LA RESOLUCION de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidando la famosa Ley Bonilla, en el Estado de Baja California, está enviando un importante mensaje a los mexicanos, en el sentido de que no todo está perdido y que los abusos del poder en el actual sistema de gobierno, tienen una limitante en el órgano supremo de la Justicia, donde se analizan con profundidad las determinaciones legales por cuanto corresponde a su constitucionalidad.
La Ley Bonilla, como todos los mexicanos se dieron cuenta en tiempo y forma, no contaba con el aval constitucional, lo que fue esencialmente estudiado por los miembros de la Corte, desechando la legalidad de la disposición estatal que pretendía otorgar al gobernador electo en ese entonces, Jaime Bonilla, un periodo de gobierno de cinco años, cuando un mes antes, en el proceso electoral, se había determinado por los ciudadanos de aquella entidad, que solamente tendría un periodo de dos años. La Legislatura local, aprobó los deseos del nuevo gobernante y se emitió la correspondiente reforma constitucional, que lejos estaba de ser un acto completamente legal.
Vino la controversia constitucional, donde el órgano jurisdiccional más importante de la nación, analizó la decisión legislativa local, pronunciándose por unanimidad a favor del respeto a la voluntad popular, resolviendo la inconstitucionalidad de la Ley, como un signo, además, de un pretendido abuso del poder, alentado, indudablemente, por el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que mediante consultas a modo ha querido imponer su propio sistema de gobierno, que lleva rumbo al establecimiento de un nuevo orden constitucional, basado, principalmente en el autoritarismo y dictatorial.
Cualquier reforma a la Constitución local del Estado de Baja California, tendría que ser congruente con lo que manda la Constitución General de la República, en el entendido que ninguna ley menor puede estar por encima de la Ley General, pero menos en contra de la voluntad popular, la cual se había manifestado un mes antes en las urnas electorales, donde se determinó, por ciento de forma amplia, que el Gobernador electo, debería ejercer sus funciones políticas y administrativas, en un periodo de dos años y no de cinco, como fue la pretensión del Gobernador Bonilla, así como de su comparsa legislativa, compuesta por miembros de Morena, y completada por algunos diputados del Partido de Acción Nacional.
Cualquier reforma al respecto, debió hacerse antes del proceso electoral y no después, cuando ya los electores de Baja California, había emitido su voto para un gobierno de dos años y no de cinco. La resolución de la Suprema Corte de Justicia, ya se esperaba que fuera en sentido contrario a la disposición local de aquella entidad, sentando un buen precedente en estos tiempos de verdadera incongruencia gubernamental y presidencial, como ya se ha notado, también, a nivel nacional, aplicando decisiones, supuestamente avaladas por el pueblo, en una consulta a modo y en ciertos sectores afines al gobierno actual, defraudando a la mayoría de l os gobernados en este país.
La resolución de la Corte, también es un buen mensaje para todos aquellos que ejercen el poder, atropellando la voluntad popular, incluyendo, desde luego, al Presidente de la República, a los gobernadores de los Estados, avalados por el propio partido político en el poder, como aquí en Veracruz, donde también se busca blindar al mandatario estatal, con la finalidad de no pasar por el proceso de revocación de su mandato, donde estaría perdiendo la posibilidad de continuar al frente del poder en la entidad, pues se cree que al ser sometido a esta consideración del pueblo, seguramente, que será retirado del Pode Ejecutivo, que ahora detenta.
Pero este es un aviso más que le envía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los gobiernos actuales, en el sentido de que no está, todavía, sometida a los deseos presidenciales y que permanece actuando de forma autónoma para resolver todas aquellas controversias constitucionales, como la que ya ha anunciado el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Marlon Ramírez Marín, en el caso de que se quiera llevar a cabo otra estrategia política de Morena, al proponer una reforma constitucional, para proteger al Gobernador del Estado, independientemente de otras propuestas que buscan respaldar los actos ilegales de la mayoría legislativa en la entidad veracruzana.
Quedan, pues, advertidos, los que ejercen el poder en México, y en Veracruz, de que el pueblo tiene, todavía, a su favor, la instancia jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia, cuyas resoluciones son definitivas, por lo que ya no hay lugar a combatirlas posteriormente.
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TODOS MUEREN POR COVID 19.
NO ESTA DEBIDAMENTE probada la versión surgida hace algunas semanas, en el sentido de que las autoridades del sector salud, habían ordenado a los Directores de los diversos hospitales públicos del país, que todo fallecimiento que se registrara en sus respectivas instituciones médicas, fueran consideradas como muerte por Covid 19, en virtud de que no había ni las hay, las suficientes pruebas para determinar las verdaderas causas que generan los decesos.
Esto, indudablemente, que provocó una serie de reacciones, aunque no se ha llegado a una verdadera conclusión sobre la autenticidad de las versiones emitidas por las autoridades de salud, ni tampoco se ha comprobado que así sea o haya sido la instrucción oficial. De todos modos, esto deja mucho que desear, porque de ser verdad lo que se ha dicho, significa que las cifras que se dan a nivel nacional, por el sector salud, no son, en realidad, las verdaderas, pues si esto ocurre, serían menos los fallecidos por la pandemia, puesto que a decir de las mismas autoridades de salud, en el país, normalmente, mueren por otras causas, mil seiscientas personas, aproximadamente por otras razones.
Y aunque, como ya quedó aclarado, no hay pruebas de que tales instrucciones fueran ciertas, pero sí comenzó a especularse sobre las muertes de otras enfermedades, como el cáncer, como ejemplo, que no se han dado a conocer, es
decir, que no forman parte de los índices de mortalidad que se anuncian todos los días, pues si se informa de cien fallecimientos en un día, aproximadamente, bajo estas consideraciones, es posible que sean solamente la mitad que fallecen por Covid 19. Esto es lo que se ha externado, aunque se insiste, son versiones especulativas, pero no tienen el respaldo de una declaración oficial, principalmente, porque en los hospitales no han pruebas para determinar la verdadera causa de los fallecimientos y en ese sentido, si da lugar a que se piense en una información incompleta.
La última palabra, esta, desde luego, en las declaraciones oficiales de los responsables del sector salud, tanto a nivel nacional, como también en el Estado, donde menos datos se proporcionan.
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LUZ, AL FINAL DEL TUNEL.
AUNQUE TODAVIA estamos en el pico más alto de contagios por la pandemia del coronavirus, ya se ha comenzado a vislumbrar la posibilidad de volver a la normalidad, iniciando por regiones la actividad pública, dependiendo en donde se encuentre la menor presencia de la enfermedad.
Esto lo ha dicho el Presidente, lo que indica que ya se están tomando algunas decisiones para entrar en la primera fase de la reconstrucción de todos los daños económicos que ha sufrido la sociedad en general.
De ser así, seguramente, que será bajo ciertas restricciones a fin de no tener un repunte en los contagios, lo que sería, desde luego, indeseable, ya que todos quieren volver a trabajar, sobre todo, aquellos sectores que no son beneficiados con un sueldo seguro y que tienen, prácticamente, que rascarse con sus propias uñas.
Por lo pronto, ya existe una pequeña esperanza de poder reactivar la economía de algunas regiones del país.
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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.
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