Casi con dedicatoria, aprueba el Congreso local reforma sobre remoción y nombramiento del Fiscal General del Estado MEMORANDUM 1.- Con evidente dedicatoria para la actual fiscal Verónica Hernández Giadáns, con 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura del estado aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de Veracruz relativas al procedimiento para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la duración del periodo en el cargo. Este dictamen, presentado durante la Decimosegunda Sesión Ordinaria por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, es resultado del análisis conjunto de las iniciativas presentadas el 27 de noviembre de 2024, por el diputado Diego Castañeda Aburto, y el 19 de junio de 2025, por la legisladora Elizabeth Morales García y el legislador Ramón Díaz Ávila. De acuerdo con el dictamen, con esta reforma se redefiniría y fortalecería la inserción de la FGE en la arquitectura del poder público para optimizar su funcionamiento, garantizando su eficacia y asegurando su rendición de cuentas. Se transitaría de un modelo de designación que, en la práctica, ha demostrado ser susceptible de generar parálisis institucional y vacíos de responsabilidad, hacia una nueva visión que privilegiará la colaboración armónica entre los poderes, la celeridad en las decisiones críticas y una clara e inequívoca línea de responsabilidad política. El proyecto considera necesario establecer la obligatoriedad de que la propuesta para ocupar la titularidad del organismo autónomo sea sometida a la aprobación de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes el día de la elección. De esta manera, se establecería en la Constitución que la o el titular de la FGE dure en el cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado o ratificada por la o el titular del Poder Ejecutivo para un segundo y último periodo de igual duración, haciéndolo del conocimiento del Congreso para la protesta de ley. El nombramiento de Fiscal General se realizará a propuesta de la persona titular del Poder Ejecutivo y sometido a la consideración del Congreso del Estado, el cual deberá resolver dentro del improrrogable término de cinco días hábiles. El Congreso aprobará la propuesta por las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes; en caso de que no se pronuncie respecto de la propuesta en el plazo señalado para tal efecto, se entenderá por aprobada. En cualquiera de dichos supuestos se llamará a la persona designada para la debida protesta de ley. En caso de que la propuesta no sea aprobada, se solicitará al Poder Ejecutivo que remita una segunda propuesta, misma que será sometida a votación en los términos del párrafo anterior para su aprobación, dentro de los dos días hábiles siguientes. De no pronunciarse el Congreso dentro de este plazo, o si esta segunda propuesta no fuese aprobada, la persona titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de designar la titularidad de la FGE de entre las dos personas que integraron las propuestas previamente sometidas a la consideración de la representación popular. La persona titular de la FGE podrá ser removida por quien encabece el Poder Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el Congreso del Estado con la misma votación requerida para su nombramiento dentro de un plazo de cinco días hábiles, en cuyo caso, el o la titular de la FGE será restituida en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronunciare al respecto, se entenderá que no existe objeción. Al tratarse de reformas a la Constitución y en apego a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Carta Magna, tras su aprobación por parte del Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, instruyó remitir el decreto a los municipios del estado, para su valoración. Durante los pronunciamientos, a la fiscal Verónica Hernández no le fue bien. Y es que, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez afirmó que Veracruz merece un sistema de procuración de justicia justo, digno e imparcial y que entregue resultados en corto tiempo. Dijo que este nuevo modelo recompensa el resultado de quien esté al frente de la FGE y se pronunció por contar con un servidor público que se deba al pueblo y que entienda el dolor de la gente, que no revictimice y que dé atención a todos los veracruzanos. Señaló que la colaboración de los poderes Ejecutivo y Legislativo refrenda la visión compartida de una cultura de paz impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García. A su vez, el coordinador del Grupo Legislativo del PVEM, diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, indicó que este dictamen fortalece a Veracruz, a la procuración de justicia y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Refirió que se elimina la posibilidad de un vacío constitucional, se reducen los tiempos inoperantes y se da certeza al proceso y atribuciones a quien por mandato popular es quien asume la atención básica en materia de seguridad, al Poder Ejecutivo quien trabajará en coordinación con el Legislativo. La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que la reforma representa un grave retroceso en la autonomía del organismo autónomo, se pronunció en contra de que una sola persona tenga la atribución para elegir a la titularidad de la Fiscalía y agregó que no hay garantías para quienes buscan justicia. En nombre del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), la diputada Montserrat Ortega Ruiz aseguró que el dictamen modifica de manera sustantiva el equilibrio institucional y que la propuesta se opone a los principios rectores de la función de procuración de justicia al perder independencia, lo cual, afirmó, impacta de manera directa en la confianza ciudadana en el combate a la impunidad y en la credibilidad de las instituciones encargadas de investigar los delitos. Por el Partido del Trabajo (PT), el legislador Ramón Díaz Ávila se pronunció a favor del Dictamen, al considerar que el modelo propuesto presenta una evolución en la procuración de justicia y deja atrás un modelo estático y obligatorio transexenal por un período más corto, abona a la eficiencia en el trabajo y está más alineado con los cambios y demandas sociales, asegurando que las políticas y estrategias institucionales estén en sintonía con las necesidades actuales de la ciudadanía. Por su parte, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que, tras un análisis jurídico serio de la propuesta, es concluyente que el modelo propuesto no solo es constitucionalmente viable, sino que representa un avance necesario en la organización de la Procuración de Justicia en Veracruz. Destacó la modificación del periodo de ejercicio del cargo, que “permitirá mayor estabilidad y mejor evaluación del desempeño”. Adelantó el voto a favor de la reforma que, dijo, abre paso a un esquema más directo, basado en propuestas y diálogo constructivo. En el debate en lo general participaron las diputadas María Elena Córdova Molina y Elizabeth Morales García, así como el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.
