En México es muy frecuente acudir al exabrupto juarista de “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas”, para referirse al tema de la impunidad que impera en nuestro país, más acentuadamente señalado en los periodos de gobierno encabezados por López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum. No es sensato generalizar y deben acentuarse ciertas diferencias entre ambas formas de gobernar: López Obrador fue enfáticamente parcial en la aplicación de la ley para quienes son sus seguidores en contraste con quienes no comulgan con su proyecto. Por su lado, la presidenta Sheinbaum se debate entre aplicar la ley ajustada a la justicia o complacer a la línea de los duros de su partido. No es secreto que en su gobierno se manifiestan rasgos de impunidad, como en el caso del huachicol fiscal estratégica e informativamente relegado buscando que con el olvido escale hasta las alturas políticas de su Movimiento.
Ya para finalizar su gobierno, Javier Duarte de Ochoa se mostraba confiado en que su voracidad patrimonialista no sería castigada, tenía elementos para suponerlo así, sin embargo, fue dejado a su suerte y la ley lo alcanzó para ponerlo tras las rejas, donde permanece pagando una condena judicial. Ese episodio sucedió en el régimen neoliberal, donde si bien se daban las complicidades también se aplicaba la ley a quienes pecaban abusando del poder y del manejo presupuestal. Ya gobierna MORENA, cuyas directrices se orientan por los “principios” de la austeridad, el no robarás ni mentirás. Pero no se advierte así en la realidad, porque lo de SEGALMEX sigue en la impunidad, los del Huachicol Fiscal permanece en el limbo, las irregularidades en licitaciones para obras de Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA, lucen completa opacidad arropadas por una secrecía respaldada por un Decreto “de seguridad nacional”. Un caso elocuente lo observamos en la entidad veracruzana donde en los sexenios de Fidel y de Duarte la corrupción subió al tope, al menos Duarte paga con cárcel, no ha sido así en el caso de Cuitláhuac García a quien, pese a los testimonios del Orfis sobre desvíos de sumas millonarias y obra pública con observaciones, oficialmente no se le testerea ni con el amago de una denuncia. Pero debe reconocerse que, tal vez por recato o genuino reconocimiento, desde el oficialismo ya no se escucha con la frecuencia y convicción de cuando la alborada morenista aquello de “no somos iguales”, quizás porque en reversa el reclamo in crescendo responde: “no, son peores”. |
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