Este viernes 17 de Octubre, entró en vigor el paquete de reformas presidenciales a la Ley de Amparo en todo el país, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Ese instrumento jurídico que por más de un siglo fue el último refugio del ciudadano frente al abuso de autoridad ha sido mutilado. Con la reforma aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso, lo que alguna vez fue llamado “el juicio de garantías” ha sido despojado de su esencia: proteger a las personas de los excesos del poder. Hoy, el amparo ya no es un escudo: es una simulación. Y cuando el derecho se convierte en simulacro, la justicia muere.
¿Cómo se resolverán los asuntos sin tutela judicial efectiva? ¿Qué pasará sin un juicio de amparo independiente, imparcial, capaz de detener los actos autoritarios del poder? Las preguntas ya tienen respuesta: afuera de los tribunales de la Ciudad de México, un abogado fue asesinado. La sangre en la acera simboliza el fin de una era en la que el litigio, y no la violencia, era el medio civilizado para dirimir conflictos. Cuando las sentencias dejan de pacificar las relaciones humanas, la sociedad avanza hacia la paz de los sepulcros.
Durante más de un siglo, el juicio de amparo representó una de las mayores aportaciones de México al constitucionalismo mundial. Inspirado por las ideas liberales de mediados del siglo XIX, fue concebido como una herramienta para limitar al poder.
Nadie, ni el presidente ni el ejército ni los jueces, debía estar por encima de la Constitución. Esa fue la promesa del amparo: que el ciudadano, por más débil que fuera, siempre tendría un juez que lo escuchara.
Hoy, esa promesa ha sido traicionada. La reforma, avalada por Morena y sus aliados, no sólo modifica procedimientos: trastoca principios. Se desdibuja el sentido del juicio. Se castiga la independencia judicial. Se favorece la obediencia política. El gobierno celebra su trofeo, pero el país pierde su escudo.
El mensaje es claro: el poder ya no tolera la disidencia judicial. No quiere jueces incómodos que suspendan decretos arbitrarios ni tribunales que cuestionen políticas públicas fallidas. El nuevo orden exige subordinación. Quien no obedezca será sustituido, y quien se atreva a resolver contra el gobierno enfrentará el acoso, el desprestigio o el despido.
El elemento más letal de la reforma está en la limitación de las suspensiones. Sin suspensión, el amparo se convierte en papel mojado. Pensemos en una persona a la que un hospital público le niega quimioterapia. Si el juez no puede otorgar una medida cautelar que obligue al hospital a darle tratamiento, el proceso, por más sólido que sea, será inútil: el paciente habrá muerto antes de obtener sentencia.
La reforma endurece las condiciones para conceder suspensiones. Introduce requisitos vagos y discrecionales —como la obligación de que la suspensión “no prive a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden”— y amplía las llamadas “disposiciones de orden público” para impedir su otorgamiento. Es decir, todo acto del gobierno, por absurdo que sea, podrá justificarse bajo el argumento de que afecta al “interés social”. El Estado contra el individuo, con la ley en la mano.
Este diseño no es accidental. Es un regreso a la lógica del presidencialismo autoritario. En lugar de un equilibrio entre derechos individuales e interés colectivo, se impone un dogma: el interés del Estado es absoluto, los derechos son relativos. Esa es la semilla de toda dictadura jurídica.
La perversión alcanza su máxima expresión en los casos de bloqueo de cuentas bancarias. La Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar unilateralmente recursos, y la persona afectada —que muchas veces ni siquiera ha sido acusada de delito alguno— no podrá acceder a ellos mientras se tramita su amparo. La suspensión provisional está prohibida, y la definitiva dependerá de que el afectado demuestre que su dinero es lícito.
El principio de presunción de inocencia se invierte: ahora el ciudadano es culpable hasta probar lo contrario. El gobierno no necesita justificar su abuso; basta su sospecha. La ley convierte la arbitrariedad en norma y la indefensión en política de Estado.
Así, un error burocrático o un exceso político puede arruinar la vida de una persona. Empresas pueden quebrar, familias pueden perder su patrimonio, y todo bajo el argumento de que “no se afecta el interés social”. La justicia se convierte en un privilegio, no en un derecho.
