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XALAPA.- Vaya caso. Esta tarde se dio a conocer que fueron seis las unidades de carga pesada las que quedaron sepultadas por el derrumbe registrado sobre la autopista 150D Orizaba-Puebla, a la altura de El Mirador, en el kilómetro 231. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas fallecidas, aunque las autoridades no descartan que pudieran existir unidades particulares debajo de los más de 150 mil metros cúbicos que se desgajaron del cerro y taparon la vía rápida. Por lo anterior, Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó que no es viable la apertura de una doble circulación o a contraflujo en el tramo Acatzingo-Ciudad Mendoza con dirección a Veracruz, por lo que las unidades de carga continúan siendo enviadas a vías alternas desde el retorno de La Estancia….DE ACUERDO con reportes oficiales, la administración de Andrés Manuel López Obrador concluyó el pasado 30 de septiembre con un total de 72,337 tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país. En promedio, cada día se registran 35 nuevas perforaciones ilegales. El delito, que no solo afecta a la industria petrolera, tiene profundas raíces en varias regiones del país, donde se ha desarrollado una cultura alrededor del "huachicoleo". En ese tenor, Veracruz se posicionó entre las entidades con mayor incidencia de tomas clandestinas, con 4,110 perforaciones registradas. A nivel nacional, Hidalgo encabeza la lista con 24,710 tomas, seguido por el Estado de México y Puebla, con 8,919 y 8,636 respectivamente. Guanajuato (3,992) y Querétaro (1,833), además de Baja California (1,787), y Tabasco (1,764). Entre 2020 y 2021, se instalaron anualmente alrededor de 11,000 tomas clandestinas, pero esta cifra aumentó a 13,946 en 2022 y 14,890 en 2023. Hasta agosto de 2024, ya se contabilizaban más de 8,000 piquetes. Los informes refieren que el robo de combustibles se ha convertido en una fuente clave de ingresos para varios grupos delictivos en Veracruz y otros 23 estados. Según el último informe de la Administración de Drogas (DEA), al menos nueve organizaciones delictivas estarían involucradas en esta actividad ilegal. La violencia y la corrupción que acompañan a estos grupos han dificultado la labor de las autoridades para frenar el problema. Por su parte, Pemex ha presentado 32,323 denuncias penales relacionadas con el robo de combustibles, pero estas acciones solo cubren una parte del problema. La cadena delictiva que incluye la transportación, almacenamiento, distribución y venta del combustible robado sigue siendo una tarea pendiente para las autoridades, pues el delito involucra una extensa red de actores. Desde empleados corruptos de Pemex que facilitan información, hasta delincuentes organizados que extraen, almacenan y distribuyen el combustible robado. Incluso, la participación de la población local en varias zonas, pues los huachicoleros ofrecen beneficios y ayudas sociales para ganar el apoyo de las comunidades.
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