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Xalapa, Ver.-
En México y Centroamérica la desaparición de personas continúa siendo “una de las consecuencias humanitarias más devastadoras”, por lo que se requiere que los gobiernos de los Estados asuman su responsabilidad de prevenir y resolver esta problemática, y garantizar a las familias de las víctimas una respuesta integral, señala la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central. En este sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó a las autoridades mexicanas a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, en consonancia con los estándares internacionales, y que tome en cuenta las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos. Ello incluye eliminar los obstáculos procesales que dificultan el acceso a la justicia, ampliar el alcance del “amparo buscador” y fortalecer la supervisión judicial de las investigaciones y las detenciones, subrayó. En un mensaje a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto, la ONU-DH destacó el papel que desempeñan las autoridades judiciales para “garantizar la existencia de recursos efectivos, el debido proceso y juicios justos que permitan sancionar a las personas responsables, así como reparar a las víctimas y sus familiares”. Señala que la capacitación al personal judicial en materia de desaparición de personas incorporen un enfoque diferenciado que atienda las dimensiones de género, interseccional e intercultural. Al reconocer los avances en México, el organismo internacional apuntó que aún hay retos en el combate a las desapariciones forzadas, entre ellos el pleno reconocimiento de los derechos de las familias y personas allegadas en los procesos judiciales, la aplicación efectiva de “la declaración especial de ausencia” y el acompañamiento gratuito a las víctimas por parte de las defensorías públicas. En este sentido, abundó, también son importantes los esfuerzos encaminados a que las víctimas y sus familias estén situadas en el centro del sistema de justicia, desde la investigación hasta la reparación. A su vez, el CICR apuntó que, tras la desaparición de un ser querido, las autoridades deben responder de manera coordinada a las múltiples necesidades, incluidas las económicas, jurídicas y psicosociales, a las que se suma la angustiante incertidumbre de no conocer su paradero. “No estamos haciéndoles un favor, es una obligación legal. La desaparición de una persona es un golpe devastador. Pero lo que más duele, lo que impide seguir adelante, es la falta de respuestas. Una familia necesita saber dónde está su ser querido y qué le ha sucedido, para aliviar su sufrimiento. Esa necesidad no cambia con el tiempo, al contrario: se profundiza, y las autoridades tienen la obligación de garantizar su derecho a saber y tomar medidas para prevenir su repetición”, señala Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas y sus familias del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. En México, más de 130 mil personas están desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales, y en paralelo aumenta la necesidad de regresar la identidad de las personas fallecidas no identificadas y restituirlas a sus familias, recalcó. El CICR enfatizó que la responsabilidad de la búsqueda no debe recaer en las familias. Por el contrario, son los Estados quienes deben adoptar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, búsqueda, localización, recuperación, identificación y restitución, incluida la atención digna. Renaux resalta que la desaparición de personas no es un tema del pasado, sino una tragedia humanitaria muy vigente. Expuso que en Guatemala, al menos 45 mil personas desaparecieron durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996. En El Salvador, se estima que entre 8 mil y 10 mil personas en esa situación durante el conflicto armado de 1980 a 1992 y según datos divulgados por la Presidencia de ese país, entre 2015 y el primer semestre de 2025 se registraron 9 mil 465 desapariciones. En Honduras, se han reportado 10 mil 763 desapariciones entre 2012 y 2023.
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