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XALAPA.- El vital líquido ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno federal, concesionarios y campesinos, en medio de un proyecto que busca poner orden a las concesiones del recurso y reforzar el control estatal sobre las mismas, lo que ha provocado el enojo de empresarios y productores, que acusan una nueva forma de expropiación gubernamental. Este lunes 24 de noviembre, organizaciones agrícolas y transportistas realizaron una serie de bloqueos en autopistas y carreteras de todo el territorio nacional, que se prolongaron hasta por más de 10 horas, paralizando, en algunos casos, la actividad económica de las ciudades, entre ellas la capital de la República. Entre las demandas de los quejosos, se hallaba, además de la proclama de mayor seguridad en vialidades, los precios de los productos del campo, así como una revisión a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley General de Aguas. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que, de último momento, se hayan sumado esas demandas en los bloqueos, los cuales, inicialmente, estaban enfocados en la seguridad en carreteras y autopistas. La mandataria justificó que la iniciativa busca terminar con privilegios y, de esa manera, garantizar un mayor acceso de la población al recurso hídrico. La reforma propuesta por la administración de Sheinbaum incluye tanto modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales como la creación de una nueva Ley General de Aguas. Según la mandataria federal, el objetivo fundamental es “poner orden” en las concesiones del recurso, así como garantizar el derecho humano al agua, despojando al agua de su carácter mercantil. Uno de los cambios más polémicos de la iniciativa es la prohibición de transmitir concesiones entre particulares: según los agricultores, esta medida podría detener la transmisión de derechos hídricos junto con la tierra, lo que generaría una “expropiación de facto”. Además, se eliminaría el artículo que permitía ceder temporalmente las concesiones, lo que a juicio de algunos afectaría gravemente la certeza jurídica para los productores. En contraparte, el Gobierno argumenta que esta reforma es necesaria para combatir malas prácticas, ya que la propuesta endurece las sanciones por uso irregular, venta o cesión ilegal de agua. Incluso, se crea un capítulo específico de “delitos hídricos”, también conocido como “huachicol de agua”, que prevé multas y penas de hasta 10 años de prisión para quienes extraigan o trasladen agua sin permiso. No obstante, la propuesta ha generado fuertes críticas. Senadores del PAN, como Mario Vázquez, han advertido que la reforma podría colapsar al campo, al reducir la seguridad jurídica y el patrimonio de familias agrícolas.
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