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Xalapa, Ver.-
Aunque entre 2015 y 2025 se ha reconocido oficialmente a 236 migrantes como desaparecidos, en México “existe un evidente subregistro” porque podrían ser más las personas en esa condición que han cruzado desde Centroamérica hasta México, en busca de llegar a Estados Unidos, revela la Fundación para la Justicia. Destaca que tan sólo esta organización ha acompañado a más de 200 víctimas directas, además de recibir decenas de solicitudes de asesorías, de familiares de migrantes desaparecidos de toda la región. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, señala que esta problemática, con más de 133 mil casos, según datos oficiales, lleva “décadas perpetuándose” en el país y trasciende fronteras. Entre las víctimas, están las personas migrantes que a diario son blanco de secuestro, desaparición, reclutamiento forzado y otras formas de violencia extrema en México, denuncia. La fundación considera que la desaparición de migrantes procedentes de países como El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros, “se da en un contexto de violencia generalizada, impunidad sistemática y macrocriminalidad, donde los perpetradores, muchas veces, actúan con la tolerancia o participación de agentes del Estado”. Ante ello, exteriorizo, que el Estado mexicano debe dar explicaciones ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien en abril pasado invocó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia. Este instrumento establece que si el CDF recibe información que, a su juicio, contiene “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá presentar la cuestión “con carácter de urgente” a la Asamblea General. En un comunicado, señala que “La debilidad institucional, la falta de voluntad política y la ausencia de coordinación entre países de origen y México han impedido que la verdad y la justicia lleguen a las familias para garantizar la búsqueda de sus seres queridos”. La Fundación recordó que actualmente está en marcha el proceso de nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Ello representa una oportunidad para materializar una política pública de alcance transnacional en materia de búsqueda e identificación forense de personas migrantes desaparecidas, con participación de los países de origen. Indica: “Esperamos que el cambio de titular en la CNB genere avances sustanciales, entre ellos la implementación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, creada formalmente en el 2021 por acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda, pero sin operación hasta la fecha”. Asimismo, urgió a garantizar la aplicación de los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI), aprobados en 2022, por parte de los consulados de México y demás autoridades involucradas, para garantizar el acceso a la justicia, desde los países de origen de las víctimas. Aunque en 2025 se anunciaron reformas en materia de búsqueda tras los hallazgos como el campo de exterminio en el rancho Teuchitlán en Jalisco, en donde se localizaron cientos de zapatos y ropa, la organización afirmó que estas medidas excluyen a la población migrante. Por ello, también demandó una política real de prevención de la desaparición forzada y violencias generalizadas y sistemáticas contra la población migrante, así como reconfigurar el trabajo y estructuras de las fiscalías para garantizar investigaciones integrales, exhaustivas y multidisciplinarias, que incorporen el análisis de contexto, la participación de las víctimas, el abordaje transnacional y de macrocriminalidad. Asimismo, planteó la creación de los mecanismos extraordinarios necesarios y la aceptación por parte del gobierno mexicano de recibir la asistencia técnica internacional que el país necesita “para enfrentar el flagelo de la desaparición forzada y crisis forense”.
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