Claudia Sheinbaum cometió uno de los errores más graves que puede cometer un gobernante en una democracia: utilizar el poder presidencial para señalar públicamente a un medio de comunicación y pedirle a la población que deje de verlo.
La frase quizá para algunos pareció menor, una simple reacción en medio de la tensión con Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca, pero en realidad representa algo mucho más profundo y peligroso: el avance de una visión autoritaria donde el gobierno comienza a asumir que puede decidir qué voces son legítimas y cuáles deben ser desacreditadas desde el poder.
Porque aquí no se está hablando de simpatías.
No se trata de defender a TV Azteca, ni de convertir a Ricardo Salinas en mártir. Se trata de defender algo muchísimo más importante: el derecho de los ciudadanos a informarse libremente sin que el gobierno intervenga para decirles qué medio deben consumir y cuál deben rechazar.
El problema no es solamente la frase de Sheinbaum. El problema es todo lo que representa.
Porque cuando una presidenta utiliza la conferencia oficial más poderosa del país para pedir que no se vea un medio de comunicación, está enviando un mensaje brutal a todos los medios, periodistas y comunicadores de México: “si me criticas, usaré el poder presidencial para desacreditarte públicamente”.
Eso no ocurre en democracias sanas. Eso ocurre en gobiernos obsesionados con controlar la narrativa. La presidenta intentó suavizar el escándalo diciendo que “no es censura, es una opinión”. Pero esa defensa resulta profundamente hipócrita. Claudia Sheinbaum no es una ciudadana cualquiera opinando desde su casa o escribiendo en redes sociales.
Es la titular del Poder Ejecutivo federal. Habla desde Palacio Nacional, con recursos públicos, con transmisión nacional y con el peso completo del aparato gubernamental detrás de cada palabra. Por eso sus declaraciones no son simples opiniones personales. Son mensajes políticos emitidos desde el centro del poder.
Y ahí está precisamente el verdadero peligro. Porque la censura moderna ya no siempre llega con periódicos clausurados o soldados entrando a redacciones. La censura del siglo XXI es mucho más sofisticada. Comienza desacreditando periodistas desde el poder. Continúa señalando medios incómodos.
Después vienen las campañas de odio digital impulsadas por simpatizantes oficiales. Luego aparecen auditorías selectivas, presiones económicas, ataques coordinados y amenazas disfrazadas de “debate público”.
Todo empieza igual: el gobierno intentando convencer a la población de que solo existe una verdad válida, la del régimen. La frase de Sheinbaum además confirma algo que cada vez resulta más evidente: Morena se está volviendo peligrosamente intolerante a la crítica.
Durante años criticaron a gobiernos anteriores acusándolos de represores, censores y autoritarios.
Decían defender las libertades, el debate abierto y la pluralidad. Pero hoy, desde el poder, reaccionan exactamente igual frente a los medios incómodos.
Si una televisora cuestiona al gobierno, entonces es “corrupta”. Si un periodista investiga, entonces es “vendido”. Si una columna critica, entonces es “golpismo”. Si un medio exhibe contradicciones, entonces es “parte de una conspiración”.
La lógica es aterradora: cualquier crítica al oficialismo automáticamente se convierte en un ataque contra “el pueblo”. Y eso es exactamente lo que hacen los gobiernos autoritarios. El problema para Sheinbaum es que México no es propiedad de Morena.
El país no le pertenece al gobierno. La conversación pública no debe estar controlada por Palacio Nacional.
Los ciudadanos tienen derecho a escuchar versiones distintas, incluso aquellas que incomodan al poder. La libertad de expresión no existe para proteger discursos cómodos. Existe precisamente para proteger las voces críticas.
Porque defender la libertad de expresión solamente cuando hablan quienes coinciden con el gobierno no es defender libertad alguna. Eso se llama propaganda.
Lo más preocupante es que esta postura presidencial ocurre en un país extremadamente peligroso para ejercer el periodismo. México continúa siendo uno de los lugares más riesgosos del mundo para periodistas y comunicadores. Reporteros son asesinados, amenazados, desplazados o intimidados constantemente. En ese contexto, que la presidenta utilice el aparato presidencial para atacar mediáticamente a un medio de comunicación manda un mensaje gravísimo.
Desde el poder se normaliza la confrontación contra la prensa. Y aunque Sheinbaum intente disfrazarlo como “derecho de réplica”, la realidad es otra: el gobierno federal posee una maquinaria de comunicación infinitamente superior a cualquier medio individual.
