Pocas palabras despiertan tanto consenso en el discurso político como “infraestructura”. Se le atribuye capacidad transformadora, dinamismo económico, generación de empleo y justicia territorial. Sin embargo, cuando analizamos el tercer eje del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025–2030, titulado “Veracruz con Infraestructura y Sostenibilidad Territorial”, lo que encontramos no es una visión estructural, territorial ni sustentable de la obra pública. Lo que se presenta es un listado de deficiencias burocráticas y desequilibrios regionales, sin la mínima intención de confrontar la política de infraestructura como un instrumento de poder, de exclusión y de control presupuestal, con la justicia social.
El documento intenta diagnosticar la situación de la infraestructura estatal entre las páginas 114 y 122, pero el análisis es meramente funcional: caminos, puentes, drenajes, escuelas, hospitales. El plan no explora cómo, dónde y por qué se construye lo que se construye, ni quién decide, ni bajo qué lógicas de mercado, deuda, especulación inmobiliaria o favoritismo político se mueve la inversión pública. No hay una evaluación crítica del impacto ambiental de la obra pública, ni del papel de las empresas constructoras, ni del modelo centralizado de decisión que ha caracterizado la política de obras en Veracruz por décadas.
Lo que más preocupa es la falta de reconocimiento sobre el profundo desequilibrio territorial que existe en el estado. Mientras algunas regiones reciben inversión sistemática, otras continúan siendo zonas históricamente olvidadas: sin caminos, sin agua potable, sin saneamiento, sin transporte público ni conectividad digital. Esta desigualdad se reproduce, no se corrige, con una planeación que sigue viendo el mapa estatal como un tablero de prioridades electorales. El documento no nombra la palabra “clientelismo”, pero es imposible hablar de infraestructura en Veracruz sin referirse a ella.
Además, el diagnóstico evade la pregunta fundamental: ¿infraestructura para qué y para quién? El concepto de “obra pública” se presenta como un fin en sí mismo, sin articularse con modelos de desarrollo regional, cadenas de valor local, gobernanza comunitaria o justicia espacial. No se analiza cómo la infraestructura puede reproducir patrones de segregación urbana, exclusión de pueblos indígenas o apropiación del espacio público. Mucho menos se incluye la perspectiva de género, movilidad sostenible, accesibilidad o resiliencia climática.
En resumen, lo que se ofrece como “diagnóstico” es una narrativa que reduce la obra pública a una lista de pendientes técnicos, sin reconocer que cada metro de pavimento, cada estructura hidráulica, cada escuela construida o abandonada, forma parte de una disputa política, económica y cultural por el territorio. Esta columna intenta recuperar esas preguntas, desmontar el lenguaje tecnocrático del plan y plantear la necesidad urgente de una infraestructura con justicia territorial, no con simulación presupuestal.
Un Estado fragmentado por el concreto: desigualdad territorial e inversión asimétrica
El Plan reconoce que existen grandes diferencias en la cobertura y calidad de la infraestructura entre las regiones del estado. Veracruz, dividido en diez regiones, muestra enormes contrastes: mientras en algunas zonas urbanas se ha concentrado la inversión en pavimentación, drenaje y transporte, otras regiones —sobre todo indígenas y rurales— padecen abandono crónico. Sin embargo, el documento trata esta realidad como un efecto inevitable, no como una decisión política.
Por ejemplo, el texto menciona que hay más de 3 mil localidades sin acceso permanente por carretera. Esa cifra debería ser un escándalo. Pero el plan la presenta sin contexto, sin nombres, sin mapa, sin indignación. No se dice cuántas de esas comunidades están habitadas por pueblos originarios, ni cuántas se han quedado sin servicios básicos por falta de caminos. La “infraestructura básica” es, en muchos casos, inexistente. Y cuando existe, está mal planeada, mal mantenida y sin presupuesto para su operación.
El sistema de salud enfrenta desafíos similares: hay hospitales inconclusos, clínicas abandonadas, centros de salud sin médicos o medicamentos. El Plan se limita a señalarlo, pero no identifica por qué siguen sin concluirse, ni qué actores políticos o empresariales han sido responsables del desastre. No hay un solo párrafo sobre los contratos de obra pública otorgados sin licitación, las auditorías inconclusas o las empresas fantasma que han saqueado los recursos de la infraestructura social en Veracruz.
Educación y salud: escuelas y hospitales sin planeación, sin personal y sin justicia
En materia de infraestructura educativa, el diagnóstico es igual de evasivo. Se reconoce que muchas escuelas carecen de aulas, baños, mobiliario o conectividad. Pero no se discute cómo se toman las decisiones de construcción o mantenimiento. ¿Se construyen escuelas por número de estudiantes o por clientelas políticas? ¿Quién decide qué plantel se rehabilita y cuál se abandona? ¿Qué papel juegan los ayuntamientos, las asociaciones de padres o los sindicatos?
