La corrupción en México no es un accidente ni una tormenta que estalla de forma inesperada. Es un clima permanente que impregna cada rincón de la vida pública, un sistema que no solo sobrevive a los cambios de gobierno, sino que se fortalece con ellos. En nuestro país, este clima se ha convertido en un verdadero ecosistema en el que políticos, empresarios y grupos criminales coexisten, negocian y se protegen entre sí, mientras la ciudadanía paga las consecuencias en forma de servicios deficientes, inseguridad y desigualdad.
Lo que en el discurso oficial actualmente se presenta como “transformación” es, en realidad, un proceso de renovación de las mismas redes que históricamente han saqueado al estado. La narrativa del cambio sirve de cortina de humo para prácticas que se repiten: contratos amañados, adjudicaciones directas, nepotismo descarado y complicidades que traspasan partidos y administraciones. Cambian los nombres, cambian los slogans, pero los resultados para la gente son los mismos: promesas rotas y recursos desviados.
La historia reciente de México ofrece ejemplos claros de que la corrupción no conoce colores partidistas. La Casa Blanca de Peña Nieto, construida por un contratista favorecido, mostró cómo la impunidad se impone incluso en los más altos niveles. En Veracruz, el sexenio de Javier Duarte dejó un saqueo sin precedentes, con empresas fantasma. Durante el gobierno de Vicente Fox, los hijos de Martha Sahagún aprovecharon su cercanía con el poder para obtener contratos millonarios, mientras en el sexenio de Felipe Calderón la Estela de Luz se convirtió en monumento al sobrecosto y la opacidad. Casos como Odebrecht y la Operación Safiro demostraron que las redes de corrupción atravesaron gobiernos priistas y panistas sin consecuencias reales. Estos episodios no son fallas aisladas: son parte de un patrón histórico que hoy, con nuevos nombres, sigue repitiéndose.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso Odebrecht se convirtió en emblema de la corrupción global conectada con la política mexicana. A la par, la Estafa Maestra evidenció cómo secretarías federales como Sedesol y Sedatu desviaron más de 7,600 millones de pesos mediante universidades públicas y empresas fantasma, dejando programas sociales incompletos y miles de beneficiarios sin apoyo.
En esa misma administración, las compras de Agro Nitrogenados y Fertinal revelaron cómo Pemex pagó más por plantas prácticamente inservibles, beneficiando a corporativos privados y a funcionarios cómplices. En el ámbito estatal, Javier Duarte perfeccionó el uso de empresas fantasma para desviar miles de millones del erario, y su gestión es recordada como una de las más corruptas y dañinas para Veracruz.
En gobiernos del PAN, los patrones no fueron distintos. El caso Oceanografía, vinculado a administraciones panistas y priistas, mostró contratos inflados con Pemex y Banamex, mientras que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, beneficiando negocios familiares y ocultando fortunas en el extranjero. En Hidalgo, se reveló que el ISSSTE adquirió medicamentos con sobreprecios de hasta 300 %, triangulando recursos a proveedores fantasma.
Estos ejemplos confirman que el esquema es siempre el mismo: se eligen sectores con alto presupuesto —energía, salud, infraestructura—, se inflan contratos o se asignan directamente a empresas sin capacidad real, muchas veces creadas exclusivamente para el fraude. El sobrecosto en obras públicas se justifica con ampliaciones presupuestales, las empresas incumplen plazos y calidades, y aun así reciben pagos completos. Las auditorías llegan tarde, cuando el dinero ya es disperso en paraísos fiscales o propiedades de lujo.
En Veracruz, el saqueo es tan viejo como la política misma, pero lo que debería escandalizarnos es que en pleno 2025 ya no sorprenda. La normalización de la corrupción es el triunfo más perverso de este sistema. Nos hemos acostumbrado a ver hospitales sin medicamentos, escuelas sin mantenimiento, carreteras que se inauguran a medias y megaproyectos que sirven más para enriquecer a contratistas que para resolver problemas reales. Lo indignante ya no indigna: se asume como “lo de siempre”.