Tiene conferencias diarias, canales oficiales, millones de seguidores institucionales, recursos públicos y capacidad de influir sobre la opinión pública nacional. Cuando ese poder se usa para señalar enemigos mediáticos, la cancha deja de estar equilibrada y la democracia empieza a deformarse.
Porque el verdadero autoritarismo no siempre aparece de golpe. A veces avanza lentamente, disfrazado de popularidad, de discursos moralistas o de supuesta defensa del pueblo. Primero descalifican periodistas. Después desacreditan medios. Luego intentan convertir la crítica en traición. Y cuando la sociedad reacciona, ya es demasiado tarde.
Lo más absurdo es que Sheinbaum y Morena parecen incapaces de entender que la crítica es parte natural del poder. Gobernar implica soportar cuestionamientos. Implica tolerar medios incómodos. Implica escuchar voces adversas. Eso es precisamente lo que diferencia una democracia de un régimen intolerante.
Pero el oficialismo parece haber desarrollado una obsesión enfermiza por controlar el relato público.
Quieren medios dóciles, periodistas complacientes, redes alineadas y ciudadanos que solo escuchen la versión oficial. Y cuando alguien rompe esa narrativa, inmediatamente se convierte en enemigo político.
Eso explica por qué cada vez resulta más común ver desde el oficialismo ataques contra periodistas, académicos, empresarios, organizaciones civiles, jueces, universidades y medios de comunicación. Todo aquel que contradice al régimen termina señalado.
La reacción contra TV Azteca además refleja otro problema profundo del gobierno actual: su enorme incapacidad para tolerar el escrutinio. Un gobierno verdaderamente democrático no necesita pedir boicots mediáticos. Responde con argumentos, con transparencia y con resultados.
Pero cuando el poder comienza a pedirle a la gente que deje de consumir ciertos medios, en realidad está demostrando miedo. Miedo a la crítica. Miedo a perder control narrativo. Miedo a que la ciudadanía escuche otras versiones. Miedo a que el monopolio propagandístico comience a fracturarse. Y ese miedo termina revelando mucho más sobre el gobierno que sobre el propio medio atacado.
La gravedad del asunto también radica en el precedente. Porque hoy es TV Azteca. Pero mañana puede ser cualquier portal digital, cualquier periódico regional o cualquier periodista independiente que incomode al gobierno. El mensaje ya quedó sembrado: el oficialismo considera legítimo utilizar la tribuna presidencial para desacreditar medios críticos. Y eso jamás debería normalizarse.
Porque la libertad de expresión no depende de si el periodista nos cae bien, de si el empresario es simpático o de si coincidimos ideológicamente con el medio. La libertad de expresión se defiende precisamente cuando la voz resulta incómoda. Defender únicamente a los medios alineados al gobierno no es defender libertad; es defender propaganda oficial.
Además, la actitud presidencial resulta profundamente contradictoria. Morena pasó años denunciando supuestas campañas de censura en sexenios anteriores. Se presentaban como víctimas de persecución mediática y decían luchar contra el abuso del poder. Sin embargo, hoy reproducen exactamente las mismas prácticas que tanto criticaban.
La diferencia es que ahora ellos controlan el aparato gubernamental. Y quizá eso es lo verdaderamente alarmante. Porque el poder absoluto termina convenciendo a muchos gobernantes de que tienen derecho a decidir qué información merece ser escuchada. Pero no le corresponde al gobierno decidir eso. Le corresponde a la sociedad. Los ciudadanos son quienes eligen qué ver, qué creer y qué consumir, no la Presidencia de la República.
Una presidenta democrática debería defender incluso a los medios que la atacan. Debería proteger el debate plural. Debería garantizar que existan voces críticas, incómodas y opositoras.
Porque cuando el gobierno comienza a pedir silencios mediáticos, la democracia empieza a enfermarse. Y lo ocurrido en días recientes, debería preocupar muchísimo más de lo que algunos quieren admitir. Porque quizá la frase no fue solo una ocurrencia.
Quizá fue una advertencia.
Una señal clara de que el nuevo obradorismo encabezado por Sheinbaum empieza a mostrar el mismo rostro intolerante que históricamente han tenido los gobiernos que terminan creyéndose dueños de la verdad absoluta.
Y cuando un gobierno comienza a pensar así, la libertad de expresión siempre termina siendo la primera víctima. |
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