Carlos A. Luna Escudero
La historia del conflicto entre Estados Unidos e Irán no es un accidente diplomático ni una cadena de malentendidos desafortunados; es el resultado previsible de una relación fundada en la intervención, la arrogancia estratégica y la utilización sistemática de un país como pieza sacrificable en el ajedrez energético mundial.
Todo comenzó cuando la Anglo-Persian Oil Company convirtió el subsuelo iraní en extensión operativa del Imperio británico, pagando regalías irrisorias mientras blindaba sus libros contables. Desde ese momento, la soberanía iraní quedó hipotecada al precio internacional del barril.
El mensaje era brutalmente claro: quien controla la energía controla la política.
Cuando Mohammad Mossadegh nacionalizó el petróleo en 1951, no estaba declarando una guerra ideológica contra Occidente; estaba intentando ejercer un acto elemental de autodeterminación económica. La respuesta fue una operación encubierta organizada por la Central Intelligence Agency y el Servicio Secreto de Inteligencia (MI6) que derrocó a un gobierno democráticamente electo en nombre de la “estabilidad”.
A partir de ahí, Estados Unidos perdió autoridad moral para hablar de democracia en Irán. El golpe de 1953 no solo instaló al Sha; sembró una desconfianza estructural que sigue determinando cada decisión estratégica en Teherán.
El reinado de Mohammad Reza Pahlavi fue celebrado en Washington como ejemplo de modernización prooccidental, pero en el interior del país se sostuvo mediante represión sistemática.
El servicio de seguridad interna e inteligencia de Irán (SAVAK) no fue una anomalía, sino el instrumento necesario para mantener un modelo político dependiente del respaldo extranjero. Estados Unidos prefirió estabilidad autoritaria antes que incertidumbre democrática. Esa elección estratégica tuvo consecuencias históricas.
La Revolución Islámica de 1979 encabezada por Ruhollah Khomeini no puede entenderse sin ese antecedente. Fue, en buena medida, una reacción nacionalista y religiosa contra décadas de subordinación. Sin embargo, el nuevo régimen tampoco tardó en convertir la retórica antiimperialista en herramienta de control interno.
La toma de la embajada estadounidense en Teherán, ocurrida el 4 de noviembre de 1979, cuando 52 diplomáticos y funcionarios estadounidenses fueron retenidos durante 444 días, y la humillación pública del presidente Jimmy Carter consolidaron una narrativa de resistencia que aún hoy legitima políticas represivas dentro de Irán (datos documentados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y ampliamente recogidos por el U.S. Office of the Historian).
La guerra entre Irán e Irak, iniciada el 22 de septiembre de 1980 tras la invasión ordenada por Saddam Hussein, profundizó el cinismo de la política exterior estadounidense. Washington apoyó a Bagdad mientras denunciaba el radicalismo iraní, priorizando el equilibrio regional sobre los derechos humanos. El conflicto, que se prolongó hasta 1988, dejó cientos de miles de muertos y una generación marcada por la militarización. Irán aprendió entonces que su supervivencia dependería de su capacidad de disuasión.
Décadas después, el discurso del “Eje del mal” pronunciado por George W. Bush reavivó una confrontación que parecía contenida. La invasión de Irak en 2003 eliminó a un enemigo histórico de Teherán y, paradójicamente, expandió la influencia iraní en la región. Washington subestimó las consecuencias estratégicas de su propia intervención.
El acuerdo nuclear de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), representó un raro momento de pragmatismo bajo Barack Obama. No era perfecto, pero establecía límites verificables al programa nuclear iraní. La decisión de Donald Trump de abandonarlo unilateralmente en 2018 fue celebrada como gesto de firmeza, pero en términos estratégicos debilitó a los sectores moderados dentro de Irán y fortaleció a los más radicales. La “máxima presión” no produjo capitulación; produjo radicalización.
El asesinato del general Qasem Soleimani en enero de 2020 fue ejecutado por un ataque con drones de Estados Unidos ordenado por el entonces presidente Donald Trump, cuando Soleimani se encontraba cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad en Irak. La operación, diseñada como un golpe preventivo contra lo que Washington afirmaba eran planes de ataques iraníes, representó una demostración de capacidad militar, sí, pero también una apuesta arriesgada que pudo haber desencadenado una guerra regional abierta. La represalia iraní contra bases estadounidenses mostró que la disuasión mutua había reemplazado cualquier vestigio de confianza entre ambos países.
