Cada 8 de marzo regresan los pañuelos morados, las consignas, los nombres pronunciados en voz alta y las fotografías de mujeres que ya no están. No es una celebración ni un día para flores o felicitaciones de ocasión. Es, más bien, una fecha incómoda que obliga a mirar de frente una realidad que con frecuencia preferimos esquivar.
El Día Internacional de la Mujer nació de la protesta, no de la cortesía. Surgió de luchas obreras, de jornadas interminables en fábricas textiles, de salarios miserables y de una exigencia elemental que durante siglos fue negada a la mitad de la humanidad: vivir con derechos, vivir con dignidad, vivir sin miedo.
A comienzos del siglo XX, miles de trabajadoras comenzaron a organizarse para exigir condiciones laborales dignas, participación política y reconocimiento social. En 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer una fecha que recordara esa lucha y la convirtiera en un símbolo internacional. Un año después, en 1911, se realizaron las primeras movilizaciones en Europa.
Ese mismo año, el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York dejó una imagen brutal de aquella época: más de 140 mujeres murieron atrapadas porque las puertas habían sido cerradas para impedir que abandonaran su puesto. Aquella tragedia reveló con una claridad insoportable la lógica de un sistema que prefería controlar a sus trabajadoras antes que proteger sus vidas.
Décadas más tarde, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Pero institucionalizar la fecha nunca eliminó su sentido original. El 8M sigue siendo, ante todo, una jornada de memoria y de exigencia. Una fecha que recuerda que la igualdad proclamada en discursos, leyes y tratados internacionales continúa siendo, en muchos lugares, una promesa incompleta.
Las cifras globales lo confirman con una frialdad que debería sacudir conciencias. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, al ritmo actual el planeta tardará más de un siglo en alcanzar la paridad plena entre hombres y mujeres. El Banco Mundial advierte que menos del cinco por ciento de las mujeres del mundo vive bajo condiciones de igualdad legal completa. Incluso en países donde existen leyes que promueven la igualdad, las barreras culturales, económicas y sociales siguen operando como muros invisibles que limitan las oportunidades reales.
No se trata únicamente de una injusticia moral. También es un desperdicio monumental de talento humano. La evidencia internacional es contundente: cuando las mujeres participan plenamente en la economía, aumentan la productividad, se reducen los niveles de pobreza y mejora el bienestar social. La igualdad no es solamente una causa ética; es también una condición necesaria para el desarrollo.
México participa de esa paradoja. El país ha avanzado en algunos frentes. Hoy existe mayor presencia femenina en espacios de representación política, un acceso más amplio a la educación superior y una participación creciente en distintos ámbitos profesionales. En el papel, la igualdad parece avanzar. En la vida cotidiana, sin embargo, las brechas siguen siendo profundas.
La desigualdad económica es uno de los ejemplos más claros. Mientras la tasa de participación laboral de los hombres ronda el 75 por ciento, la de las mujeres apenas supera el 46 por ciento. La informalidad laboral afecta con mayor intensidad a las trabajadoras, las brechas salariales persisten y el acceso a pensiones continúa siendo desigual. A esto se suma una dimensión que raramente se discute con la seriedad que merece: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Las mujeres mexicanas dedican, en promedio, cerca de 40 horas semanales a estas tareas. Es decir, el doble del tiempo que destinan los hombres. Ese trabajo invisible sostiene la vida cotidiana, permite que otros trabajen, estudien y participen en la economía, pero rara vez se reconoce como parte del sistema productivo. En la práctica, esa carga termina limitando las oportunidades profesionales y reproduciendo una desigualdad estructural que muchas veces se normaliza como si fuera inevitable.
Pero incluso esa desigualdad económica resulta insuficiente para explicar el fondo del problema. En México la brecha de género convive con una violencia estructural que atraviesa prácticamente todos los espacios de la vida social.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cerca del setenta por ciento de las mujeres mexicanas ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La cifra es tan brutal que corre el riesgo de convertirse en rutina estadística. Y cuando una sociedad se acostumbra a números así, algo profundo empieza a quebrarse en su conciencia moral.
Los homicidios reflejan con crudeza esa realidad. En 2025 se registraron en México 2 mil 798 asesinatos de mujeres. De ellos, 725 fueron clasificados como feminicidios.
La diferencia entre ambas categorías no disminuye la gravedad del problema; simplemente cambia la etiqueta con la que se registran las muertes.
