Y es que, el activista refirió que la administración del inmueble no pertenece ni al IPE ni al municipio, como ha asegurado el alcalde Juan Manuel Diez Francos, sino que actualmente está bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar.
El dirigente transportista advirtió que, de no recibir respuesta al pliego petitorio, el sector se movilizará nuevamente, aunque dijo confiar en la buena fe de las autoridades federales para cumplir lo pactado.
“Nuestro trabajo es mantener la confianza de la gente y por eso el próximo año iniciaremos giras por todos los municipios para dialogar directamente con las y los compañeros del movimiento", aseguró.
El dirigente campesino consideró urgente que las autoridades municipales y estatales intervengan para ayudar al sector primario y eviten el deterioro por el que atraviesa, para que se pueda mantener la producción.
Los trabajadores señalaron que la decisión tomó por sorpresa a cinco empleados directamente afectados y terminó por encender el malestar entre el resto de la plantilla.