Investigan a 16 funcionarios por sobornos en PEMEX en gobierno de Peña y AMLO; uno es funcionario en Veracruz, aunque lo nieguen MEMORANDUM 1.-
El gobierno de México reabrió cinco auditorías e inició investigaciones sobre contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgados por sobornos de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en Estados Unidos, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a gobernador de Campeche que fue inhabilitado por estar vinculado al fraude de Oceanografía y actualmente se encuentra prófugo. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno Raquel Buenrostro, explicó que hasta ahora estarían involucrados 16 funcionarios de Pemex y tres ex funcionarios -cuyos nombres han sido publicados en la prensa. Explica que las indagatorias de los procedimientos se realizan en paralelo a la causa penal que por estos hechos inició el pasado 11 de este mes un tribunal del Distrito de Texas por cuatro contratos. Indica que los involucrados actuaron solos, “fuera de la ley y por ello deben ser sancionados”. Dos de esos contratos se celebraron durante la administración de Enrique Peña Nieto, uno por 217 millones de pesos (noviembre de 2013 a diciembre de 2020); otro por 89.1 millones de pesos (agosto de 2018 a diciembre de 2020). Además, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador hubo otro por 30.9 millones de pesos (de marzo de 2020 a diciembre de 2021) que concluyó anticipadamente y uno por 52.9 millones de pesos que nunca se formalizó en 2020 por irregularidades detectadas. “México tiene conocimiento de la denuncia en Estados Unidos el 3 de abril de 2024. Todas las acciones de Pemex son de 2020. En ese año se suspende una licitación porque se detectan irregularidades, por lo que nunca se asignó; otro contrato se terminó anticipadamente, y se abrieron cinco auditorías también en 2020”, comento Buenrostro. La funcionaria federal detalló que Pemex, Buen Gobierno y otras instituciones abrirán investigaciones y, en su caso fincarán responsabilidades y sanciones. Retomarán todos los elementos de las investigaciones de Estados Unidos, reabrirán cinco auditorías ante la presunción de que fueron indebidamente alteradas. Empresas y ex funcionarios que resulten responsables deberán devolver lo robado y ofreció cero impunidad. Buenrostro explica que entre los investigados hay tres ex funcionarios Roberto “P”, acusado de recibir sobornos para liberar pagos anticipados o por servicios inexistentes desde el área de Abasto en Exploración y Producción ; Juan “V”, quien al ser parte de Mantenimiento y Construcción recibió sobornos a cambio de otorgar contratos y Erick “N”, quien estuvo en Exploración y Producción, y alteró auditorías, así como exoneró empresas a cambio de sobornos. Según lo informado, siguen proporcionando información a Estados Unidos por la causa penal abierta en Texas. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, cobijó en su administración al ex titular de Auditoría Interna de Pemex PEP, Erick Alexandro Núñez Albarrán, ligado con sobornos revelados por EE.UU
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En México se registran 133 mil personas desaparecidas, lo que genera crisis forense y de investigación en identificación de cuerpos MEMORANDUM 2.- El incremento de desapasiones en México genera crisis forense y de investigación que obstaculiza la identificación de personas, el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia para las víctimas y sus familias, señalan decenas de organizaciones civiles. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, resaltaron que hay de 133 mil personas desaparecidas y señalaron que las familias buscadoras, así como las personas defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan peligros. “Estas familias no solo cargan con el dolor que genera una desaparición, también enfrentan riesgos, agresiones y respuestas institucionales insuficientes para localizar a sus seres queridos y garantizar sus derechos a la justicia, verdad y garantías de no repetición y como personas defensoras de derechos humanos”, recalcaron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, la Red TDT, entre otras. En México, desde el 1 de enero de 2016, 25 personas buscadoras han sido asesinadas y siete desaparecidas, de las cuales tres continúan sin ser localizadas, detallaron. Además, al menos 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores de medios han sido desaparecidas en posible relación con su labor, 17 de ellas indígenas. Del total, 37 eran defensores, 25 periodistas y u. colaborador de medio (48 hombres y 15 mujeres). Hasta ahora, 23 continúan sin ser localizadas, evidenciando la gravedad y sistematicidad de estas violaciones. La situación se agrava, advirtieron, cuando se trata de mujeres defensoras, periodistas y buscadoras, ya que enfrentan