El daño no es solo económico, aunque este sea inmenso. Cada peso desviado de su objetivo original es un golpe directo a los derechos más básicos de la población: salud, educación, vivienda, seguridad. Cuando una comunidad no recibe agua potable porque el presupuesto se desvió, cuando un hospital no puede atender porque no hay medicinas, cuando una obra pública se detiene por sobrecostos y corrupción, estamos frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Veracruz debería ser un ejemplo de prosperidad. Tiene recursos naturales, una ubicación estratégica para el comercio, un potencial turístico enorme y una riqueza cultural que pocos estados pueden presumir. Sin embargo, todo ese potencial se ve frenado por un aparato político-administrativo que premia la lealtad al grupo sobre la capacidad técnica, que castiga al denunciante y que protege a los operadores del saqueo. Lo que debería ser un motor de desarrollo se ha convertido en una maquinaria para la acumulación privada de lo público.
El acceso a la información, que podría ser un arma ciudadana contra la corrupción, no ha sido suficiente. Tenemos más datos que nunca: auditorías, informes, investigaciones periodísticas, filtraciones y denuncias en redes sociales. Sabemos nombres, cifras y fechas. Y aun así, la impunidad persiste. Esto revela un problema de fondo: en Veracruz, la transparencia no garantiza justicia, porque los mismos que controlan la información controlan también las instituciones que deberían castigar a los corruptos.
La saturación de escándalos ha generado un efecto preocupante: la fatiga social. Nos indignamos, compartimos la noticia, discutimos un par de días y pasamos al siguiente caso. Mientras tanto, los responsables permanecen intocados, ocupando cargos públicos o encontrando nuevas posiciones desde las que seguir operando. La corrupción no solo roba recursos: roba la capacidad de la sociedad para reaccionar.
A esta dinámica se suma la impunidad casi absoluta que caracteriza al estado. Las cifras oficiales muestran que más del 90 % de los delitos en Veracruz quedan sin castigo, y en algunos rubros, como los feminicidios, la impunidad ha llegado al 100 % en los últimos años. Esto no es solo debilidad institucional: es complicidad. Es el mensaje claro de que, si formas parte de la red correcta, puedes violar la ley sin consecuencias.
En este contexto, la corrupción deja de ser una desviación del sistema y se convierte en el sistema mismo. No es una anomalía que corregir, sino la norma bajo la cual se gobierna. Es una herramienta para mantener el poder, para financiar campañas, para comprar voluntades y para garantizar lealtades. Y mientras esta lógica se mantenga, cualquier política anticorrupción será apenas un maquillaje sobre un cuerpo enfermo.
La gran pregunta es si como sociedad estamos dispuestos a romper este ciclo. Porque el costo de hacerlo no es bajo: implica confrontar a quienes han vivido de la corrupción durante décadas, desmontar las redes de impunidad, reformar instituciones y soportar la resistencia de quienes perderían privilegios. Pero el costo de no hacerlo es aún mayor: un Veracruz condenado a seguir perdiendo su riqueza, su potencial y su dignidad, sexenio tras sexenio.
La fotografía de la corrupción en Veracruz no está compuesta solo por los grandes escándalos que ocupan titulares, sino por una sucesión constante de casos en múltiples áreas del gobierno y la vida pública. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, el 26.19 % de la población veracruzana declaró haber sido víctima directa de un acto de corrupción en el último año, con un costo promedio de $3,783 por evento. Estos números no solo confirman la gravedad del problema: explican por qué los casos que salen a la luz son apenas la punta del iceberg.
En la última década, independientemente del partido en el poder, la corrupción en México ha mantenido un patrón que se repite con precisión alarmante: saqueo de recursos públicos, creación de redes de empresas fantasma y sobrecostos en obra pública. Ni el PRI, ni el PAN, ni MORENA, ni las nuevas fuerzas políticas han roto esta mecánica; por el contrario, la han perfeccionado y adaptado a sus propios intereses.
El hilo conductor entre estos casos es la impunidad. Funcionarios acusados obtienen amparos, negocian reducciones de penas o aprovechan vacíos legales para regresar a la vida pública. El mensaje a la ciudadanía es claro: no importa quién gobierne, el sistema está diseñado para proteger a los corruptos y castigar, cuando mucho, a piezas menores. Mientras tanto, hospitales siguen sin medicinas, carreteras quedan inconclusas y escuelas operan con carencias, recordando que el costo real de la corrupción no se mide solo en millones desviados, sino en derechos negados y oportunidades perdidas.