El plan menciona que existe “infraestructura educativa en deterioro”, pero no dice cuántas escuelas están en ruinas, cuántas tienen techos colapsados o cuántas funcionan en aulas improvisadas. La obra pública educativa se ha convertido, históricamente, en un espacio de simulación: se inauguran obras incompletas, se entregan escuelas sin baños, se reportan techos construidos donde solo hay varillas.
En cuanto a salud, la situación es aún más crítica. Veracruz es uno de los estados con mayor rezago en cobertura médica, no por falta de instalaciones, sino por abandono. Hospitales que fueron promesa de campaña se han convertido en elefantes blancos, sin personal, sin insumos, sin mantenimiento. Y el plan lo dice, pero sin señalar responsables, sin transparentar qué contratos quedaron abandonados, sin reconocer los sobrecostos ni las empresas constructoras que han incumplido.
Movilidad, conectividad y transporte público: el gran ausente
El documento reconoce que Veracruz enfrenta rezagos en infraestructura de transporte público, caminos rurales, redes ferroviarias y movilidad urbana. Pero el análisis es superficial. No se habla de los sistemas de transporte desarticulados, ni de la crisis del transporte urbano en ciudades como Xalapa, Veracruz, Poza Rica o Coatzacoalcos. Tampoco se discute la dependencia al automóvil privado ni la ausencia de políticas de movilidad sustentable.
El transporte público es ineficiente, inseguro, caro y excluyente. No hay rutas accesibles para personas con discapacidad, ni horarios pensados para estudiantes o trabajadores. Las mujeres enfrentan acoso sistemático en unidades deterioradas y sin vigilancia. Sin embargo, la obra pública sigue priorizando solo grandes avenidas, pasos a desnivel y megaproyectos carreteros, y se olvida de soluciones de movilidad humana, barrial, comunitaria.
Respecto a conectividad digital, el plan apenas menciona la brecha tecnológica. Veracruz tiene miles de comunidades sin acceso a internet, sin cobertura celular, sin conectividad para el teletrabajo, la educación a distancia o el comercio digital. La infraestructura de conectividad debería ser considerada como un derecho, no como un lujo, pero el documento no lo trata con esa urgencia.
Agua, drenaje y saneamiento: derechos básicos fuera del radar
Una de las omisiones más graves del diagnóstico es la infraestructura hidráulica. Veracruz, a pesar de ser uno de los estados con mayor disponibilidad de agua, enfrenta crisis de abasto, contaminación y conflictos hídricos. Las redes de agua potable están colapsadas, los drenajes no funcionan, y la mayoría de los municipios descarga aguas residuales sin tratamiento.
El documento menciona “rezagos en infraestructura hidráulica”, pero no explica por qué se siguen invirtiendo millones en obras que no resuelven la distribución equitativa del agua. No se habla de los intereses privados que acaparan pozos, de la contaminación de ríos por industrias sin regulación, ni del abandono de plantas de tratamiento.
La obra pública en este sector no ha sido priorizada desde una lógica de derecho humano, sino desde contratos de obra opacos.
Líneas rectoras del Eje 3: ¿infraestructura para el bienestar o una lista de generalidades sin anclaje social?
El Eje 3 del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025–2030 está encabezado por cuatro líneas rectoras que pretenden trazar la estratégica de la política de obra pública en la entidad: Comunicación y movilidad carretera, Infraestructura para el desarrollo, Acceso a telefonía e internet, e Infraestructura para el bienestar. Si bien estos conceptos suenan bien a simple vista, al examinarlos de cerca surge una preocupación recurrente: están redactados como slogans, no como compromisos políticos verificables, y se enfocan más en la infraestructura física que en la justicia territorial y la equidad social que debería sostenerla.
1. Comunicación y movilidad carretera: más asfalto, mismos olvidos
Esta línea propone “fortalecer la infraestructura carretera facilitando el tránsito adecuado y seguro de personas y bienes”. Sin embargo, su formulación reproduce la visión clásica de la movilidad: una política centrada en el automóvil, el transporte de carga y el desarrollo económico, sin enfoque social, ambiental o territorial.
¿Dónde queda la movilidad de las comunidades rurales e indígenas que carecen de un solo camino transitable todo el año? ¿Dónde está la mención a las mujeres que caminan tramos inseguros por falta de transporte público? ¿Dónde se reconoce que los proyectos carreteros muchas veces han sido instrumentos de despojo territorial disfrazados de “progreso”?
Más aún, se omite por completo la necesidad de transporte público digno, intermodal y accesible, así como la urgencia de crear redes que conecten no solo a las grandes ciudades, sino a los pueblos entre sí, respetando la ecología y la dinámica social de cada región. No se menciona nada sobre caminos rurales sostenibles, alternativas no motorizadas o el impacto del cambio climático en la infraestructura vial.
