El diputado federal Wblester Santiago Pineda, del Partido del Trabajo (PT), protagonizó un escandaloso incidente el 28 de noviembre de 2025 en el estacionamiento de la plaza comercial Town Square, en Metepec, Estado de México. Acompañado por Mario Ariel Juárez Rodríguez, titular de la Junta de Caminos del Edomex y exalcalde de Cuautitlán, ambos en estado de ebriedad tras salir de la cantina La 20, acusaron al personal de seguridad de robo de dinero de su camioneta. En el altercado gritó insultos como "¡Soy el diputado de aquí, hijo de tu puta madre!" y agredió verbal y físicamente a los guardias, mientras causaba destrozos en instalaciones: escaleras eléctricas, estaciones de carga para vehículos eléctricos (valuadas en más de 45 mil pesos) y un auto Tesla. El costo total de los daños asciende a unos 300 mil pesos, según reportes de la plaza. Este episodio no es aislado. Pineda y Juárez mantienen una relación controvertida, marcada por acusaciones de corrupción: desde 2019, empresas ligadas al diputado han recibido al menos 99 millones de pesos en contratos públicos amañados, adjudicaciones directas y licitaciones restringidas, tanto en Cuautitlán como en la Junta de Caminos. La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez han exigido investigaciones exhaustivas sobre esta red de desvíos. El incidente, viralizado en redes, ha generado repudio por el abuso de poder y la impunidad aparente de estos funcionarios.
Víctor Manuel Álvarez Puga, uno de los damnificados de la salida de Gertz Manero. Pide Claudia Sneinbaum que la FGR lo investigue
Todos en la Fiscalía General de la República sabían que Alejandro Gertz Manero tenía a sus delincuentes consentidos. Uno de ellos era Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX en los tiempos de Peña Nieto, a quien una vez extraditado, le habían dado prisión domiciliaria; algo que cambió cuando el delincuente fue sorprendido comiendo pato pekinés en un restaurante de lujo. Otro de los preferidos de Gertz Manero era Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado de fraude y delincuencia organizada. Una vez fuera Gertz Manero de la FGR al primero que piden investigar es a él. Desde la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum declaró sobre este caso: “Ahora que está el nuevo equipo allá en la fiscalía, pues tiene que ver este y otros casos, por eso decía que nos interesa las cero impunidad en delitos de la delincuencia organizada, pero también delitos de cuello blanco como éste, entonces sí esperamos que la fiscalía pueda avanzar en estos casos, pero lo importante es que se acabe este flagelo de las factureras, y que aquellos que lo siguen haciendo haya sanción”. Esperemos que esta vez los sobrinos de Álvarez Puga no despierten la ambición de Ernestina Godoy y al rato salga con que no lo pueden extraditar o que si lo extraditan le otorgue la prisión domiciliaria.
También los hijos de Ricardo Aldana, líder petrolero, traficaron combustible con la sedena; se investiga si el combustible era robado
Ricardo Aldana Prieto, actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y reelegido hasta 2030, enfrenta un nuevo escándalo familiar revelado por la investigación periodística de N+ Focus. Resulta que sus hijos, Ricardo Aldana y Luis Antonio Aldana, han sido señalados por revender combustible —presuntamente de Pemex— a dependencias públicas federales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta práctica, detectada en contratos adjudicados mediante competencia simulada y licitaciones directas, habría permitido a las empresas ligadas a los hermanos Aldana enriquecerse con ventas irregulares de diésel y
otros hidrocarburos. Los contratos, firmados entre 2022 y 2024, involucran a firmas como Gas Azul y Estrategias Energéticas, donde los hijos de Aldana actúan como socios o beneficiarios. Un convenio específico con la SEDENA obliga a estas empresas a promover suministros de diésel para el Ejército, generando ganancias estimadas en millones de pesos. Aunque no se ha probado judicialmente que el combustible sea "robado" (huachicol), las adjudicaciones opacas y la conexión con Pemex —a través del padre— sugieren posibles conflictos de interés y desvíos, en un contexto donde Aldana ya ha sido acusado en el histórico "Pemexgate" de 2000 por malversación de fondos sindicales. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha iniciado revisiones preliminares, pero hasta el 2 de diciembre de 2025 no hay cargos formales. Este caso resalta la opacidad en contratos públicos energéticos y ha generado demandas de transparencia por parte de legisladores opositores, quienes exigen auditorías exhaustivas para evitar la impunidad en el sector petrolero.
Armando Ortiz Twitter: @aortiz52 @lbajopalabra |
|
