En una entrega anterior analizamos el tamaño del problema que representa la informalidad laboral en Veracruz: siete de cada diez trabajadores se encuentran en condiciones de precariedad, sin acceso a prestaciones, seguridad social ni estabilidad. Señalamos que lejos de disminuir, la tasa de informalidad creció en el último año y que este fenómeno, más que una coyuntura, refleja un problema estructural que atraviesa a la economía veracruzana.
Esa primera parte nos permitió reconocer la magnitud del desafío y desmontar algunos mitos. No basta con presumir bajas tasas de desocupación cuando la realidad muestra que la mayoría de los empleos creados son informales. Tampoco es suficiente hablar de crecimiento económico si este se sostiene sobre la base de trabajos mal pagados y frágiles. Lo que se reveló fue un mercado laboral enfermo, que lejos de garantizar bienestar, reproduce la desigualdad y la vulnerabilidad social.
Dicho diagnóstico es el punto de partida para esta segunda reflexión. Ahora corresponde dar un paso más: preguntarnos cómo se puede enfrentar este fenómeno y qué alternativas existen para construir un Veracruz donde el empleo deje de ser un refugio precario y se convierta en motor de desarrollo.
Las propuestas que se presentan a continuación no buscan ser un listado retórico ni un catálogo de buenas intenciones. Son ideas que parten de la experiencia, de la realidad que viven los micro y pequeños negocios en el estado, de las cifras que revelan los organismos oficiales y, sobre todo, de la urgencia de encontrar soluciones viables.
En esta segunda entrega pondremos sobre la mesa opciones concretas: simplificación de trámites, incentivos fiscales, acceso a salud y ahorro para trabajadores independientes, financiamiento para la transición a la formalidad, programas de productividad sectorial, medidas con perspectiva de género y un fortalecimiento de la inspección laboral. Cada una de ellas responde a una dimensión distinta del problema, porque la informalidad, al ser multidimensional, no se resolverá con una sola receta.
El reto es ambicioso: desmontar un sistema que durante años ha normalizado la precariedad y ofrecer a los veracruzanos un horizonte de empleo digno.
Y aquí está la verdadera cuestión: ¿tendrán los gobiernos la valentía de asumir este desafío, o seguiremos condenados a escuchar discursos que celebran “crecimientos” mientras siete de cada diez trabajadores siguen sobreviviendo sin derechos? Esa es la pregunta incómoda que acompaña a cada propuesta.
Hablar de soluciones frente a la informalidad no es tarea sencilla. Los intentos aislados han fracasado porque no han abordado el problema de manera integral. Se necesita una visión de largo plazo, que articule esfuerzos del gobierno estatal y federal, del sector privado y de la sociedad en general.
1. Simplificación radical de trámites y reducción de costos regulatorios. Para miles de micro y pequeños negocios, formalizarse implica un viacrucis de trámites y pagos que superan sus capacidades. Crear una ventanilla única digital en Veracruz que reduzca tiempos y costos permitiría que más empresas vean ventajas en la formalidad.
2. Incentivos fiscales a la formalización. El Estado puede diseñar esquemas de impuestos progresivos que permitan a las microempresas ingresar gradualmente al sistema, con exenciones o reducciones temporales mientras consolidan su operación formal.
3. Cobertura básica universal en salud y ahorro. Si se garantiza acceso a servicios de salud y mecanismos de ahorro para el retiro incluso a trabajadores independientes, el costo de permanecer en la informalidad se incrementa y la formalidad se vuelve más atractiva.
4. Programas de financiamiento para la transición. Crear un fondo estatal de apoyo a pequeñas empresas que decidan formalizarse, con créditos blandos y acompañamiento técnico, puede marcar la diferencia en un contexto donde el capital es escaso.
5. Impulso a la productividad local. Apostar por sectores estratégicos de la economía veracruzana, como el agroindustrial, el turismo o los servicios especializados, con programas de capacitación y acceso a tecnología, permitiría generar empleos de mayor valor agregado y, por tanto, más proclives a formalizarse.
6. Perspectiva de género en el empleo formal. Dado que las mujeres son las más afectadas por la informalidad, se requieren políticas específicas: guarderías accesibles, horarios flexibles y apoyos a emprendedoras que reduzcan la brecha y faciliten su incorporación al empleo con derechos.
7. Fortalecimiento de la inspección laboral. No basta con incentivar: también se debe sancionar. Aumentar la capacidad del Estado para supervisar y sancionar prácticas de informalidad en grandes empresas o en cadenas de outsourcing evitaría que el fenómeno se normalice en todos los niveles.
La informalidad laboral en Veracruz no es un accidente, sino el reflejo de décadas de abandono, falta de visión y políticas improvisadas. El hecho de que 7 de cada 10 trabajadores vivan en la precariedad es una señal de alarma que debería sacudir a quienes gobiernan, pero también a toda la sociedad.
Si bien la baja tasa de desocupación puede parecer un logro, se convierte en una cifra hueca cuando se revela que la mayoría de esos empleos son informales. En este escenario, hablar de empleo no es hablar de bienestar, sino de sobrevivencia.
El verdadero reto es romper con el autoengaño colectivo. No basta presumir la reducción de la pobreza laboral cuando lo que persiste es un mercado laboral enfermo, incapaz de ofrecer seguridad y estabilidad a su gente.
La informalidad no solo condena al presente, también hipotecará el futuro. Las generaciones que hoy ingresan al mercado laboral sin prestaciones difícilmente podrán aspirar a una pensión digna, creando una bomba de tiempo social y económica.
La desigualdad se profundiza, porque quienes permanecen en la informalidad acumulan menos capital humano, menos experiencia certificada y menos oportunidades de movilidad. El sistema laboral, en lugar de ser un motor de justicia social, se convierte en un mecanismo de reproducción de la pobreza.
El papel del Estado es crucial. Pero la solución no puede venir únicamente de arriba: empresarios, sindicatos, universidades y sociedad civil deben asumir la urgencia de este problema. La informalidad no es una opción de vida, es una condena.
Veracruz tiene sectores estratégicos que podrían ser motores de empleo formal: turismo, agroindustria, logística portuaria. Sin embargo, requieren políticas serias de inversión, innovación y conectividad, no paliativos temporales.
Si se logra articular una estrategia integral, la informalidad puede dejar de ser la norma. De lo contrario, el estado seguirá atrapado en un círculo de vulnerabilidad que impide el desarrollo.
La columna vertebral de cualquier proyecto de desarrollo económico es el trabajo digno. Veracruz no puede seguir postergando esta tarea. La pregunta es si existirá voluntad política para asumirla.
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