2. Infraestructura para el desarrollo: ¿desarrollo para quién?
La segunda línea busca “mejorar e incrementar la infraestructura pública y su equipamiento, incidiendo de forma positiva en la calidad de vida de la población”. Es decir, una formulación genérica que se podría aplicar en cualquier gobierno del país. El problema está en que no se define qué se entiende por desarrollo, ni quién lo decide, ni cómo se mide esa “incidencia positiva”.
¿Desarrollo para quién? ¿Para las regiones urbanas donde ya se concentra la inversión? ¿Para las zonas industriales o turísticas que serán priorizadas por su rentabilidad económica? ¿O para las comunidades excluidas que nunca aparecen en los planes de obra? La línea elude estas preguntas. No contempla variables como equidad intermunicipal, gobernanza participativa, prioridades de grupos históricamente marginados o resiliencia de la infraestructura frente a fenómenos naturales.
Ésta parte del supuesto de que construir automáticamente mejora la vida, sin reconocer que la infraestructura también puede generar exclusión, contaminación, especulación inmobiliaria y destrucción del tejido social cuando no está bien pensada ni socialmente validada.
3. Acceso a telefonía e internet: conectividad sin derecho garantizado
La tercera línea parece responder a una deuda evidente: la enorme brecha digital en Veracruz. Se plantea “asegurar la conectividad entre la población veracruzana a fin de fortalecer su bienestar social, en vinculación con la cultura digital”. Pero esta afirmación, nuevamente, se queda en el terreno de lo aspiracional. No define plazos, actores, prioridades, ni reconoce el rezago estructural que vive la entidad.
En pleno siglo XXI, miles de comunidades veracruzanas siguen sin cobertura celular, sin acceso a internet de banda ancha o incluso sin energía eléctrica constante. Esto no solo impide que niños y niñas estudien en línea, que comerciantes vendan por medios digitales o que mujeres accedan a información sobre derechos, sino que profundiza la desigualdad territorial y digitaliza la exclusión.
Hablar de cultura digital sin garantizar el derecho a la conectividad es como hablar de alfabetización sin libros ni maestros. La falta de un plan estatal de conectividad serio, con inversión pública suficiente, alianzas comunitarias y soluciones innovadoras (como redes locales, centros digitales o satélites rurales) hace que este eje rector suene más a promesa electoral que a política pública estructural.
4. Infraestructura para el bienestar: dignidad sin sustento jurídico ni financiero
La cuarta línea estratégica establece que se debe “mejorar la infraestructura social básica y de la vivienda con obras y acciones que permitan dignificar la vida de las y los habitantes del Estado”. Suena bien, pero carece de toda fuerza operativa si no se acompaña de una política de vivienda integral, un plan de servicios básicos por municipio, y un presupuesto etiquetado y blindado de coyunturas electorales.
El concepto de “infraestructura social básica” es utilizado sin claridad: ¿se refiere a agua, drenaje, pavimentación, electrificación, centros comunitarios, espacios públicos? ¿Cómo se determinarán las prioridades? ¿Habrá mecanismos de participación comunitaria para decidir dónde intervenir primero?
Además, no hay mención a los procesos de urbanización descontrolada, el desplazamiento de comunidades por proyectos de infraestructura, la falta de regularización de viviendas populares, o el acceso desigual a servicios según clase, género o etnicidad. El bienestar no puede construirse con retórica: necesita justicia presupuestaria, protección legal y visión territorial.
Conclusión
Después de analizar el Eje 3 del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025–2030, resulta evidente que la política de infraestructura en Veracruz se encuentra atrapada en una lógica tecnocrática, centralista y simuladora. Aunque se reconoce la existencia de rezagos en caminos, hospitales, escuelas y servicios básicos, el documento evita discutir las causas estructurales de esa precariedad: el clientelismo político, la corrupción en la asignación de contratos, la ausencia de planeación participativa y el enfoque meramente físico de la infraestructura.
El plan no articula una visión de desarrollo con justicia territorial. Persiste en concebir la infraestructura como una lista de obras, sin considerar su dimensión social, cultural, ecológica o de derechos humanos. Mientras miles de comunidades indígenas y rurales continúan sin acceso a servicios esenciales, las líneas rectoras del plan operan como slogans sin anclaje legal, financiero ni comunitario.
No se trata solo de construir más, sino de repensar para quién, con qué criterios y con qué propósito se construye. La infraestructura no puede seguir siendo un instrumento de exclusión ni una fachada para intereses políticos o empresariales. Debe convertirse en una herramienta real de equidad, sostenibilidad y fortalecimiento del territorio.
En síntesis, Veracruz no necesita más concreto sin contenido social; necesita una nueva forma de concebir, planear y ejecutar la obra pública. Una que priorice a las personas, respete los territorios, y combata las brechas históricas con visión de justicia y no con propaganda disfrazada de desarrollo.
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