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Xalapa, Ver.- La Barra Mexicana de Abogados (BMA) y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford se suman a las críticas contra la reforma de la llamada Supremacía Constitucional e instaron al Congreso de la Unión a evaluar la iniciativa de reforma constitucional a la luz de las obligaciones de México bajo el derecho internacional para garantizar la protección de los derechos humanos. Ya que, en un comunicado conjunto, advierten que viola las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. La reforma constitucional aprobada en el Senado la semana pasada, establece la supremacía de la Carta Magna y deja claro que no proceden amparos, controversias, ningún otro recurso jurídico en contra de modificaciones o adicione a esa que es la ley suprema en el país. En el escrito recuerdan que esta iniciativa propone modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución Política mexicana, eliminando la competencia de los tribunales federales para revisar las reformas constitucionales impugnadas a través de las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo. Detalla que, de aprobarse, esta iniciativa violaría el Artículo 1de la Constitución Política que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Esta iniciativa también viola las obligaciones de México en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de respetar los derechos humanos (artículo 1), adoptar las disposiciones de derecho interno necesarias para garantizar tales derechos (artículo 2) y garantizar recursos judiciales efectivos (artículos 8 y 25). Señala que México también está obligado a garantizar estos derechos en virtud de los artículos 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Apuntan que el acceso al control jurisdiccional es en sí mismo un derecho humano, y resulta indispensable para garantizar que las reformas constitucionales no vulneren los derechos humanos. Aseguran que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha sido claro al señalar que "todos los procesos democráticos requieren el respeto y la protección de los derechos humanos". La Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford señala que "las reformas constitucionales no son diferentes a este respecto; los derechos humanos deben ser respetados y protegidos durante el proceso."
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