En ese panorama nacional, Veracruz se ha consolidado desde hace años como uno de los focos rojos del país en materia de violencia contra las mujeres.
Hablar del 8 de marzo en Veracruz no puede limitarse a repetir consignas ni a publicar mensajes institucionales. Significa mirar de frente una realidad profundamente incómoda.
Desde 2016 el estado cuenta con una Alerta de Violencia de Género, un mecanismo extraordinario que el Estado mexicano activa cuando la violencia contra las mujeres alcanza niveles críticos. En teoría, la alerta debería impulsar acciones urgentes de prevención, protección e investigación.
En la práctica, casi una década después, los resultados siguen siendo insuficientes.
El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana registró 73 feminicidios en 2025. En enero de 2026 ya se habían documentado seis casos adicionales, junto con 33 desapariciones de mujeres en distintos municipios.
Las cifras revelan que el problema no es coyuntural. Es estructural.
A ello se suma otro elemento preocupante: la discrepancia entre las cifras oficiales y las registradas por observatorios y organizaciones civiles. Cuando los números no coinciden, no sólo se abre un debate estadístico; también surge la sospecha de que algunos feminicidios se reclasifican como homicidios dolosos.
En ese desplazamiento semántico se pierde algo más que precisión metodológica: se diluye la responsabilidad pública.
Las marchas del 8M en ciudades como Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Boca del Río u Orizaba no nacen del capricho ni de una moda ideológica. Nacen del dolor acumulado.
Nacen de madres que buscan a sus hijas desaparecidas.
Nacen de hermanas que siguen esperando justicia.
Nacen de mujeres que han sobrevivido a la violencia y se niegan a seguir callando.
Hay nombres que ya forman parte de la memoria colectiva del estado. Montserrat Bendimes, asesinada tras una brutal agresión de su pareja. Claudia Alondra, cuyo caso tardó años en avanzar en los tribunales. Erika Anely Mendoza Chávez, desaparecida en el puerto de Veracruz mientras su familia continúa buscándola.
Cada uno de esos nombres revela una verdad incómoda: detrás de las cifras hay vidas truncadas y familias que enfrentan no sólo la pérdida, sino también la lentitud institucional.
La violencia contra las mujeres adopta múltiples formas. Feminicidio, desaparición, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, violencia vicaria. En Veracruz también preocupan los niveles de embarazo infantil y los casos de abuso sexual contra menores, fenómenos que revelan hasta qué punto la violencia puede incubarse incluso en los espacios que deberían ofrecer protección.
Frente a esta realidad, el discurso político suele insistir en que el país avanza hacia la igualdad.
Pero la presencia de mujeres en cargos públicos no garantiza por sí sola la transformación de las estructuras de violencia.
La representación importa, sí.
Pero no sustituye la eficacia institucional.
La igualdad no se mide únicamente por quién ocupa el poder. Se mide por la seguridad con la que una mujer puede caminar por la calle, por la rapidez con la que se investiga una denuncia y por la probabilidad de que un agresor enfrente consecuencias reales.
Veracruz arrastra una deuda profunda con sus mujeres.
Una deuda de justicia.
Una deuda de protección.
Una deuda de verdad.
Durante demasiado tiempo el estado ha aprendido a convivir con cifras que deberían provocar indignación permanente. Nos hemos acostumbrado a leer sobre feminicidios y desapariciones como si fueran parte inevitable del paisaje.
Y esa normalización es, quizás, la parte más peligrosa de toda esta tragedia.
El 8 de marzo debería servir para romper esa costumbre. Para recordar que cada cifra representa una vida. Para preguntarnos cuántas mujeres más tendrán que ser asesinadas o desaparecer antes de que la respuesta institucional esté a la altura del problema.
Porque las mujeres veracruzanas no están pidiendo privilegios.
Están exigiendo lo mínimo: vivir.
Vivir sin miedo.
Vivir sin violencia.
Vivir sin desaparecer.
Y si una sociedad no es capaz de garantizar siquiera eso, entonces no tiene derecho a presumirse justa, ni moderna, ni democrática.
Lo que tiene es una deuda histórica que sigue creciendo con cada nombre nuevo, con cada caso impune y con cada silencio cómplice. Una deuda moral que tarde o temprano termina por exhibir no sólo a las instituciones, sino también a la conciencia colectiva de todo un país. |
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