En los primeros 9 meses de 2025 se recibieron 188 mil 798 quejas del público en contra de instituciones financieras. Esas prácticas generan desconfianza MEMORANDUM 1.- Los despachos de cobranza lo tienen claro: es momento de dejar atrás prácticas “poco éticas y el hostigamiento” para poder recuperar los créditos vencidos, pues estos intermediarios enfrentan un momento de alta exigencia con el aumento en los niveles de impago por parte de la población, afirma Alan Ramírez, presidente de la Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob). Al participar en la Confederación Nacional de Cobranza (Convecob), un evento que reúne a los jugadores del sector, Ramírez externó que estos agentes deben dejar atrás todo modelo que implique presiones a los deudores, ser responsables y tratar con respeto cuando hacen su trabajo. Los despachos de cobranza son empresas que contratadas por intermediarios financieros (bancos, sociedades financieras populares, entre otros) para contactar a personas con deudas y recuperar los recursos de forma extrajudicial. Ante las autoridades, su principal función es negociar con los deudores para llegar a un acuerdo de pago, reestructura o consolidación. “Nuestro trabajo no solamente recupera saldos, es recuperar la confianza, recuperar la estabilidad y recuperar el futuro”, señala el presidente de la Apcob. De acuerdo con la última información presentada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de enero a septiembre, se recibieron 188 mil 798 quejas del público en contra de instituciones financieras (bancos, aseguradoras, Afores, etc), cifra 2.4 por ciento superior respecto a las registradas en el mismo periodo del año previo. Y las reclamaciones en contra de las gestiones de cobranza que aplican algunos despachos contratados por los intermediarios para recuperar cartera son las que más han crecido en el último año. Según la información disponible, el público en general presentó 14 mil 565 quejas en contra de las gestiones de cobranza aplicadas por los despachos, cifra 19.9 por ciento más alta si se compara con las 12 mil 146 reclamaciones que se registraron entre enero y septiembre de 2024. “La recuperación de cartera es necesaria, pero debe alejarse de prácticas poco éticas y del hostigamiento. El sector necesita transitar de un modelo de presión a uno de responsabilidad, profesionalización y respeto al usuario. La regulación no debe verse como obstáculo, sino como un marco para fortalecer la confianza”, apuntó el presidente de la Apcob. Por ley, los despachos de cobranza deben de cumplir con diversas reglas, entre ellas: no ofender ni amenazar a los deudores, no utilizar un nombre que se asemeje a una institución pública. Tampoco pueden enviar o presentar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad ni evidenciar públicamente al deudor, a través de redes sociales, medios de difusión masiva, listas negras, cartelones, o anuncios, entre otros. Por su parte, el presidente de la Condusef, Óscar Rosado Jiménez, apuntó que lo que busca el gobierno es que la regulación y leyes que se aplican a estos intermediarios extrajudiciales genere “eficiencia financiera y proteger a los usuarios del sistema”.
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Circulan perfiles que podrían ser considerados para sustituir a la fiscal Verónica Hernández Giadáns MEMORANDUM 2.- Aunque algunos son más conocidos que otros en distintas regiones del estado, mientras que otros incluso son figuras públicas por los cargos que han ostentado tanto dentro de la procuración e impartición de justicia, con la reciente reforma a la Constitución Política local, que perfila un cambio de la titular de la Fiscalía General del Estado, se dieron a conocer los nombres de quienes pudieran ser considerados por la gobernadora Rocío Nahle García para ocupar el puesto. En ese tenor, se mencionan los nombres de abogados expertos que cumplirían los requisitos, como Jennifer Bravo Vázquez, Amado Cruz Malpica, Alberto Islas Reyes, Lizbeth Jiménez Aguirre, Tomás Mundo Arriasa y Clemente Zorrilla Rostro. 1. Jennifer Bravo Vázquez es licenciada, maestra y doctora en derecho; se ha especializado en la defensa de los derechos humanos. Es una abogada litigante que ha manejado bajo perfil, pero eficiente en la defensa de los casos que sostenido. Tiene experiencia tanto en la procuración como de la impartición de justicia, y su trabajo principalmente se ha dado en la zona sur del estado. 2. Amado Cruz Malpica, actual alcalde de Coatzacoalcos, es abogado, maestro y político. Titulado en Derecho por la Universidad Veracruzana, se graduó con Mención Honorífica. Desde esa época de estudiante se caracterizó por participar en la izquierda. Militó en el Partido Comunista Mexicano y en los partidos que derivaron de él. En el aspecto político, llegó a ser presidente del PRD en Oaxaca. Cruz Malpica regresó a Coatzacoalcos para continuar con su desarrollo profesional, haciendo estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Valle del Grijalva; al mismo tiempo, se dedicó a su profesión como abogado laborista. Cuando en Petróleos Mexicanos se habló de liquidaciones tomó la defensa de los trabajadores llevando a feliz término las múltiples demandas que los obreros presentaron en contra de la paraestatal. Esa postura le ganó simpatías y respeto, creando una imagen importante ante la sociedad al ser durante años el referente de la defensa de los trabajadores de Pemex en el reclamo de sus derechos. Impartió cátedra en la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, en el sistema de Educación Abierta. 3. Alberto Islas Reyes, actual presidente municipal de Xalapa, es originario de Poza Rica. Es abogado y tiene su propio despacho, Islas Reyes y Abogados en la ciudad de Xalapa. Participó como integrante de la Comisión del Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana (UV) – su alma mater- en la mesa de diálogo con el Congreso del Estado, con el propósito de lograr acuerdos que dieron como resultado la reforma constitucional local que otorgó autonomía financiera a la máxima casa de estudios. Se desatacó como Abogado General de la UV durante la administración de Sara Ladrón de Guevara como rectora y fue integrante de la Comisión de Reglamentos de la institución. 