Ya se decidió que el dinero decomisado a delincuentes de todo tipo, sin importar si son de la delincuencia organizada o de la desorganizada a la que pertenecen los políticos servirá para la creación de obra de beneficio social.
El organismo que será creado para ello se encargará de ello, aunque ya con anticipación el Presidente López Obrador advirtió que dichas obras contarán con una placa en la que se defina de donde provienen los fondos para ella.
Es decir, dichas obras tendrán los nombres y la forma en que políticos de todo nivel se apropiaron de bienes pertenecientes a la administración pública o derivan de actos de corrupción o fueron decomisos a los llamados integrantes de los grupos delincuenciales.
La decisión ha sido bien recibida, cuando menos en el renglón del destino de esos recursos, ya que hasta ahora se desconocía el rumbo que tomaban los decomisos de grandes cantidades de dinero en efectivo, principalmente, y en propiedades que en cifras escandalosas quedaban en manos de las autoridades-.
Es cierto que algunas propiedades como el llamado Partenón que perteneció a Arturo Durazo Moreno se convirtió en bien público, al que tenían acceso los curiosos que deseaban entrar en dicha propiedad.
Pero de los 205 millones de dólares decomisados en efectivo al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, poco se supo, ya que se difundieron versiones encontradas sobre su destino.
Otros decomisos grandes del pasado fueron realizados a los principales dirigentes de los cárteles de las drogas, aunque los efectuados a los políticos involucrados o acusados de corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos no se han clarificado y en proporción son escasos.
En la mayoría de los casos de los políticos señalados por esos actos, se les confina unos cuantos años en prisión y después salen a disfrutar de esos bienes, que, por supuesto, no tienen a su nombre, aunque en ocasiones no les regresan todos, ya que les cobran el derecho de uso de nombre.
Hasta el momento, con excepción del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, ningún político purgó más allá de un sexenio de prisión y tal vez, Jorge Díaz Serrano, sea la excepción que confirme la regla.
Cada uno de esos personajes libra la prisión, después de un breve castigo y la mayoría de ellos salen absueltos de los cargos que le fueron imputados, lo que muestra que se trató más que nada de una venganza política-
Acaba de suceder con el ex gobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, a quien señalaban de delitos de desvío de recursos millonarios, aunque nunca pudieron respaldarlo con pruebas fehacientes de ello y consiguió la libertad, absuelto de los delitos que le endilgaban, con lo que se confirmó que fue una venganza orquestada por su sucesor Arturo Núñez Jiménez.
Con la facilidad con la que se acusa a los políticos, sin respaldo de pruebas, por lo que los denunciados salen pronto y sin penalización de las cárceles, habrá que ver si las reformas penales son el soporte suficiente para evitar se continúen presentado esas fallas.
Por lo pronto, las propuestas están ahí y habrá que ver qué resultado se obtiene, con la premisa que exista transparencia en ello.
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