Circulan perfiles que podrían ser considerados para sustituir a la fiscal Verónica Hernández Giadáns MEMORANDUM 1.- Aunque algunos son más conocidos que otros en distintas regiones del estado, mientras que otros incluso son figuras públicas por los cargos que han ostentado tanto dentro de la procuración e impartición de justicia, con la reciente reforma a la Constitución Política local, que perfila un cambio de la titular de la Fiscalía General del Estado, se dieron a conocer los nombres de quienes pudieran ser considerados por la gobernadora Rocío Nahle García para ocupar el puesto. En ese tenor, se mencionan los nombres de abogados expertos que cumplirían los requisitos, como Jennifer Bravo Vázquez, Amado Cruz Malpica, Alberto Islas Reyes, Lizbeth Jiménez Aguirre, Tomás Mundo Arriasa y Clemente Zorrilla Rostro. 1. Jennifer Bravo Vázquez es licenciada, maestra y doctora en derecho; se ha especializado en la defensa de los derechos humanos. Es una abogada litigante que ha manejado bajo perfil, pero eficiente en la defensa de los casos que sostenido. Tiene experiencia tanto en la procuración como de la impartición de justicia, y su trabajo principalmente se ha dado en la zona sur del estado. 2. Amado Cruz Malpica, actual alcalde de Coatzacoalcos, es abogado, maestro y político. Titulado en Derecho por la Universidad Veracruzana, se graduó con Mención Honorífica. Desde esa época de estudiante se caracterizó por participar en la izquierda. Militó en el Partido Comunista Mexicano y en los partidos que derivaron de él. En el aspecto político, llegó a ser presidente del PRD en Oaxaca. Cruz Malpica regresó a Coatzacoalcos para continuar con su desarrollo profesional, haciendo estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Valle del Grijalva; al mismo tiempo, se dedicó a su profesión como abogado laborista. Cuando en Petróleos Mexicanos se habló de liquidaciones tomó la defensa de los trabajadores llevando a feliz término las múltiples demandas que los obreros presentaron en contra de la paraestatal. Esa postura le ganó simpatías y respeto, creando una imagen importante ante la sociedad al ser durante años el referente de la defensa de los trabajadores de Pemex en el reclamo de sus derechos. Impartió cátedra en la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, en el sistema de Educación Abierta. 3. Alberto Islas Reyes, actual presidente municipal de Xalapa, es originario de Poza Rica. Es abogado y tiene su propio despacho, Islas Reyes y Abogados en la ciudad de Xalapa. Participó como integrante de la Comisión del Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana (UV) – su alma mater- en la mesa de diálogo con el Congreso del Estado, con el propósito de lograr acuerdos que dieron como resultado la reforma constitucional local que otorgó autonomía financiera a la máxima casa de estudios. Se desatacó como Abogado General de la UV durante la administración de Sara Ladrón de Guevara como rectora y fue integrante de la Comisión de Reglamentos de la institución. 4. Lizbeth Jiménez Aguirre, magistrada en funciones, es abogada; nacida en el municipio de Veracruz, es una profesionista con amplia trayectoria en el campo del Derecho Penal, que se ha desarrollado en la administración de justicia. Cuenta con la Licenciatura en Derecho, completada en 1999 por la Universidad Veracruzana. Cursó una Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Villa Rica; continuó su formación académica con un Posgrado en Derechos Fundamentales y Minorías en la Universidad de Gerona, España. Además, completó una serie de posgrados relacionados con el Derecho Penal y la Justicia en la misma Universidad; así como una actualización en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, y otra en Tendencias Actuales en Instrucción, Proceso Penal y Medicina Forense. Ya fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia, recomendada por el ex secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros. 5. Tomás Mundo Arriasa, abogado por la Universidad Veracruzana con un posgrado por la División de Estudios de Derechos de la UNAM, cuenta con diversos estudios en el extranjero, en países como Estados Unidos, Colombia, España, Chile, Argentina, Costa Rica y Guatemala, que le han permitido especializarse en el nuevo sistema oral de impartición de justicia. Se ha convertido en un referente por ser uno de los especialistas en la prueba testimonial desde el razonamiento probatorio, y de los pocos abogados que escudriñan la psicología del testimonio. Cuenta con experiencia en la función pública y es uno de los abogados más vistos, pues de manera constante encabeza casos importantes. Participa en el Proyecto Inocencia, desde el cual defiende principalmente a indígenas que se encuentran en cárceles de manera injusta. 6. José Clemente Zorrilla Rostro, es abogado y especialista en Legaltech y Derecho Acusatorio, con más de 10 años en el Poder Judicial del Estado y Defensoría Pública. Cuenta con una larga trayectoria como impartidor de justicia, estando al frente de diversos juzgados en los distintos distritos judiciales del Estado de Veracruz. En los últimos meses, se le ha mencionado como un posible relevo para ocupar la Fiscalía General del Estado.