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Anuncia Consejo Nacional de la Tortilla que el costo del producto básico aumentaría hasta 24 pesos por alza de insumos MEMORANDUM 2.- Luego de que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió una nueva escalada de precios, el Consejo Nacional de la Tortilla confirmó que el incremento al costo del producto básico es inevitable por varios factores que rigen el mercado. Homero López García, presidente del organismo empresarial, señaló que el alza no se puede detener como lo intenta el gobierno mexicano, ya que los insumos como el maíz, el acero, el gas y el papel de grado alimenticio fluctúan a valores internacionales. "Entonces sí se ha dado; de hecho tenemos precios como en la Ciudad de México tiene una tendencia a subirse a 24 pesos porque tiene ya dos años y ocho meses que no le subimos, pero tenemos precios de tortilla en 24, 26, 28, 30 y 32 (pesos)". El empresario sostuvo que al gobierno le ha costado mucho entender que la tortilla no únicamente se elabora con maíz o harina, pues el producto tiene una cadena de valor de diferentes insumos. Incluso recordó que las políticas públicas que se están tomando no favorecen en nada a la industria, como la intención de reducir la jornada laboral algo que podría derivar en un aumento mayor de cuatro a cinco pesos por kilo de tortilla. "Y por otro lado los aguinaldos, que me parece muy asertivo que se le pague más a los colaboradores, pero el gobierno nunca pone su granito de arena" ya que "no comprendo cómo en un país se le recompense económicamente a la gente que no trabaja con los que sí salen a trabajar". Además de la capital de la República Mexicana, en donde el aumento se da de forma gradual, la tendencia a elevarse también ocurre en el Estado de México, Veracruz, Quintana Roo y Guerrero. Al finalizar el año "hay un 60 o 70 por ciento de posibilidades por todo lo que estamos sondeando por la relación que hay con los compañeros, lo que nos dicen, todo lo que afecta al precio de la tortilla que va desde los energéticos, la materia prima y hasta la inseguridad se toma en cuenta para el costo de la tortilla", aseguró. En este marco, la ANPEC dio a conocer que existe un incremento de precios en productos de consumo básico como la tortilla, el pan, el chocolate, el azúcar, el café y las bebidas azucaradas. Entre las entidades donde ya se reportan los precios más altos se encuentran Sonora, con 34 pesos, Baja California Sur con 32 pesos, así como Colima.
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Justifica titular de Sedarpa decisión de no contratar un seguro catastrófico para el campo; entre 2018 y 2023 el estado pagó 208 mdp en primas y recibió solo 92 mdp MEMORANDUM 3.- En lo que de hecho, fue una raspada a la política agropecuaria del gobierno anterior, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, justificó la decisión de no contratar un seguro catastrófico para el campo veracruzano y afirmó que el nuevo esquema de apoyos directos permitirá entregar a los productores montos cuatro veces mayores a los que recibirían por la vía de aseguradoras. Durante su comparecencia ante diputadas y diputados locales, el funcionario estatal señaló que el modelo tradicional ofrecía una baja recuperación frente al pago de primas que realizaba el estado. “Entre 2018 y 2023 el estado pagó 208 millones de pesos en primas y recibió solo 92 millones de pesos en indemnizaciones, esto significa una recuperación del 44 por ciento”. Refirió que incluso en condiciones de desastres naturales, los pagos resultaban menores y tardíos para los afectados. “Tenemos datos de que en los años con eventos climáticos extremos los ajustes tardaron en ser pagados con liquidaciones de aproximadamente mil 500 (pesos) por productor”. Frente a ese desempeño, Calderón Salas aseguró que el nuevo esquema de entrega directa representa una mejora sustancial para el sector. “Más de 9 mil 700 productores van a recibir en la primera semana de diciembre un promedio de 7 mil 500 pesos, es decir cuatro veces más de lo que hubieran recibido con un seguro catastrófico”. El funcionario sostuvo que el cambio busca agilizar la dispersión de recursos, garantizar montos más altos y responder con mayor oportunidad a quienes enfrentan afectaciones en sus cultivos. Por otro lado, cuestionado en torno a las bodegas del Gobierno del estado en la Central de Abastos de la Ciudad de México, el titular de la Sedarpa admitió que estaba siendo usadas por personas ajenas al estado y sin ser productores. “Se hizo una inspección y se encontraron que estaban usándolas peonas ajenas al estado y no siendo productores sino comercializadores; se emprendieron acciones y ya se recuperaron en junio una y en septiembre otra porque ya tenían contratos con otra persona”, aseguró. Debido a ello, indicó que se lograron recuperar las bodegas y hay procesos legales contra quien resulte responsable por estas irregularidades. “Los contratos los echamos abajo legalmente y las recuperamos y ya tenemos en proceso legal contra las personas, ante la Fiscalía Anticorrupción”. En septiembre pasado se dio a conocer que se detectó el arrendamiento de las bodegas a un particular, de nombre Laura Amador Zaragoza, hermana del exfuncionario Humberto Amador Zaragoza, responsable de la Subsecretaría de Ganadería, la cual le generaba ingresos por más de un millón y medio de pesos en el último año.
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