***La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz por violaciones graves a Derechos Humanos, en el caso de Diego Fernando Bonilla, por detención arbitraria, tortura y falta de investigación ministerial por parte de la FGE Veracruz.
*** De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es la segunda entidad federativa, a nivel nacional, con más investigaciones por tortura, 2,594 entre 2019 y 2025, durante los gobiernos de Cuitláhuac García y ahora de Rocío Nahle García y la primera en el ámbito nacional en el número de víctimas que contabilizan 4,813.
***No se les han fincado responsabilidad a la exfiscal Verónica Hernández Giadans, a la fiscal de Investigaciones, Marcela Aguilera Laneta, ni a Samuel López Leza, como director de la Policía Ministerial y mucho menos a los agentes ministeriales torturadores.
Compartimos parte de un boletín emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) siendo una asociación civil sin fines de lucro, como se observa en su portal institucional con la liga: https://centroprodh.org.mx/el-centro-prodh/ al ser fundada en 1988 por la Compañía de Jesús y busca: "Impulsar cambios estructurales para que la sociedad tenga condiciones para gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de los derechos humanos. Su misión radica en promover y defender los derechos humanos de personas y colectivos excluidos, en situación de vulnerabilidad o de pobreza para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, en la que se respete plenamente la dignidad humana, como se lee en su misión y visión institucional".
Y en su reciente comunicado informa que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDHV) dirigió una recomendación a la Fiscalía General del Estado, tras acreditar la tortura en contra Diego Fernando Bonilla, un indígena Ñuhü de la Sierra Norte de Veracruz, perpetrado por la Policía Ministerial. Las organizaciones de derechos humanos firmantes han solicitado a la FGE de Veracruz que acepte y cumpla esta recomendación, al ser una oportunidad para fortalecer la garantía de derechos y prevenir la repetición de actos de tortura. Y lo más importante, fincar responsabilidad en contra de servidores públicos, entre ellos la exfiscal Verónica Hernández Giadans, el director de la Policía Ministerial Samuel López Leza y la Fiscal de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta.
Y vayamos al tema. El 29 de mayo de 2023, en la administración de la entonces fiscal general Verónica Hernández Giadans y la titular de la Fiscalía de Investigaciones, Marcela Aguilera Landeta, el indígena Diego Fernando Bonilla presenció un homicidio en la comunidad de El Pericón, en el municipio de Texcatepec, Veracruz. Al día siguiente, fue llevado a la Fiscalía Itinerante de Huayacocotla, perteneciente a la FGE de Veracruz, con el fin de rendir su declaración. Ilegalmente, en ese lugar fue torturado por policías ministeriales para obligarlo a incriminar a otra persona, como era la costumbre de Verónica Hernández Giadans de fabricar carpetas e inventar testimonios, bajo la tortura. Diego se negó a declarar hechos que no había presenciado y en la misma sede, frente a la intérprete para la toma de su declaración, Diego Fernándo Bonilla le informó que había sido víctima de tortura. No obstante, fue obligado a firmar hojas en blanco, que posteriormente fueron utilizadas para elaborar una falsa declaración y ésta fue usada para detener a una persona.
Con el acompañamiento del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Diego Fernando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, radicada bajo el número de expediente DAI/0161/2023. Asimismo, denunció formalmente los actos de tortura ante la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la FGE de Veracruz, quien inició la Carpeta de Investigación con el número XAL/FIM/FEIDT/219/2023. Pese a ello, esta autoridad no realizó una investigación ministerial y en 2025, determinó el cierre del caso.
El 16 de abril de 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió la Recomendación 17/2026, dirigida a la Fiscalía General del Estado, en la que acreditó que Diego Fernando Bonilla fue privado arbitrariamente de la libertad y sometido a tortura, lo cual fue documentado conforme al Protocolo de Estambul. Asimismo, determinó que la Fiscalía Especializada incumplió su obligación de investigar la tortura de manera diligente.
En consecuencia, la Comisión para la defensoría de los Derechos Humanos recomendó la reparación integral del daño, incluyendo atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural. La investigación inmediata en contra de los policías ministeriales y funcionarios de la FGE de Veracruz señalados como responsables de tortura y ejercer investigaciones y fincar responsabilidades por parte de la Fiscalía, así como la capacitación en derechos de los pueblos indígenas. Y todo esto es urgente, pues nunca hubo detenciones en contra de los agentes ministeriales, ni de los fiscales involucrados, siendo protegidos por la misma Verónica Hernández Giadans.
Informa este comunicado: “Este caso no es aislado, la tortura continúa siendo una práctica generalizada en el país y en particular, en el Estado de Veracruz. De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), esta entidad es la segunda en el ámbito nacional con más investigaciones por tortura, siendo 2,594 entre 2019 y 2025, durante la administración de Cuitláhuac García y de Rocío Nahle García, siendo el estado de Veracruz el primero en el ámbito nacional en el número de víctimas, contabilizando 4,813. Las personas indígenas se encuentran entre los grupos más afectados y la Policía Ministerial figura de manera recurrente como autoridad señalada.
Por lo anterior, las organizaciones exigen a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que acepte a la brevedad la recomendación y dé cumplimiento integral a sus puntos como una prioridad. Como lo mencionó la propia Fiscal del Estado Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre durante su comparecencia ante diputados del Congreso de Veracruz, en enero de este año, siendo estas recomendaciones una oportunidad de “mejorar institucionalmente” y de enviar un mensaje claro contra la impunidad en casos de tortura. Su aceptación y adecuada implementación representa una oportunidad para reparar los derechos de Diego Fernando, sobre este caso y enviar un mensaje claro de que la tortura, en particular la cometida en contra de personas indígenas, no será tolerada en Veracruz.
Y no permitir que funcionarios torturadores, quienes detuvieron de manera arbitraria a inocentes, se les fabricó carpetas de investigación, crearon testigos fantasmas y declaraciones firmadas en blanco, deben ser castigados. La gobernadora tiene la oportunidad de dignificar a la FGE de Veracruz y encarcelar a Verónica Hernández Giadans, Marcela Aguilera Landeta y al director de la Policía Ministerial Samuel López Leza, pues de lo contrario, la gobernadora Norma Rocío Nahle García será cómplice de tortura y violación a los derechos humanos de cientos de víctimas, entre ellos, los indígenas que radican en Veracruz.
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Dra. Claudia Guerrero Martínez
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