Como si lo anterior no bastara, la reforma consuma un fraude constitucional: la retroactividad encubierta. Bajo el disfraz de que la Ley de Amparo es “procesal”, se permite aplicar las nuevas reglas a juicios ya iniciados. La maniobra fue orquestada por Arturo Zaldívar, quien transformó su conocimiento jurídico en instrumento político. Se invocan precedentes de la Corte para justificar lo injustificable: violar el artículo 14 constitucional y alterar las reglas del juego a mitad del partido.
Esta trampa permitirá que personas y empresas que ya habían obtenido suspensiones favorables las pierdan. Significa que el gobierno podrá revertir decisiones judiciales incómodas y aplicar retroactivamente restricciones. Es una burla al principio de certeza jurídica, piedra angular del Estado de Derecho.
Max Weber dijo que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia. Pero ese monopolio sólo se justifica cuando existe justicia independiente. Cuando la justicia es simulada, el poder pierde legitimidad y la violencia se fragmenta. En México, esa fragmentación ya ocurrió. En vastas regiones del país, las deudas se cobran con armas, no con sentencias; los conflictos se resuelven con sicarios, no con jueces.
Morena ha hecho su contribución a ese desorden: destruyó el último mecanismo institucional que contenía la barbarie. Si el ciudadano ya no confía en los tribunales, acudirá a la justicia por mano propia. Y donde el derecho no llega, llegan los fusiles.
La reforma no sólo afecta la ley: altera la composición del poder judicial. En el sorteo y elección popular de jueces, disfrazado de “democratización”, se esconde una purga. Los jueces independientes serán desplazados por jueces de consigna. Peor aún: algunos provienen de grupos religiosos con doctrinas particulares, como la iglesia La Luz del Mundo. ¿Cómo garantizarán la imparcialidad y la laicidad del Estado? ¿Resolverán conforme a la Constitución o conforme al “manual del pastor”?
El artículo transitorio que habla de resolver conforme a “la doctrina y la jurisprudencia” es una aberración conceptual. ¿Qué doctrina? ¿La de Naasón Joaquín García, el líder religioso condenado por abuso sexual? Los grandes juristas mexicanos —Fix Zamudio, Ignacio Burgoa, García Máynez— estarían horrorizados. Les han escupido en su obra.
México ha firmado tratados internacionales que exigen garantías judiciales efectivas: el Pacto de San José, los compromisos del TMEC, la Convención Americana de Derechos Humanos. La reforma a la Ley de Amparo viola todos esos estándares. Tarde o temprano, los tribunales internacionales —la Corte Interamericana, los paneles del TMEC— condenarán al Estado mexicano por su regresión autoritaria.
No se trata sólo de un debate jurídico. Se trata de la reputación de México como país democrático. Un país donde la justicia no protege al débil frente al fuerte deja de ser Estado de Derecho y se convierte en un Estado de impunidad.
El oficialismo podrá sentirse satisfecho. Han capturado el Poder Judicial, silenciado a los jueces y deformado el amparo. Pero la historia enseña que la justicia, aunque la entierren, resucita. Cuando los tribunales se someten, surgen los abogados valientes, los académicos que documentan el abuso, los jueces que aún se atreven.
México entra en una nueva etapa: la del duelo jurídico. Las sentencias ya no pacifican; los juicios se parecen a duelos del viejo oeste. Muerte, sangre y desconfianza. Pero incluso en ese desierto, la verdad encontrará su cauce.
Los ríos de la justicia, aunque hoy estén represados, tarde o temprano desbordarán las murallas del poder.
La reforma a la Ley de Amparo no es un error técnico: es una declaración política. Es el manifiesto de un gobierno que no tolera el control constitucional y que confunde legitimidad electoral con impunidad. Ha querido reescribir la historia de las libertades mexicanas. Pero el juicio de amparo —ese invento genial de nuestros liberales— no morirá del todo. Podrán asesinarlo en el papel, pero no en la conciencia de quienes creen en la justicia.
Porque toda sociedad que pierde la fe en sus jueces termina buscándola en las calles, en los templos o en la violencia. Y cuando eso ocurre, como advirtió el propio Weber, el Estado ya no tiene el monopolio de la fuerza: lo comparten los delincuentes.
México no puede resignarse a ese destino. Pero hoy, tristemente, lo estamos viendo comenzar.
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