En el ámbito educativo, el reciente escándalo de las cooperativas escolares expuso un entramado de desvíos y manejo opaco de recursos que involucra directamente a funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Más de 30 millones de pesos desaparecieron de las cuentas de cooperativas de secundarias, telesecundarias y bachilleratos en enero de 2025, reduciendo los fondos de $16.3 millones a apenas $2.2 millones en cuestión de días. Este vacío dejó sin recursos a los planteles para mantenimiento e inspecciones, mientras el dinero era transferido a una asociación civil fantasma.
En el núcleo del gobierno estatal, el nombre de Eleazar Guerrero Pérez ha sido sinónimo de influencia política y señalamientos por nepotismo y corrupción. Primo del exgobernador Cuitláhuac García —aunque él lo niegue—, Guerrero Pérez colocó a familiares en puestos clave y dirigió la asociación Unidos Todos, utilizada para operar políticamente a favor de Morena desde dependencias oficiales. Denuncias del empresario Arturo Castagné afirman que está bajo investigación de la DEA por lavado de dinero y manejo de recursos ilícitos, incluyendo transferencias a paraísos fiscales desde cuentas en Taiwán.
Sus vínculos con contratistas como Araly Rodríguez Vez, empleada de la SEV en Poza Rica quien recibió más de millones de pesos en contratos sin licitación y cuyo domicilio fiscal es una miscelánea en Xalapa, refuerzan la percepción de que en Veracruz el tráfico de influencias es una moneda corriente.
El Poder Judicial del estado tampoco escapa a este panorama. Desde 2020, más de 200 casos de presunta corrupción han sido documentados entre jueces y magistrados, incluyendo moches, favoritismo político y solicitudes de dinero a cambio de resoluciones favorables. La opacidad en estos procesos erosiona aún más la confianza ciudadana y fortalece las redes de impunidad que operan desde los tribunales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) también se ha visto envuelta en acusaciones de complicidad con redes de corrupción y encubrimiento. Casos como la relación entre fiscales y el abogado Juan Luis Guzmán Escobar incluyen filtraciones de documentos confidenciales, obstrucción de justicia y protección a un falso cirujano acusado de homicidio culposo. La fiscal general Verónica Hernández Giadáns ha sido señalada por omisiones graves y por mantener un aparato institucional que, en lugar de perseguir delitos, parece dedicado a proteger a ciertos actores.
En el ámbito de la educación superior, varios tecnológicos enfrentan denuncias de abuso de poder, acoso sexual, nepotismo y manejo irregular de fondos. Funcionarios sin cédula profesional ocupan cargos clave, en una muestra más de cómo la corrupción degrada no solo las finanzas, sino la calidad académica y la integridad de las instituciones.
La corrupción también alcanza niveles municipales y laborales, como lo demuestran las bloqueras de Perote, donde empresas operan sin permisos ni medidas de seguridad. Incluso en el sector de seguridad y comercio exterior, la corrupción ha encontrado espacio para operar. El caso de Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de aduanas acusado de contrabando de hidrocarburos y pepino de mar, mostró la conexión entre funcionarios y redes de huachicol. Pese a las denuncias de la Sedena, Madero fue exonerado judicialmente, dejando en entredicho la efectividad de la militarización de aduanas como estrategia anticorrupción.
Estos casos, sumados a obras públicas infladas como el Nido del Halcón y el estadio Luis “Pirata” Fuente, o al desvío multimillonario en el sector salud documentado por la ASF, pintan un panorama en el que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino un sistema integrado que abarca todas las áreas de gobierno. La magnitud del problema no solo se mide en pesos y centavos, sino en la degradación institucional, la desconfianza ciudadana y la perpetuación de la desigualdad.
En Veracruz, las cifras son claras: más del 80 % de la población cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente, y la tasa de impunidad supera el 90 % en la mayoría de los delitos. Con este nivel de tolerancia y ausencia de castigo, cada nuevo escándalo no es una excepción, sino una confirmación de que el sistema sigue funcionando tal y como fue diseñado: para beneficiar a unos pocos a costa de todos los demás.
La corrupción en Veracruz no es un accidente aislado ni una suma de malas decisiones administrativas. Es un sistema que ha madurado con el tiempo, que ha aprendido a adaptarse a los cambios de gobierno y que ha convertido a la impunidad en su principal escudo. Está tejida en la forma en que se licitan las obras, en cómo se adjudican contratos, en la protección que reciben quienes se benefician de estas prácticas y en la indiferencia institucional ante las víctimas.
