En una primera entrega analizamos los ejes de pobreza, salud y educación. Tres áreas que exponen las tensiones entre el discurso del bienestar y la realidad estructural de un estado históricamente postergado. En esta segunda parte, nos adentramos en tres dimensiones que, aunque suelen tratarse como complementarias o transversales, deberían entenderse como esenciales para la construcción de un modelo de desarrollo verdaderamente humanista, plural e inclusivo: cultura, vulnerabilidad y el propio enfoque de humanismo mexicano que pretende darle identidad al plan.
Llama poderosamente la atención que estos temas, pese a su potencia transformadora, aparezcan diluidos en el documento entre conceptos genéricos, promesas bienintencionadas y metas vagas. La cultura es abordada casi como un apéndice estético, desconectado de los procesos comunitarios vivos y de las luchas simbólicas por el territorio y la memoria. La vulnerabilidad, en lugar de tratarse como un síntoma de exclusión sistémica, se reduce a una categoría ambigua sin definición clara ni estrategias diferenciadas. Y el humanismo mexicano, supuesto eje articulador del plan, se queda en una noción discursiva sin contenido operativo, sin indicadores ni voluntad de autocrítica.
En esta segunda entrega nos preguntamos: ¿cómo puede hablarse de desarrollo si no se defiende el derecho de los pueblos a contar sus propias historias, a vivir sin miedo ni discriminación, a acceder a políticas públicas con rostro, lengua y cuerpo propio?
¿Cómo puede hablarse de un Veracruz con justicia social si se invisibiliza la cultura viva de comunidades originarias, si se ignoran las condiciones extremas de las personas sin hogar, y si el supuesto humanismo termina siendo una envoltura retórica para políticas inerciales? ¿No es acaso un acto de violencia simbólica tratar estos temas como secundarios en un plan que pretende ser integral?
La cultura no puede ser solo folclor ni escaparate turístico. La vulnerabilidad no puede seguir usándose como sinónimo de clientelismo. Y el humanismo no puede existir sin justicia, sin participación y sin verdad. A lo largo de esta columna, se deconstruyen estas tres dimensiones del plan, se cuestiona su enfoque superficial y se proponen caminos posibles para dotarlas de sentido, fuerza y dirección política real. Porque si estos temas no se asumen como parte medular del desarrollo, el bienestar prometido seguirá estando reservado para unos pocos, mientras se administra la precariedad de las mayorías.
Cultura: Diversidad sin recursos, patrimonio sin protección
En un estado tan culturalmente diverso como Veracruz, el plan reconoce las dificultades de grupos culturales para preservar su identidad. Sin embargo, las estrategias propuestas son tan etéreas como las palabras usadas para describirlas.
El plan reconoce la importancia de la identidad cultural, pero no dice cómo ni con qué recursos. ¿Por qué no se propone un presupuesto fijo del 1% anual para cultura comunitaria, gestionado con convocatorias abiertas y supervisión local?
Un registro estatal de artistas populares, el rescate de espacios culturales abandonados y medios comunitarios gestionados desde las comunidades son pilares posibles si se articula una política pública cultural de abajo hacia arriba. Preservar la cultura no es poético, es urgente.
PROPUESTAS
1. Presupuesto etiquetado para cultura comunitaria: al menos el 1% del presupuesto anual del estado destinado a proyectos culturales locales definidos por convocatoria abierta.
2. Registro estatal de artistas populares: integrar un padrón para financiamiento, capacitaciones, espacios y derechos laborales para creadores urbanos, indígenas y afrodescendientes.
3. Protección legal de lenguas originarias: declarar oficialmente en riesgo a lenguas veracruzanas y generar estrategias para enseñanza escolar bilingüe obligatoria donde se hablen.
4. Recuperación y activación de espacios públicos culturales: transformar inmuebles abandonados en centros comunitarios con gestión vecinal y financiamiento estatal.
5. Televisión y radio comunitaria estatal: crear a través de TVMÁS y otros medios públicos programación hecha por y para las comunidades indígenas y afroveracruzanas.
6. Sistema Estatal de Cultura Viva Comunitaria: inspirado en modelos de América Latina como el de Colombia y Brasil, integrar una red de procesos culturales autónomos con apoyo técnico, financiero y normativo, promoviendo la autogestión y la sostenibilidad cultural.
7. Incentivos fiscales a empresas culturales locales: exención o reducción de impuestos para quienes produzcan o financien eventos, talleres, publicaciones o restauración de patrimonio en zonas marginadas.
8. Red estatal de Casas de la Memoria Popular: museos comunitarios en barrios, ejidos y pueblos, que recopilen la historia local narrada por sus propios habitantes. Coordinación con universidades, historiadores y artistas.
9. Escuelas con enfoque cultural propio: introducir en el currículo contenidos que integren la historia regional, saberes tradicionales, música local, literatura veracruzana y lenguas originarias.