La llamada “Guerra de los Doce Días” en 2025, un enfrentamiento directo entre Irán e Israel con respaldo operativo de Estados Unidos, evidenció que la confrontación ya no era indirecta. Misiles, drones y operaciones cibernéticas convirtieron el conflicto en espectáculo global transmitido en tiempo real. La posterior muerte del líder supremo Ali Khamenei en ataques coordinados en 2026 abrió una etapa de incertidumbre peligrosa.
Presentarlo como victoria moral simplifica un escenario que puede desembocar en fragmentación interna o en una radicalización aún mayor.
Estados Unidos ha justificado sus acciones bajo el argumento de impedir que Irán obtenga armas nucleares. Irán, por su parte, ha utilizado la amenaza externa para justificar represión interna y consolidar un aparato de seguridad omnipresente. Ambos gobiernos han instrumentalizado el miedo como herramienta política.
Las sanciones económicas han sido presentadas como alternativa “no bélica”, pero sus efectos han recaído principalmente en la población civil iraní.
Inflación descontrolada, caída del rial y escasez de productos básicos no debilitan necesariamente al régimen; a menudo fortalecen su narrativa de asedio externo.
La política estadounidense hacia Irán ha oscilado entre la intervención directa y el abandono diplomático, generando una percepción de imprevisibilidad que complica cualquier negociación futura.
Cada cambio de administración en Washington reconfigura el tablero, dejando acuerdos frágiles y expectativas frustradas.
Por su parte, el régimen iraní ha apostado por una estrategia de expansión indirecta a través de una amplia red de milicias y aliados regionales —desde Hezbolá en Líbano hasta Hamás y la Yihad Islámica en los territorios palestinos, pasando por los hutíes en Yemen y diversas milicias chiítas en Irak como parte de las Fuerzas de Movilización Popular— todos ellos financiados, entrenados y armados de forma más o menos directa mediante el Cuerpo de Guardianes de la Revolución y su fuerza Quds. Esta política le ha permitido proyectar poder sin exponerse a confrontaciones convencionales totales, pero también ha multiplicado focos de tensión en varios frentes, ampliando los espacios de conflicto y consolidando una lógica de guerras por delegación que ha complicado aún más la estabilidad regional.
El conflicto actual no puede reducirse a una lucha entre democracia y teocracia. Es una disputa por hegemonía regional, control estratégico, dominio sobre rutas energéticas clave del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, y supervivencia política.
El petróleo —que representa una porción sustancial del suministro mundial y cuyo tránsito depende de la estabilidad en esa franja marítima— sigue siendo el nervio silencioso de la confrontación.
No se trata únicamente de ideología, sino de quién influye en el flujo global de hidrocarburos y, por tanto, en los mercados y en la seguridad energética de Occidente y Asia. Ambos actores han cometido errores de cálculo que alimentan un ciclo difícil de romper.
La muerte de figuras clave y los ataques a instalaciones nucleares no eliminan la raíz del problema: la ausencia de un marco de seguridad regional inclusivo. Mientras cada parte perciba la existencia del otro como amenaza existencial, la escalada seguirá siendo una posibilidad latente.
La historia demuestra que la presión externa rara vez produce democratización inmediata. En Irán, la intervención extranjera ha fortalecido discursos nacionalistas que presentan cualquier crítica interna como traición.
Estados Unidos, por su parte, enfrenta el dilema de mantener credibilidad estratégica sin quedar atrapado en otro conflicto prolongado en Medio Oriente. La retórica de cambio de régimen puede generar titulares, pero no garantiza estabilidad.
En última instancia, el conflicto entre Washington y Teherán es un recordatorio incómodo de cómo decisiones tomadas hace más de siete décadas siguen proyectando sombras largas. La intervención de 1953 no fue un capítulo cerrado; fue el prólogo de una rivalidad estructural.
Criticar al régimen iraní por su autoritarismo es necesario, pero también lo es reconocer que la política exterior estadounidense ha contribuido a consolidar ese mismo autoritarismo. La responsabilidad histórica no es unilateral.
Hoy, la región vive bajo una disuasión frágil donde un error de cálculo puede desencadenar consecuencias impredecibles. Sin un esfuerzo real por reconstruir confianza, el conflicto continuará alimentándose de su propia inercia.
No se trata de elegir bando, sino de reconocer que la lógica de confrontación permanente ha fracasado para ambas partes.
La historia entre Estados Unidos e Irán no es solo una sucesión de ataques y sanciones; es la evidencia de cómo el poder, cuando se ejerce sin memoria crítica, termina generando los mismos enemigos que pretende eliminar. |
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