RAFAEL “LAFFITA” León Segovia, el “terrorista” de la información, según la percepción de la Fiscalía General del Estado, acusación que pese a las circunstancias nacionales e internacionales que engendró sigue defendiendo Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, sucesora de Verónica Hernández Giadans en la FGE, ya podrá ejercer su derecho a trabajar y llevar el sustento al hogar, luego de que un Juez Federal de Coatzacoalcos, le concedió un amparo interpuesto por sus abogados defensores para echar abajo la medida cautelar de prisión domiciliaria por un año que le prohibía salir de su domicilio desde el pasado 30 de diciembre, tras ser detenido el 24 de ese mes imputado por los graves delitos de “terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, información que la Fiscalía estatal difundió a través de un comunicado como enviando un mensaje de advertencia a todos los medios de comunicación que no se someten al silencio que pretende imponer el Estado Gobernante. Y es que ni los delincuentes más peligrosos que ha engendrado este País habían merecido semejante tratamiento por parte de alguna fiscalía, y menos cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum lucha contra esa palabreja con la que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump califica a integrantes de los cárteles más letales que operan en la Nación, como argumento para intervenir y arrestarlos –como sucedió, recientemente, en Venezuela, tras la invasión estadounidense para llevarse al, entonces, mandatario, Nicolás Maduro Moro-. Por fortuna aún quedan jueces juiciosos, y en Coatzacoalcos uno de estos le otorgó al reportero especializado en nota roja una suspensión que le permitirá regresar a las calles e informar de los acontecimientos más letales que afectan a la sociedad, con ese su peculiar estilo que le identifica, y que tanto malestar causa en las esferas policías, a tal grado que lo llevaron a prisión por un delito cuyo solo enunciado provoca salpullido. León Segovia fue detenido por elementos de la Policía Ministerial el pasado 24 de Diciembre acusado de “terrorismo”, lo que obligó –tras la intervención presidencial- que la fiscal regional culpable del desatino, Karla Díaz Hermosilla fuera renunciada, precisamente, tras la polémica generada por la acusación de terrorismo en contra del periodista Lafita León al que, pese a lo anterior, le dejaron delitos contra las instituciones de Seguridad y Encubrimiento por favorecimiento, lo que le valió prisión preventiva domiciliaria por un año que, por fortuna, un juzgador echó abajo.
LO QUE llama la atención es que, en su comparecencia ante el Congreso Local, la Fiscal del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez (quien ve la lumbre y no se hinca), rechaza que la Fiscalía General del Estado se haya equivocado al intentar imputar el delito de terrorismo al periodista de Coatzacoalcos, aunque, por otra parte, niega que exista persecución contra comunicadores o algún sector profesional. Al intentar deslindarse, trató de engatusar a los medios de comunicación y a legisladores aduciendo que la Fiscalía no gira órdenes de aprehensión, sino que es el juez el único calificado para ordenar detener a una persona para que responda por un hecho específico, pero omitió decir que las carpetas de investigación que son consignadas ante un juez para que este emita la respectiva orden de arresto, la elaboran las fiscalías o ministerios públicos a su cargo, y que los juzgadores solo sustentan sus dictámenes a partir de las carpetas consignadas, y acaso por ello el juez de control decidió eliminar el delito de terrorismo contra el periodista acusado, sabedor de los efectos políticos que ello implicaba, ya que la Presidenta odia la palabrita.
OLVIDO LA Fiscal Estatal que el pasado 29 de Diciembre, la gobernadora Rocío Nahle García, dejó en claro que no existe el terrorismo en el país, en referencia al caso del periodista detenido en Coatzacoalcos acusado de ese delito, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió al respecto que la Fiscalía de Veracruz debe de explicar el cargo de “terrorismo” contra el periodista Laffita León. Y es que el tema había llegado a la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum que cuestionó determinante: “No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo y, en su caso, tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca”, y ello bastó para que la FGE reculara e informara que el 24 de diciembre formuló imputación contra Rafael “N” ante un juez de Control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos solo por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública y el previsto en el artículo 311 del Código Penal de Veracruz, correspondiente al delito de terrorismo, aunque evitó mencionarlo en su boletín de prensa.
JIMÉNEZ AGUIRRE también abordó el asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica. La fiscal informó que se abrieron dos carpetas de investigación de manera paralela, una a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y otra por parte de la Fiscalía Regional de Poza Rica por delitos diversos que no quiso explicar, solo dice que el proceso ha enfrentado dificultades técnicas, principalmente en el análisis de información telefónica: "Hemos tenido algunos retos en temas de telefonía. No es tan sencillo desbloquear equipos para obtener datos, eso requiere procedimientos especializados", lo que da a entender que tratan de descifrar algunas llamadas del comunicador, acaso tratándolo de inculpar. Hoy después compareció Luis Orencio Ramírez Vaqueiro, presidente de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), quien lejos de defender a los comunicadores se desvivió en alabanzas a favor de la Gobernadora que se entiende, puesto que ella le paga el salario con dinero de la sociedad, por supuesto. Ahí dijo algo que le valió críticas severas; que los periodistas están tan jodidos que algunos tienen que vender mole los fines de semana para completar el gasto, y luego se fue a la yugular de los propietarios de medios de comunicación aduciendo que pagan sueldos de hambre, pero nada comentó de la cancelación de contratos que antaño tenía la prensa con instancias de Gobierno, recursos que ahora pagar a sus amanuenses, incluido el propio Luis Otrencio. También se refirió a las violencias que enfrentan los periodistas que van desde las presiones de la delincuencia, pasando por la violencia laboral y hasta los crímenes. Vaya desfachatez de quienes dicen defender a los medios…
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ES LAMENTABLE que en el Estado de Veracruz se sigan muriendo niños por negligencia de las autoridades, sobre todo del área de la salud, como acaba de ocurrir en el Hospital Infantil del puerto, donde un menor perdió la vida en una vana espera de una tomografía que nunca le pudieron realizar, porque en ese nosocomio como en muchos que operan en el estado. Lo que se sabe es que el niño de dos años falleció el pasado lunes en la llamada Torre Pediátrica, mientras esperaba la práctica de un estudio, ya que los tomógrafos del hospital, así como del área especializada llevan días sin funcionar, lo que ha impedido la atención oportuna de casos urgentes. La madre del menor relató que cuando finalmente iba a ser trasladado para la tomografía, el niño convulsionó en sus brazos y falleció antes de recibir el examen diagnóstico. Otros familiares de pacientes, sobre todo mamás han externado que desde hace semanas se han suspendido cirugías por falta de anestesia pediátrica y otros insumos básicos, como alcohol, sondas y medicamentos elementales, lo cual ha afectado a menores con diversos padecimientos, incluidos cáncer y tumores. Vaya negligencia que debería ser investigada y los culpables llevados ante la ley, aunque no es responsabilidad de los médicos sino de quienes manejan y autorizan los recursos del Estado. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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