10. Fondo especial de emergencia cultural: para sostener a creadores y gestores culturales en contextos de crisis (pandemias, desastres naturales, violencia) y garantizar continuidad de los procesos comunitarios.
Vulnerabilidad: El cajón de sastre del olvido
Uno de los conceptos más vagos en el diagnóstico es el de “vulnerabilidad”. Se dice que el 20.7% de la población enfrenta carencias sociales múltiples, desde rezago educativo hasta inseguridad alimentaria. Sin embargo, este dato —gravísimo— es tratado como nota técnica, sin un llamado urgente ni una directriz transformadora.
Vulnerabilidad es el concepto más vago: se menciona sin explicar cómo se atenderá, ¿Por qué no se elabora un diagnóstico participativo real con y desde los grupos vulnerables? No bastan los discursos inclusivos. Se necesitan políticas como un programa estatal de cuidadores, escuelas inclusivas por diseño y atención digna a personas en situación de calle. Crear un Observatorio Estatal de Vulnerabilidades permitiría dar seguimiento real a los avances —o retrocesos— en estos temas que siguen tratándose como secundarios.
PROPUESTA
1. Diagnóstico participativo de grupos vulnerables: consultar directamente a personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y minorías para conocer sus barreras y diseñar políticas desde la experiencia real.
2. Atención integral a personas en situación de calle: albergues dignos, programas de rehabilitación, centros diurnos y rutas de reinserción laboral, no solo operativos policiacos.
3. Programa estatal de cuidadores: certificación y pago a personas que cuidan a familiares dependientes, con beneficios laborales, médicos y sociales.
4. Escuelas inclusivas por diseño: infraestructura, material y capacitación docente obligatoria para la inclusión de personas con discapacidad física, visual, auditiva y neurodivergente.
5. Observatorio estatal de vulnerabilidades: seguimiento y evaluación permanente de indicadores sociales, con participación ciudadana y publicación pública obligatoria de avances.
6. Ley estatal de inclusión estructural: obligar a que todos los programas de vivienda, educación, salud y transporte consideren medidas específicas para personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, población LGBTIQ+, mujeres y migrantes.
7. Banca social comunitaria: microcréditos sin intereses ni intermediarios para personas en situación de calle, mujeres violentadas o pueblos originarios, operados desde organizaciones de base.
8. Mapeo de la exclusión territorial: un sistema público de georreferenciación de zonas con mayor exclusión social, para enfocar políticas públicas diferenciadas y dotarlas de seguimiento ciudadano obligatorio.
9. Red de defensoras y defensores comunitarios de derechos sociales: formación y contratación de personas dentro de las comunidades para identificar casos de violación a derechos sociales y acompañar a las víctimas en procesos administrativos y legales.
10. Escuela de políticas públicas desde la experiencia: centro de formación liderado por personas históricamente excluidas que, desde sus vivencias, diseñen soluciones y participen en el ciclo completo de las políticas.
El humanismo: promesa sin rostro
El documento insiste en que todas sus estrategias se enmarcan bajo el lema del “humanismo mexicano”. En teoría, eso significa poner a las personas en el centro de la política pública. En la práctica, sin embargo, el plan se reduce a una exposición de conceptos técnicos, cifras limpias y frases optimistas sin alma, sin metas, sin autocrítica.
En un estado históricamente marcado por el uso clientelar de programas sociales, la opacidad no es inocente, es peligrosa. La falta de mecanismos de evaluación y la ausencia de revisión de los programas anteriores vuelve al diagnóstico una suerte de justificación poshecha, más que una hoja de ruta para cambiar el futuro.
El llamado 'humanismo mexicano' queda como un eslogan vacío si no se traduce en políticas con rostro ¿Qué impide construir una metodología participativa obligatoria para diseñar y evaluar cada programa?
¿Por qué no se establecen indicadores de dignidad humana más allá del ingreso, con medición real del bienestar? El humanismo no puede existir mientras se use el bienestar social como botín electoral. Se necesita una ley estatal que sancione el uso político de los programas sociales y un sistema de evaluación con universidades y ciudadanos que obligue a rendir cuentas con cifras, no solo con discursos.
PROPUESTAS
1. Metodología participativa obligatoria en planeación: presupuestos participativos en municipios, consejos comunitarios de seguimiento y consulta previa a pueblos indígenas.
2. Indicadores de dignidad humana: crear un sistema de medición del bienestar más allá del ingreso (acceso efectivo a justicia, tiempo libre, redes de apoyo, voz política).
3. Ley de protección contra el uso político del bienestar: sancionar con inhabilitación el uso electoral de padrones sociales y establecer blindaje jurídico en la operación de programas.