Cuando un ciudadano paga una mordida para agilizar un trámite o un empresario entrega un soborno para asegurar un contrato, podría parecer que se trata de un acto menor comparado con los desfalcos millonarios. Sin embargo, ambos son eslabones del mismo mecanismo: uno que normaliza la ilegalidad, erosiona la confianza social y perpetúa la idea de que el Estado es un botín. No hay acto de corrupción que no se alimente de esta cultura de resignación y tolerancia.
Los datos más recientes muestran una realidad brutal. Más de una cuarta parte de los veracruzanos ha sido víctima directa de corrupción en trámites o pagos a funcionarios, y en muchos casos el costo de ese acto ilícito representa un golpe fuerte para familias que ya viven en condiciones precarias. No se trata solo de dinero perdido: cada peso que se desvía o se cobra indebidamente es un peso que deja de invertirse en beneficio de la sociedad.
La impunidad es el cemento que mantiene de pie esta estructura. Con tasas que superan el 90 % en casi todos los delitos, y que llegan al 100 % en feminicidios en los últimos años, el mensaje que reciben los corruptos y los criminales es claro: aquí no pasa nada. Este panorama no solo desalienta las denuncias, sino que refuerza la percepción de que la ley existe para los débiles y estorba a los poderosos.
Lo más preocupante es que este sistema se ha vuelto funcional para quienes ocupan cargos de poder. La corrupción no es un obstáculo para gobernar, sino una herramienta para mantener lealtades, financiar campañas y consolidar redes políticas. En este contexto, cualquier intento de reforma que no incluya un cambio profundo en la cultura institucional está condenado al fracaso. Las leyes pueden ser impecables, pero si quienes deben aplicarlas forman parte del problema, seguirán siendo letra muerta.
Frente a esta realidad, la ciudadanía no puede conformarse con indignarse en redes sociales o esperar que el cambio venga desde arriba. La experiencia internacional demuestra que los países que han reducido de manera sostenida la corrupción lo han hecho con una sociedad civil organizada, vigilante y activa. La participación ciudadana no es un complemento opcional; es el núcleo de cualquier estrategia efectiva contra este mal. Sin presión social constante, la política anticorrupción se convierte en un discurso vacío.
Sin embargo, también es cierto que la ciudadanía necesita herramientas para participar de forma efectiva. Acceso a información clara, protección para denunciantes, educación cívica desde la infancia y espacios de control real sobre el gasto público son elementos que pueden transformar la indignación en acción concreta. No basta con señalar los problemas: hay que tener la capacidad de fiscalizarlos y de castigar a quienes los cometen.
El costo de no actuar es demasiado alto. Cada año que pasa sin cambios profundos, Veracruz se hunde un poco más en un círculo de pobreza, inseguridad y desigualdad. La corrupción no solo roba dinero: roba oportunidades de desarrollo, condena a comunidades enteras a la marginación y deja sin futuro a las nuevas generaciones. Es, en esencia, un problema de derechos humanos, porque priva a la gente de servicios, justicia y dignidad.
Los ejemplos de países que han logrado avanzar son una prueba de que no es imposible. Con voluntad política, presión social y mecanismos sólidos de transparencia, es posible cambiar la narrativa. Veracruz podría dejar de ser un caso emblemático de saqueo y convertirse en un ejemplo de recuperación institucional. Pero para ello, la exigencia debe ser innegociable: tolerancia cero a la corrupción, sin importar el cargo, la trayectoria o las alianzas políticas de quien la cometa.
Al final, la pregunta que queda es si como sociedad estamos dispuestos a asumir el costo del cambio. Porque combatir la corrupción no es solo tarea de las autoridades: requiere ciudadanos dispuestos a exigir, a participar y a no dejarse comprar por las pequeñas ventajas que ofrece el sistema corrupto. El futuro de Veracruz —y de México— dependerá de si podemos romper con esta cultura de impunidad o si seguiremos repitiendo la misma historia, sexenio tras sexenio, hasta que ya no quede nada que saquear.
Y es aquí donde las cifras hablan con crudeza. Los datos de la ENCIG 2023 del INEGI revelan que en materia de corrupción en Veracruz el 26.19 % de la población ha vivido un acto de este tipo al tratar con servidores públicos. El 81.5 % de los veracruzanos considera que la corrupción es frecuente o muy común. Estos números no son solo estadísticas: son el retrato de una herida abierta que sangra todos los días y que, como veremos en la siguiente entrega, tiene un precio altísimo en vidas, oportunidades y dignidad.
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