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Xalapa, Ver.-
Porque una cosa es lo que dice la Presidenta Claudia Sheinbaum y otra muy distinta lo que hacen los gobernadores de la 4T, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ratifico las medidas cautelares contra el periodista Jorge González Valdez, quien deberá tener un censor que revise sus publicaciones, mientras que la página digital Tribuna tendrá que notificar todas las publicaciones dónde se mencione a la gobernadora de Campeche Layda Sansores. Apenas el viernes 29 se realizó en Campeche la audiencia de revisión de medida cautelar contra la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., proceso en el que también se encuentra señalado el periodista Jorge Luis González Valdez. El Tribunal resolvió mantener medidas que refuerzan el control sobre el ejercicio periodístico. Entre ellas, se ordenó que González Valdez sea supervisado de manera permanente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, con el objetivo de verificar que no emita expresiones consideradas ofensivas contra la gobernadora Layda Sansores San Román. En los hechos, esto implica una prohibición de hablar sobre la mandataria bajo riesgo de sanciones. Respecto a Organización Editorial del Sureste, se determinó que no se revele el nombre del responsable de redes sociales; sin embargo, la organización quedó obligada a enviar, de manera simultánea a su publicación, todas las notas que mencionen a Sansores San Román. Dicho material será revisado por el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que definirá si procede o no alguna sanción, pese a no contar con criterios periodísticos. Tribuna consideró que esta resolución sigue siendo un acto de censura que contraviene los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que garantizan la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide restricciones indirectas al ejercicio de la prensa. Con estas medidas, se fortalece el control sobre la información y se restringe el derecho de la sociedad a conocer críticas y opiniones sobre el actuar de la gobernadora de Campeche señalo el periódico en su página digital.
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