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XALAPA.- En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), diversas organizaciones entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona, Mujeres Libres COLEM y Mujeres Trabajando en Pro de los Derechos Humanos, señalaron que en las últimas tres décadas, la violencia por razones de género se ha ido visibilizando y se ha construido un andamiaje institucional específico para prevenirla, atenderla y erradicarla. Sin embargo, en territorio “hay un agravamiento y una complejización de las violencias, así como graves omisiones del Estado”. Las agrupaciones de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, lamentaron que en México se mantengan “cifras superiores a 10 mujeres asesinadas al día, con mayor presencia de tortura y saña en los feminicidios y una vinculación cada vez más clara con desapariciones y con el crimen organizado”. Externaron que “no se trata solo de que hoy se vea más: hablamos de un incremento real y grave de la violencia feminicida, que se expande hacia territorios indígenas y rurales y se expresa en patrones extremos, como mujeres embarazadas desaparecidas y posteriormente asesinadas, con extracción de sus bebés. Estos hechos ocurren además en un contexto en el que, desde altos niveles de gobierno, se minimiza públicamente la violencia contra las mujeres”. Al mismo tiempo, advirtieron se consolidan nuevas modalidades y se profundizan violencias ya conocidas: violencia digital que llega a comunidades urbanas e indígenas; uso de inteligencia artificial para generar imágenes íntimas sin consentimiento y extorsionar a niñas, adolescentes y mujeres; agresiones con ácido; violencia vicaria que utiliza a hijas e hijos como instrumentos de control; y violencia comunitaria y discursos de odio que legitiman y reproducen el riesgo en la vida cotidiana. Añadieron que “la violencia institucional se ha vuelto un hilo conductor que agrava la situación”, ya que algunas instancias creadas para proteger a las mujeres reproducen prácticas de revictimización, omisión, descalificación o persecución de las propias víctimas, mientras se minimiza la actuación de agresores. Asimismo, demandaron protección integral y justicia efectiva, que implica reformas legislativas acordes con las realidades actuales (incluida la violencia digital, vicaria y feminicida), canales de denuncia especializados y libres de revictimización, corresponsabilidad real entre los tres órdenes de gobierno en la prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación, así como protocolos de actuación con perspectiva de género que eviten tanto la invisibilización de los feminicidios como la criminalización de las mujeres que denuncian. “Este 25 de noviembre, las organizaciones firmantes reiteramos que son indispensables acciones serias, urgentes y sostenidas, proporcionales a la magnitud de la violencia que viven las mujeres en México hoy. Sin presupuesto garantizado y progresivo, y sin un sistema de justicia que realmente proteja y repare, cualquier discurso contra la violencia de género queda vacío”. Otras organizaciones firmantes del pronunciamiento son: Arthemisas por la Equidad, (Arthemisas), Nuevo León; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), Tlaxcala; Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Tabasco y Fundación para la Justicia.
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