riesgos diferenciados y mayores, incluyendo amenazas, violencia sexual y hostigamiento, lo que exige medidas de protección específicas y un enfoque de género en la atención a su labor. Entre las entidades más violentas se encuentran: Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, donde “la violencia, la criminalización y la impunidad agravan aún más los riesgos”, indicaron. Ante ello, las organizaciones que forman parte de Espacio OSC en un comunicado instaron al Estado mexicano a dar una respuesta efectiva a esta problemas y que se atienda de manera urgente a la crisis forense y de investigación, para garantizar que los cuerpos de las personas desaparecidas sean localizados, identificados y entregados a sus familias con respeto y dignidad. Además, exigieron la aparición inmediata con vida de todas las personas desaparecidas, al tiempo que llamaron a las autoridades responsables a reconocer la labor que realizan las personas buscadoras como defensa de los derechos humanos y se atiendan las solicitudes de incorporación al Mecanismo de personas buscadoras, garantizando medidas de protección efectivas. Expusieron los casos de Sandra Domínguez, defensora desaparecida el 4 de octubre de 2024 y encontrada sin vida meses después pese a la denuncia y movilización social; Irma Galindo, activista y guardabosque mixteca de Oaxaca, beneficiaria del Mecanismo de Protección, quien continúa desaparecida desde el 27 de octubre de 2021 mientras buscaba refugio en Ciudad de México debido al riesgo que enfrentaba; y Roberto Hernández, padre buscador asesinado en el Estado de México el pasado 11 de agosto, evidencian la magnitud de la violencia contra personas defensoras, buscadoras y periodistas en el país. Además del asesinato y la amenaza de desaparición forzada, las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y buscadoras continúan siendo víctimas de múltiples agresiones: ataques físicos, hostigamiento, campañas de desprestigio, acoso judicial y criminalización, espionaje, desplazamiento forzado y asesinatos, entre otras. “Estas prácticas configuran un patrón sistemático de violencia dirigido a silenciar voces críticas y obstaculizar la defensa de derechos humanos, entre ellos, el derecho de las personas desaparecidas a ser localizadas y devueltas a sus familias”, indicaron.
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En la Secretaría Anticorrupción no hay denuncias contra EPN por presuntos sobornos israelíes; aunque la FGR inició una investigación en su contra, pero le faltan pruebas MEMORANDUM 3.-La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno no tiene denuncias contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, aseguró la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre que había iniciado una carpeta de investigación contra el exmandatario por presuntamente recibir sobornos de funcionarios israelíes, la funcionaria dijo que no es su caso. Expresa: “Nosotros no tenemos denuncias de eso, eso lo trae la FGR y la verdad es que en el alcance y atribuciones que nosotros tenemos, no alcanzan las competencias; no hay nada que haya firmado que alcance”. En julio, el fiscal Alejandro Gertz informó que la FGR abrió una carpeta de investigación al expresidente Peña Nieto, por presuntamente haber recibido un soborno por 25 millones de dólares a cambio de otorgar “lucrativos contratos” a los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher entre 2012 y 2018 para comercializar el software espía Pegasus. En la conferencia matutina, el fiscal reveló que pediría formalmente al gobierno de Israel, a través del Sistema de Asistencia Jurídica Internacional, la información y las pruebas, con el objetivo de darle la juridicidad necesaria al caso. “La asistencia jurídica internacional permite que nosotros podamos hacer esa solicitud y esa solicitud queda ya a la responsabilidad de ese gobierno para permitirnos que en un procedimiento que ellos tienen que aceptar, porque eso es su soberanía, se ratifica en esas denuncias, y se establezcan con toda precisión, tiempo, lugar, circunstancia y características para que esto no quede nada más en como ocurrió en la vez anterior en que no se consolidaron con las pruebas recientes. En este caso no lo vamos a permitir”, dijo. De acuerdo con el fiscal, la relación con las autoridades de Israel “no ha sido fácil”, ya que se han “tenido muchos problemas que vienen prácticamente de lo que ocurrió en Ayotzinapa”, por lo que hay casos que llevan varios años detenidos: “espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida”, expresó. Refirió que, a principios de la administración del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron varias denuncias contra Peña Nieto, las cuales no se consolidaron porque no se presentaron las pruebas suficientes.
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