4. Lizbeth Jiménez Aguirre, magistrada en funciones, es abogada; nacida en el municipio de Veracruz, es una profesionista con amplia trayectoria en el campo del Derecho Penal, que se ha desarrollado en la administración de justicia. Cuenta con la Licenciatura en Derecho, completada en 1999 por la Universidad Veracruzana. Cursó una Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Villa Rica; continuó su formación académica con un Posgrado en Derechos Fundamentales y Minorías en la Universidad de Gerona, España. Además, completó una serie de posgrados relacionados con el Derecho Penal y la Justicia en la misma Universidad; así como una actualización en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, y otra en Tendencias Actuales en Instrucción, Proceso Penal y Medicina Forense. Ya fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia, recomendada por el ex secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros. 5. Tomás Mundo Arriasa, abogado por la Universidad Veracruzana con un posgrado por la División de Estudios de Derechos de la UNAM, cuenta con diversos estudios en el extranjero, en países como Estados Unidos, Colombia, España, Chile, Argentina, Costa Rica y Guatemala, que le han permitido especializarse en el nuevo sistema oral de impartición de justicia. Se ha convertido en un referente por ser uno de los especialistas en la prueba testimonial desde el razonamiento probatorio, y de los pocos abogados que escudriñan la psicología del testimonio. Cuenta con experiencia en la función pública y es uno de los abogados más vistos, pues de manera constante encabeza casos importantes. Participa en el Proyecto Inocencia, desde el cual defiende principalmente a indígenas que se encuentran en cárceles de manera injusta. 6. José Clemente Zorrilla Rostro, es abogado y especialista en Legaltech y Derecho Acusatorio, con más de 10 años en el Poder Judicial del Estado y Defensoría Pública. Cuenta con una larga trayectoria como impartidor de justicia, estando al frente de diversos juzgados en los distintos distritos judiciales del Estado de Veracruz. En los últimos meses, se le ha mencionado como un posible relevo para ocupar la Fiscalía General del Estado.
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En el 25N, organizaciones lamentan que en México se mantengan cifras superiores a 10 mujeres asesinadas al día MEMORANDUM 3.- En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), diversas organizaciones entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona, Mujeres Libres COLEM y Mujeres Trabajando en Pro de los Derechos Humanos, señalaron que en las últimas tres décadas, la violencia por razones de género se ha ido visibilizando y se ha construido un andamiaje institucional específico para prevenirla, atenderla y erradicarla. Sin embargo, en territorio “hay un agravamiento y una complejización de las violencias, así como graves omisiones del Estado”. Las agrupaciones de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, lamentaron que en México se mantengan “cifras superiores a 10 mujeres asesinadas al día, con mayor presencia de tortura y saña en los feminicidios y una vinculación cada vez más clara con desapariciones y con el crimen organizado”. Externaron que “no se trata solo de que hoy se vea más: hablamos de un incremento real y grave de la violencia feminicida, que se expande hacia territorios indígenas y rurales y se expresa en patrones extremos, como mujeres embarazadas desaparecidas y posteriormente asesinadas, con extracción de sus bebés. Estos hechos ocurren además en un contexto en el que, desde altos niveles de gobierno, se minimiza públicamente la violencia contra las mujeres”. Al mismo tiempo, advirtieron se consolidan nuevas modalidades y se profundizan violencias ya conocidas: violencia digital que llega a comunidades urbanas e indígenas; uso de inteligencia artificial para generar imágenes íntimas sin consentimiento y extorsionar a niñas, adolescentes y mujeres; agresiones con ácido; violencia vicaria que utiliza a hijas e hijos como instrumentos de control; y violencia comunitaria y discursos de odio que legitiman y reproducen el riesgo en la vida cotidiana. Añadieron que “la violencia institucional se ha vuelto un hilo conductor que agrava la situación”, ya que algunas instancias creadas para proteger a las mujeres reproducen prácticas de revictimización, omisión, descalificación o persecución de las propias víctimas, mientras se minimiza la actuación de agresores. Asimismo, demandaron protección integral y justicia efectiva, que implica reformas legislativas acordes con las realidades actuales (incluida la violencia digital, vicaria y feminicida), canales de denuncia especializados y libres de revictimización, corresponsabilidad real entre los tres órdenes de gobierno en la prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación, así como protocolos de actuación con perspectiva de género que eviten tanto la invisibilización de los feminicidios como la criminalización de las mujeres que denuncian. “Este 25 de noviembre, las organizaciones firmantes reiteramos que son indispensables acciones serias, urgentes y sostenidas, proporcionales a la magnitud de la violencia que viven las mujeres en México hoy. Sin presupuesto garantizado y progresivo, y sin un sistema de justicia que realmente proteja y repare, cualquier discurso contra la violencia de género queda vacío”. Otras organizaciones firmantes del pronunciamiento son: Arthemisas por la Equidad, (Arthemisas), Nuevo León; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), Tlaxcala; Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Tabasco y Fundación para la Justicia.
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