Por medio del presente escrito, hago del conocimiento de la señora gobernadora Norma Rocío Nahle García y del Secretario de Seguridad Pública Alfonso Reyes Garcés, los hechos que pudieran constituir presuntos actos de corrupción, consistentes en lo siguiente:
Se tiene conocimiento de que a presidentes municipales recientemente en funciones y/o a directores de Policía Municipal se les habría indicado, directa o indirectamente, por parte del Teniente Carlos Miguel Juárez Domínguez, el Licenciado Oscar Alarcón Ramos y el subsecretario de Logística Rafael Martínez Cisneros, para agilizar trámites administrativos ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y sería necesario realizar un pago indebido aproximado de $30,000.00 (Treinta mil pesos).
Dichos pagos, según la información recibida, no formarían parte de ningún concepto oficial, ni estarían respaldados por lineamientos, recibos o disposiciones legales y presuntamente se solicitarían a cambio de acelerar gestiones relacionadas con trámites administrativos ante la SSP.
Los hechos aquí descritos se presentan para que sean investigados, ya que podrían constituir faltas administrativas graves y/o delitos previstos en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción.
Haciendo del conocimiento que esta práctica ya venía siendo aplicada en administraciones anteriores por el Licenciado Oscar Alarcón Ramos y pues sigue en marcha ahora también de la mano del teniente Carlos Miguel Juárez.
***Carta a los medios: La música no puede sostenerse sobre el miedo
A los medios de comunicación:
Escribo como músico, desde la indignación y la tristeza. Formo parte directa del conflicto que hoy sacude al Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. El pasado 15 de diciembre de 2025, once maestras y maestros del ISMEV, algunos con hasta 23 años de antigüedad, fuimos despedidos de manera injustificada e ilegal. La notificación llegó a través de una junta informativa y mediante un documento sin firmas responsables, sin membrete institucional, sin presencia de abogados de ambas partes y sin respaldo formal de la Secretaría de Educación de Veracruz. Un procedimiento que, aun para quienes no somos abogados, resulta alarmante por su arbitrariedad y desprecio por la legalidad. Pero lo más grave no es solo la forma, sino el trasfondo.
Desde 2018, los docentes despedidos mantenemos juicios laborales activos contra la propia Secretaría de Educación en defensa de los derechos laborales correspondientes. Varios de esos procesos han sido resueltos a nuestro favor, con laudos firmes que reconocen antigüedad, seguridad laboral, mejoras salariales, entre otros. Lejos de acatar esas resoluciones, la respuesta institucional ha sido el amparo… y ahora, intento de despido.
Acto seguido a esta notificación injustificada, se han anunciado plazas vacantes para cubrir nuestros puestos. Contamos con el apoyo de nuestros alumnos, quienes se ven afectados en su seguimiento artístico y en la continuidad de la enseñanza que han recibido de sus respectivos maestros. Uno de los docentes lo expresó con claridad: después de años defendiendo sus derechos por la vía legal, la consecuencia es quedarse sin trabajo.
A esto se suma que el contrato utilizado como pretexto para los despidos fue firmado en marzo de 2025 bajo condiciones de coerción. Durante dos meses, los docentes permanecimos sin salario, de manera ilegal, aun cuando continuamos impartiendo clases. Esa retención fue utilizada como mecanismo de presión para imponer un contrato temporal de nueve meses, una figura que nunca había regido nuestra relación laboral dentro del instituto. Cabe señalar que, pese a las quejas y oficios presentados en diferentes administraciones en el pasado, nunca se nos consideró en mejoras laborales que corresponden por ley. Esta omisión es una de las razones por la que demandamos a la SEV desde 2018, tras múltiples diálogos y cambios administrativos que respondieron más a intereses institucionales que a la legalidad. Leído en conjunto, lo aquí denunciado dibuja un patrón doloroso: hostigamiento, precarización y castigo contra quienes se atrevieron a exigir el cumplimiento de la ley.
Como músico, esto me duele y me indigna profundamente. La música no se enseña desde el miedo. La educación artística no puede sostenerse sobre el silencio impuesto ni sobre la vulneración sistemática de derechos laborales. Detrás de cada docente hay años de formación, vocación y entrega que hoy están siendo tratados como si no valieran nada. Los docentes hemos recurrido a las instancias correspondientes, entregando oficios y documentos a diversas autoridades estatales. Ahora corresponde también a la sociedad y a los medios, mirar de frente lo que está ocurriendo. Escribo porque callar frente a esto sería aceptar que el maltrato es parte natural de la vida cultural. Y no lo es. La cultura se defiende cuidando a quienes la hacen posible. Atentamente: Docente de la clase de violín, viola y música de cámara. Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.
*** Más quejas en el Centro de Convivencia Familiar, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Cartas a la redacción:
Escribo estas líneas y acudimos a ti, toda vez que sacaste a la luz la falta de perfil de la directora del Centro de Convivencia Familiar, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Veracruz, quien era una soprano. Agradecemos que por esa nota ya no este ni ella, ni el misógino coordinador Manuel López García, quien fue el que le daba acceso al papá del niño Leo, después de que le llegaron al precio y dicen que como odia a las mujeres, aconsejaba al papá del mencionado niño para que le hiciera la vida imposible a la mamá, ese asunto se hizo vital en la redes sociales.
Ahora llegó a la dirección del CECOFAM, una leal, inexperta en el tema de la niñez, pero incondicional de la Fiscal, tanto que quitó a todos los posibles perfiles para ocupar esa dirección y de dedazo puso a Tania Miroslava Argüelles Rivera, quien es su amiguísima desde que estuvo en la 1a Sala del H. Tribunal Superior de Justicia y antes de que se fuera a la fiscalía la tenía en su ponencia en la Sala Auxiliar Penal de dicho Tribunal, que desde ahí orquestaba todo, ahora la Fiscal, ya tiene dentro del Poder Judicial, direcciones, al órgano de administración judicial, magistrados que integran Sala, a su antojo y la Fiscalía , bien la supo hacer Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Ojalá nuestros ojos puedan ver su caída y en verdad exista en el Poder Judicial y ahora ya en la Fiscalía, JUSTICIA para los Veracruzanos. Esperemos que al verse descubiertas no cambien de última hora sus nombramientos.
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Dra. Claudia Guerrero Martínez
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