En Veracruz, la corrupción no solo se mide en escándalos mediáticos ni en funcionarios que se enriquecen de la noche a la mañana: también se traduce en miles de millones de pesos que año tras año se esfuman del erario y de los bolsillos de los ciudadanos. Según la International Chamber of Commerce México (ICC México), la corrupción equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es decir, pérdidas cercanas a 500,000 millones de pesos anuales (ICC México, Día Internacional contra la Corrupción, 2023).
Si llevamos esa estimación al ámbito estatal, el costo para Veracruz ronda los 53,400 millones de pesos cada año, tomando como base el PIB local de 2023 (1,068,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras del INEGI). Esa suma monumental podría transformar la realidad del estado: bastaría para garantizar medicamentos en todos los hospitales durante una década, financiar más de 1,000 escuelas equipadas con tecnología moderna o resolver la falta de agua potable en miles de comunidades rurales. Pero en lugar de traducirse en bienestar, se desvanece en sobornos, sobrecostos, contratos amañados y empresas fantasma.
El sector privado lo sabe y lo padece: diversas cámaras empresariales han denunciado que las compañías en Veracruz deben destinar hasta un 20 % de sus ingresos en “moches” para obtener contratos de obra pública o acelerar trámites (Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, 2023). Este lastre erosiona la competitividad, desalienta la inversión y reduce la capacidad de generar empleos de calidad. Mientras las empresas honestas se ven obligadas a jugar en desventaja, aquellas con conexiones políticas multiplican sus ganancias gracias a la corrupción institucionalizada.
La ciudadanía también resiente estos costos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI, el 26.19 % de la población veracruzana declaró haber sido víctima directa de un acto de corrupción al realizar trámites o pagos a servidores públicos, con un costo promedio de $3,783 por evento. Para miles de familias que viven con el salario mínimo, esa cantidad representa semanas de ingreso.
El 81.5% de los veracruzanos considera que la corrupción es “frecuente o muy común”. Y lo más grave: no afecta a todos por igual. Golpea con mayor fuerza a la población más vulnerable, profundizando la desigualdad y violando derechos humanos básicos. Cada peso desviado significa una clínica rural sin medicamentos, una carretera inconclusa o una escuela sin mantenimiento.
La impunidad hace el resto. Según México Evalúa, la tasa de impunidad en México alcanzó el 96.3 % en 2022 (Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías). En Veracruz, fue de 91.44 % en 2023. Por delitos específicos, las cifras son aún más alarmantes: homicidios dolosos (98.99 % sin castigo), extorsión (99.81 %), violencia familiar (99.43 %), abuso sexual (99.26 %) y feminicidios (100 % de 2019 a 2023), de acuerdo con Impunidad Cero. Esto significa que, de 346 feminicidios registrados en ese periodo, ninguno fue vinculado a proceso. La probabilidad total de esclarecimiento de un delito en Veracruz es de apenas 1.04 %.
La corrupción no solo se manifiesta en desvíos presupuestales o en sobrecostos de obras públicas: también abre la puerta a un fenómeno cada vez más extendido en Veracruz, el de la extorsión y el cobro de piso. En el norte del estado, particularmente en Poza Rica, Tuxpan, Papantla y Álamo, la vida económica se encuentra asfixiada por lo que empresarios llaman un “impuesto criminal”. No se trata de casos aislados: es un sistema paralelo de recaudación que los grupos delictivos ejercen con la complicidad de autoridades municipales y estatales que prefieren mirar hacia otro lado.
El reportaje de Milenio (agosto 2025) lo describe con crudeza: pequeños negocios como pollerías, verdulerías, peluquerías, panaderías o taxis deben pagar cuotas mensuales que van desde los 1,200 hasta los 34,000 pesos, dependiendo del giro y el tamaño del establecimiento. Para muchos comerciantes, pagar no es una opción: es la única manera de seguir trabajando y, en ocasiones, de seguir con vida.
El panorama es todavía más preocupante cuando se observa cómo estas redes se administran incluso desde los penales. Tras el motín de Tuxpan en agosto de 2025, se reveló que internos afines al Grupo Sombra (Mafia Veracruzana) coordinaban desde la cárcel el cobro de piso y hasta ordenaban ejecuciones, como la del caso de la maestra jubilada Irma Hernández, forzada a grabar un video pidiendo que se pagara la cuota “correcta” antes de ser asesinada. El mensaje es claro: la extorsión se ha institucionalizado en la vida diaria, penetrando calles, comercios y hasta las cárceles.
Este esquema criminal no sería posible sin el manto de impunidad que cubre a las organizaciones. Comerciantes de la región han documentado cómo las extorsiones se realizan a plena luz del día, en mercados y negocios, con policías municipales pasando frente a los locales como simples espectadores. Algunos agentes incluso han sido señalados como intermediarios entre los grupos criminales y los comerciantes, garantizando que las cuotas se cobren puntualmente.