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En el 25N, organizaciones lamentan que en México se mantengan cifras superiores a 10 mujeres asesinadas al día MEMORANDUM 2.- En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), diversas organizaciones entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona, Mujeres Libres COLEM y Mujeres Trabajando en Pro de los Derechos Humanos, señalaron que en las últimas tres décadas, la violencia por razones de género se ha ido visibilizando y se ha construido un andamiaje institucional específico para prevenirla, atenderla y erradicarla. Sin embargo, en territorio “hay un agravamiento y una complejización de las violencias, así como graves omisiones del Estado”. Las agrupaciones de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, lamentaron que en México se mantengan “cifras superiores a 10 mujeres asesinadas al día, con mayor presencia de tortura y saña en los feminicidios y una vinculación cada vez más clara con desapariciones y con el crimen organizado”. Externaron que “no se trata solo de que hoy se vea más: hablamos de un incremento real y grave de la violencia feminicida, que se expande hacia territorios indígenas y rurales y se expresa en patrones extremos, como mujeres embarazadas desaparecidas y posteriormente asesinadas, con extracción de sus bebés. Estos hechos ocurren además en un contexto en el que, desde altos niveles de gobierno, se minimiza públicamente la violencia contra las mujeres”. Al mismo tiempo, advirtieron se consolidan nuevas modalidades y se profundizan violencias ya conocidas: violencia digital que llega a comunidades urbanas e indígenas; uso de inteligencia artificial para generar imágenes íntimas sin consentimiento y extorsionar a niñas, adolescentes y mujeres; agresiones con ácido; violencia vicaria que utiliza a hijas e hijos como instrumentos de control; y violencia comunitaria y discursos de odio que legitiman y reproducen el riesgo en la vida cotidiana. Añadieron que “la violencia institucional se ha vuelto un hilo conductor que agrava la situación”, ya que algunas instancias creadas para proteger a las mujeres reproducen prácticas de revictimización, omisión, descalificación o persecución de las propias víctimas, mientras se minimiza la actuación de agresores. Asimismo, demandaron protección integral y justicia efectiva, que implica reformas legislativas acordes con las realidades actuales (incluida la violencia digital, vicaria y feminicida), canales de denuncia especializados y libres de revictimización, corresponsabilidad real entre los tres órdenes de gobierno en la prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación, así como protocolos de actuación con perspectiva de género que eviten tanto la invisibilización de los feminicidios como la criminalización de las mujeres que denuncian. “Este 25 de noviembre, las organizaciones firmantes reiteramos que son indispensables acciones serias, urgentes y sostenidas, proporcionales a la magnitud de la violencia que viven las mujeres en México hoy. Sin presupuesto garantizado y progresivo, y sin un sistema de justicia que realmente proteja y repare, cualquier discurso contra la violencia de género queda vacío”. Otras organizaciones firmantes del pronunciamiento son: Arthemisas por la Equidad, (Arthemisas), Nuevo León; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), Tlaxcala; Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Tabasco y Fundación para la Justicia.
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El 61% de los latinos considera que las políticas económicas de Trump han empeorado sus condiciones... ¿y los otros? MEMORANDUM 3.- Los latinos empiezan a caer en la cuenta de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ayudar a ganar las elecciones de noviembre con su voto clave en Florida, Texas y en estados bisagra como Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania, ha ido demasiado lejos en su represión con tintes racistas contra los inmigrantes y su gestión de la economía les está perjudicando. Una reciente encuesta del Pew Research Center divulgada este lunes señaló que el 80 por ciento de los latinos en general no apoya al mandatario republicano y el 71 por ciento considera que se ha excedido en las deportaciones. El estudio, realizado entre 8,046 adultos, analiza cómo perciben los hispanos su situación en el país durante el primer año del segundo mandato de Trump y compara estas percepciones con las de su primer periodo (2017-2021). La investigación revela un aumento sostenido del temor relacionado con la política migratoria: el 52 por ciento de los latinos teme que él mismo o alguien cercano pueda ser deportado, frente al 42 por ciento al inicio del primer mandato. Además, el 61 por ciento considera que las políticas económicas de Trump han empeorado sus condiciones, según la encuesta, con un margen de error de más o menos 1.7 puntos. Para el responsable de la encuesta Noé Bustamante, un hallazgo destacado está relacionado con la asequibilidad: “Los latinos que trabajan a tiempo completo tienen la misma probabilidad que los latinos desempleados de decir que han tenido dificultades para pagar alimentos, atención médica o vivienda”, explicó. “De hecho, cerca de la mitad de todos los latinos afirma haber tenido problemas para costear al menos una de estas necesidades básicas”, agregó. Bustamante señaló que hay más latinos ahora que dicen que la Administración Trump ha ido demasiado lejos en comparación con las respuestas de febrero y marzo y subrayó que se trata de “una tendencia que se observa independientemente de la afiliación política”.
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