MEXICO VIVE una crisis de desapariciones forzadas de personas, y los principales autores de esos delitos operan en un contexto complejo donde se superponen la acción delictiva organizada y la participación, aprobatoria o por negligencia, de gobernadores, alcaldes o agentes policiacos en sus distintos niveles. En ese sentido, organismos oficiales identifican como principales autores -materiales e intelectuales- a grupos del crimen organizado en el tejido actual de violencia, a menudo operando con impunidad pero, también, a las fuerzas de seguridad de los niveles federal, estatal y municipal (policías, militares, guardias nacionales y hasta marinos), ya sea por acción directa o en colusión con grupos criminales, en lo que se conoce como participación por aquiescencia en donde, si bien el Estado no ejecuta la desaparición directamente, permite, ignora o facilita que grupos criminales actúen, no investigando adecuadamente las denuncias. Como fuera, las desapariciones en México son consideradas una crisis de impunidad activa, donde la mayoría son clasificadas como desapariciones forzadas o cometidas por particulares con el conocimiento del Estado, y los estados con mayores índices de ese fenómeno incluyen Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz, y algunos hechos recientes confirman lo que el Observatorio Nacional Ciudadano y organizaciones no gubernamentales de búsqueda han abordado desde siempre. De esa manera, en diciembre 2024, 13 policías estatales (11 hombres y 2 mujeres) fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado en colaboración con fuerzas federales, acusados de desaparición forzada en incidentes separados que involucran a seis personas. Los elementos fueron citados en la Academia de Policía en Emiliano Zapata para cumplimentar las órdenes de arresto, reportándose hechos principalmente en los distritos judiciales de Pacho Viejo, Cosamaloapan y Coatzacoalcos. A todos se les dictó prisión preventiva y se realizaron las audiencias para su vinculación a proceso. Y aunque cuesta aceptarlo, la desaparición forzada en Veracruz ha sido un tema persistente, con informes de la CNDH y la ONU, destacando la participación de agentes de seguridad, incluyendo casos atribuibles al "Grupo Tajín" de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Incluso, colectivos de búsqueda han solicitado que el exgobernador Javier Duarte enfrente la denuncia por desaparición forzada por la cual tiene una orden de aprehensión. Habría que recordar que en 2016, agentes de la SSP fueron detenidos y sentenciados por la desaparición de cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra Blanca.
OTRO CASO corresponde a Gilberto Aguirre Garza, exdirector de servicios periciales con Duarte de Ochoa, quien acaba de ser sentenciado a 17 años por haber ocultado el hallazgo de 13 cuerpos en la Barranca La Aurora, en Emiliano Zapata, cuando ordenó, paralelamente, alterar el caso de un ex policía desaparecido. Su sentencia está vinculada a la desaparición forzada de David Lara Cruz, ex policía estatal asesinado el 12 de enero de 2016, y su cadáver, junto a otros 18 cuerpos, fueron encontrados al fondo del mencionado Barranco ubicado a un costado de la Academia de policías de El Lencero. Según lo expuesto en el juicio oral J-104/2024, Aguirre Garza, entonces funcionario de la FGE, instruyó a un perito criminalista realizar el levantamiento de los 19 cuerpos, pero solo informar de manera oficial sobre hallazgo de seis. El cuerpo de David Lara fue trasladado por instrucciones del funcionario hasta la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero para simular que se trató de un caso distinto al de la Barranca, donde, presuntamente, víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública eran arrojadas tras ser torturados y finalmente asesinados.
PERO NO es el único caso de un funcionario vinculado a prisión por actos de desapariciones forzadas. Ahora se sabe que la Fiscalía Estatal de Veracruz, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y con el apoyo de autoridades del estado de Oaxaca, ejecutaron una orden de aprehensión contra Alejandro “N”, ex servidor público del municipio de Tierra Blanca, señalado como presunto responsable de delitos de alto impacto. Y es que, de acuerdo a las indagatorias, el imputado estaría vinculado a hechos ocurridos en 2021, cuando presuntamente utilizó patrullas de la Policía Municipal para privar de la libertad a personas migrantes y exigir dinero a sus familiares a cambio de su liberación. Alejandro “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, legalizándose su detención, formulándosele imputación el delito de secuestro agravado, luego de la reclasificación jurídica correspondiente. El juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 108/2023, y fijó el 12 de abril como fecha para la audiencia de continuación. Entonces, no hay que buscarle mucho para entender las desapariciones forzadas a las que se refiere la ONU, y que la Presidencia y sus alfiles morenistas tratan de disimular recurriendo a la diatriba y descalificaciones contra el organismo internacional.
OTRO CASO reciente corresponde a la médico legista de la policía municipal de Coatepec, Judith N, detenida el pasado lunes seis de este mes por el presunto delito de desaparición forzada y por, presuntamente, fabricar documentos falsos para encubrir el paradero de César David “N”, en diciembre de 2022, cuando el municipio era presidido por el morenista de Raymundo Andrade Rivera, un protegido del ex Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien, de acuerdo a la acuciosa periodista Claudia Guerrero, incrustó a grupos criminales en la zona de Coatepec y alrededores. Según la liga: https://comunicacion.fiscaliaveracruz.gob.mx/vinculada.../ en el boletín de la FGE de Veracruz se asegura que: “Judith “N” estuvo presente en la audiencia de continuación dentro del Proceso Penal 16/2025 y se estableció que el 27 de diciembre de 2022, en el municipio de Coatepec, la ahora vinculada, quien se desempeñaba como médica adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, supuestamente participó en la falsificación de la boleta de salida de la víctima de los separos de la Policía Municipal, donde previamente había sido ingresada”. Lo interesante, dice Guerrero, es que la víctima fue torturada y nunca salió de los separos municipales desde el 27 de diciembre de 2022, ayudando la médico legista a formular una mentira sobre la liberación de César David que, desde su ingreso a los separos de la policía municipal de Coatepec está desaparecido. De los hechos estuvieron enterados el, entonces, director de la Policía Municipal y el alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera sin que nadie los llame a cuentas.
EN FIN, no hay que buscarle mucho para entender algunas de las 130 mil desapariciones en el País que Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano califica como “fracaso del Estado”, deficiencias en registros y falta de seguimiento. Y es que, si bien el activista reconoce que el gobierno de Morena resalta la disminución de la estadística de homicidios, hay un manejo poco ético por parte de las fiscalías estatales y los registros en torno a las desapariciones, de tal suerte que “hoy es más fácil desaparecer a alguien y nadie los está buscando”. Rivas denuncia que existe un gran número de carpetas de investigación de desaparecidos, pero hay gente que no encuentra a sus familiares y cuando acuden a las fiscalías a denunciar no son atendidos, y en ocasiones son revictimizados, maltratados y hasta reciben burlas por parte de las autoridades que constantemente abusan del dolor ajeno. Así las cosas….OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|
