarriles, hasta centros turísticos y culturales. Aunque se habla de alianzas con la Federación y la iniciativa privada, no hay evidencia de que estos proyectos tengan estudios técnicos, presupuestos asignados, ni evaluación de impacto ambiental o social.
Uno de los ejes transversales del plan es la transformación digital. Se propone reducir la corrupción, mejorar los trámites y modernizar la administración. El Índice de Desarrollo Digital Estatal debería pasar de 39 a 51 puntos. Pero esto parece una fantasía si consideramos que gran parte de Veracruz sigue sin acceso a internet de calidad, especialmente en zonas rurales, y que muchas dependencias siguen operando con trámites manuales y papeles físicos.
Además, no se contempla la capacitación del personal, ni el desarrollo de infraestructura digital en los municipios. En resumen, se quiere digitalizar un aparato que aún funciona con máquinas de escribir.
El plan también promete un “gobierno de derechos, inclusivo y participativo”. Pero los números son duros: más del 68% de las mujeres veracruzanas ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, y la meta para 2030 es bajar a 64.79%, una disminución irrisoria.
Además, se promete impulsar la participación ciudadana, pero no se establece ningún mecanismo vinculante ni contraloría social. Y en el caso de pueblos originarios, se habla de “respetar su autonomía”, pero no hay planes específicos para garantizar su acceso a salud, educación o justicia en su propia lengua.
Más allá de sus intenciones discursivas, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2025-2030 arrastra una debilidad estructural desde su origen: su cuestionable metodología de elaboración. Si bien el documento presume de ser el resultado de una consulta popular inédita y de un proceso técnico sin precedentes, la realidad es que dicha construcción adolece de problemas fundamentales que comprometen su legitimidad, su representatividad y, en última instancia, su utilidad como instrumento de política pública.
El plan se vanagloria de haber sido elaborado “sin despachos privados”, “a costo cero” y con la participación activa de dependencias públicas y servidores calificados. Pero esta afirmación, lejos de ser un logro, abre una primera interrogante crítica: ¿puede un documento de planeación estatal de largo alcance, con una proyección sexenal, elaborarse sin una evaluación externa ni voces independientes que auditen su coherencia técnica, sus fuentes estadísticas y su alineación estratégica?
La ausencia de contrapesos técnicos convierte al plan en un ejercicio de endogamia institucional, donde el gobierno se consulta, se escucha y se valida a sí mismo.
Otro punto débil es la llamada “Consulta Popular”. Aunque se enfatiza que participaron los 212 municipios y que se habilitaron foros, formularios y canales digitales, el documento no ofrece información detallada ni verificable sobre cuántas personas participaron realmente, qué temas fueron los más recurrentes ni cómo se incorporaron esas propuestas ciudadanas al texto final.
Sin mecanismos de transparencia, sin una sistematización pública de los insumos recolectados y sin la inclusión de voces críticas o disidentes, la consulta termina por parecer una simulación de participación más que un ejercicio auténtico de planeación democrática.
Además, el plan está plagado de lugares comunes, metas ambiguas y estrategias que carecen de indicadores verificables o líneas base sólidas. ¿Cómo se evaluará el cumplimiento de objetivos si no se establecen métricas claras y medibles, ni se vinculan a presupuestos con tiempos definidos?
El plan habla de bienestar, justicia, digitalización, derechos, economía moral, sostenibilidad y participación, pero sin mostrar cómo se traducirán esas palabras en acciones tangibles con impacto en la vida cotidiana de los veracruzanos. La inclusión de valores y principios éticos como pilares de gestión pública suena bien en el papel, pero carece de mecanismos que garanticen su aplicación real.
En suma, el principal problema metodológico del PVD 2025-2030 es su carácter autorreferencial: parte de un diagnóstico endeble, se construye desde adentro, se revisa por los mismos actores que lo redactaron y se presenta como un triunfo colectivo sin haber consultado realmente con los veracruzanos y sin permitir el escrutinio público.
En lugar de ser un documento abierto, fiscalizable y perfectible, el plan se convierte en un acto de propaganda institucional disfrazado de política pública. Y mientras el gobierno se felicita por “poner a Veracruz de moda”, los desafíos estructurales del estado —violencia, pobreza, desigualdad, corrupción— siguen esperando respuestas que no caben en discursos, sino en decisiones.
El PVD 2025-2030 es, en muchos sentidos, un documento medianamente armado: tiene diagnósticos, lenguaje técnico, indicadores y una estructura formal. Pero al analizarlo críticamente, se revela como una fórmula repetida: muchas promesas, poca ejecución; mucha consulta, poca deliberación; muchos ejes, pero sin pies ni cabeza.
Veracruz necesita con urgencia políticas públicas transformadoras, pero no desde la opacidad ni el centralismo. Necesita planes hechos con la gente y para la gente, no solo con base en compromisos de campaña.
Porque lo que está en juego no es un sexenio. Es el futuro de más de ocho millones de personas.
|
|