La extorsión no es un delito aislado: es la consecuencia directa de la corrupción estructural. Mientras los funcionarios públicos usan el presupuesto como botín, los grupos criminales usan a la población como fuente de ingresos. En ambos casos, la víctima es la misma: el ciudadano común que ve cómo su trabajo y sus recursos terminan financiando un sistema que lo condena a la precariedad y al miedo.
Los ejemplos abundan y encajan en el mismo patrón: obras infladas, contratos amañados y proyectos inconclusos. El “Nido del Halcón” o Arena Macuiltépetl, presentado en 2022 como obra emblemática con un costo inicial de 724 millones de pesos, hoy acumula más sobrecostos de 200 millones, pagos sin comprobar y tala ilegal de 89 árboles, todo ello sin contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (Orfis, Informe de Fiscalización 2023). El estadio Luis “Pirata” Fuente repite la historia: miles de millones invertidos, fallas estructurales, filtraciones y materiales de baja calidad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Orfis han documentado también desvíos multimillonarios en salud y educación, así como contratos adjudicados a empresas fantasma, mientras que la Contraloría General del Estado reportó más de 1,500 sanciones por irregularidades entre 2018 y 2023. Sin embargo, la mayoría de los responsables sigue libre y en funciones.
El contraste es insultante. Mientras se desvían recursos y se abandonan obras, la élite política veracruzana presume viajes al extranjero, hospedándose en hoteles de lujo y trasladándose en jets privados (investigaciones de medios locales, 2024). Todo esto en un estado donde 4 de cada 10 habitantes viven en pobreza y más del 30 % carece de servicios básicos como agua o drenaje (INEGI, 2025).
La conclusión es inevitable: la corrupción en Veracruz no es un accidente ni un conjunto de malas decisiones. Es un sistema diseñado para saquear y perpetuar la impunidad. El costo no se mide solo en miles de millones perdidos, sino en derechos negados, vidas precarizadas y generaciones condenadas a heredar pobreza y desigualdad.
Cada peso desviado de un hospital significa un niño sin medicamento, una mujer sin atención durante el parto o un adulto mayor sin tratamiento. Cada peso robado de la educación se traduce en aulas sin equipamiento, maestros sin recursos y estudiantes que crecen con menos oportunidades. Y cada peso inflado en obra pública es un camino inconcluso, un puente inseguro o un estadio que se convierte en símbolo de despilfarro. El dinero robado no es abstracto: son vidas concretas deterioradas.
Los 53,400 millones de pesos que la corrupción cuesta cada año a Veracruz equivalen al presupuesto anual de varias secretarías juntas. Es un monto suficiente para resolver la escasez de agua potable en todo el estado, construir cientos de kilómetros de carreteras rurales o garantizar medicamentos universales en los hospitales. Pero ese dinero nunca llega a donde más se necesita porque se queda atrapado en la red de favores, moches y contratos amañados.
Mientras tanto, la impunidad envía un mensaje devastador: que en Veracruz se puede robar, desviar y engañar sin enfrentar consecuencias. La tasa de esclarecimiento de delitos —apenas 1.04 %— confirma que el aparato de justicia no está al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de quienes ostentan el poder. Y cuando la justicia se convierte en cómplice, la corrupción deja de ser un desvío para convertirse en el modo de operación del Estado.
No podemos perder de vista que la corrupción no solo afecta la economía: también alimenta la violencia y la inseguridad. Los sobornos permiten que criminales evadan sanciones, que policías miren hacia otro lado y que redes delictivas sigan operando con protección institucional. En un estado donde cuatro de cada diez habitantes viven en pobreza y más del 30 % carecen de servicios básicos, la corrupción no es solo inmoral: es criminal.
El costo social de este fenómeno se mide en desconfianza. El 81.5 % de los veracruzanos cree que la corrupción es frecuente o muy común. Esa percepción erosiona la legitimidad de cualquier gobierno y alimenta el cinismo ciudadano: la sensación de que “nada va a cambiar”. Y mientras predomine la resignación, el sistema seguirá funcionando con la misma eficiencia para quienes lo saquean.
El reto, por tanto, no es solo castigar a los culpables, sino romper el círculo de tolerancia social a la corrupción. La indignación ya no basta; se requiere organización ciudadana, presión constante y mecanismos reales de vigilancia y sanción. Veracruz no puede seguir normalizando que los recursos públicos sean botín de unos cuantos.
Si la corrupción cuesta 53,400 millones de pesos al año, el costo de no actuar será mucho mayor: un futuro hipotecado, generaciones enteras atrapadas en la pobreza y una democracia vacía de contenido. La elección que tenemos enfrente es clara: o seguimos pagando la factura de la impunidad, o construimos un estado donde los recursos sirvan al pueblo y no a las élites que se han acostumbrado a saquearlo.
|
|