4. Universidades como evaluadoras del bienestar: convenio con instituciones académicas para monitorear metas sexenales en salud, educación, pobreza y cultura.
5. Agenda pública de rendición de cuentas: que cada seis meses se presenten los avances del plan con foros ciudadanos, datos abiertos, auditorías externas y comparecencias públicas.
6. Carta de Derechos Humanos del Desarrollo: documento vinculante que establezca los mínimos de justicia social, participación, transparencia y equidad que deben cumplir todas las políticas públicas del estado.
7. Consejo Ciudadano del Humanismo: órgano plural, rotativo y con poder deliberativo integrado por comunidades, organizaciones sociales, universidades y personas defensoras de derechos para dar seguimiento ético al plan estatal.
8. Sistema veracruzano de ética pública: con formación obligatoria para todo funcionario en derechos humanos, trato digno, lenguas originarias y perspectiva de género, con evaluación pública de desempeño.
9. Indicadores de justicia territorial: para medir si las regiones históricamente excluidas reciben mayor inversión, más infraestructura pública y mejores condiciones de vida.
10. Cláusulas de revocación ciudadana: si después de dos años no se cumple con el 50% de los indicadores sociales en las regiones prioritarias, los responsables de las dependencias deben rendir cuentas públicas y estar sujetos a remoción.
Este plan, si quiere realmente cumplir con su vocación humanista, debe transitar del diagnóstico maquillado a la acción transformadora. No basta con reconocer problemas: hay que asumir responsabilidades, escuchar al pueblo y adoptar propuestas valientes que rompan con la continuidad de la desigualdad institucionalizada. Veracruz no necesita otro sexenio de gestos, necesita política pública con alma, con dientes, y con resultados. Las ideas están sobre la mesa. Solo falta la voluntad de aplicarlas.
Este plan necesita más que redacción técnica: necesita valentía política para enfrentar a las inercias institucionales, para reconocer el fracaso de modelos anteriores, para construir con las personas y no desde el escritorio. ¿Por qué no incluir en el plan una metodología clara de evaluación participativa? ¿Por qué no crear consejos comunitarios de planeación con facultades deliberativas? ¿Por qué no garantizar la publicación semestral de avances con datos abiertos y comparables? ¿Por qué no establecer cláusulas de revocación administrativa si los indicadores de bienestar no avanzan en zonas prioritarias?
El Plan Veracruzano de Desarrollo tiene cifras, sí, pero no tiene corazón ni crítica. Habla de bienestar, pero no escucha. Propone acciones, pero no enfrenta los obstáculos reales. Es un documento útil para simular, pero no para transformar. Si de verdad la Gobernadora Rocío Nahle quiere marcar una diferencia, debe entender que ya no basta con planear con Excel y palabras grandilocuentes. Se necesita voluntad de ruptura, apertura radical a la ciudadanía, y una decisión firme para poner el interés público por encima de la lógica electoral. Solo así el bienestar dejará de ser una promesa vacía y comenzará a construirse como una política viva, con rostro humano, con justicia territorial, y con esperanza real.
CONCLUSIÓN
El análisis de los tres temas restantes del eje de Bienestar y Humanismo —cultura, vulnerabilidad y el enfoque humanista— confirma una tendencia preocupante: el Plan Veracruzano de Desarrollo no solo padece de falta de metas claras y operativas, sino que además arrastra una visión vertical y tecnocrática del bienestar que margina la riqueza de lo comunitario, lo simbólico y lo diverso. Al tratar la cultura como adorno institucional, la vulnerabilidad como categoría asistencial, y el humanismo como lema vacío, el documento renuncia a una transformación profunda del tejido social veracruzano.
En lugar de revitalizar la diversidad cultural como herramienta de cohesión y resistencia, el plan la convierte en mercancía. En lugar de construir sistemas de protección desde la voz de quienes enfrentan las peores condiciones, se limita a reciclar programas sin rostro. Y en lugar de construir una ética pública basada en la dignidad, se limita a hablar de personas como “grupos objetivo”. Así, el humanismo se disuelve entre tecnicismos y simulaciones.
Pero aún hay tiempo. Veracruz no está condenado a repetir las fórmulas del pasado. La cultura puede y debe ser reconocida como motor del desarrollo, no como ornamento. La vulnerabilidad debe abordarse desde el derecho, no desde la lástima. Y el humanismo solo tendrá sentido si se convierte en política de verdad: con participación comunitaria, con planificación transparente, con presupuestos públicos éticos, con justicia territorial y con memoria histórica.
Esta columna no solo es una crítica, sino un llamado. Un llamado a que el gobierno de Veracruz escuche, rectifique y actúe. A que entienda que ningún plan, por bien escrito que esté, puede sustituir la voluntad real de transformar. Y que, si se quiere hablar de bienestar con honestidad, se debe empezar por dignificar lo que este plan aún trata como marginal.
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