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| Familiares denuncian a la Marina ante CIDH en Washington por ola de desapariciones en Tamaulipas. | ||||||
| La CEAV destacó que hay oficialmente hasta 37 desapariciones forzadas de febrero a mayo de 2018 Nuevo Laredo, Tamaulipas; sin embargo se estima que son al menos 50 casos los atribuidos a elementos de la Secretaría de Marina sólo en 2018, de acuerdo con lo documentado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. | ||||||
| Martes 11 de Diciembre de 2018 | ||||||
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Jessica Molina, sobreviviente y esposa de José Daniel Trejo García, uno de los desaparecidos, dio su testimonio y reiteró que fueron militares quienes cometieron la privación de la libertad. “No tengo ninguna duda que era personal de la Marina”, dijo. En una audiencia realizada en Washington, DC, el pasado jueves y en el marco del 170 periodo de sesiones de la CIDH, Karla Irasema Quintana Osuna, de la CEAV, comentó que al menos 37 desapariciones forzadas se presentaron de febrero a mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de acuerdo a sus propios registros oficiales; sin embargo, se estima que son al menos 50 casos los atribuidos a la Secretaria de Marina (Semar) sólo en 2018, de acuerdo con lo documentado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. La sociedad civil mexicana denunció la pasividad e inacción de la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones del caso y en la búsqueda de los desaparecidos. Acusaron que la PGR en vez de indagar sobre los hechos, “que es su obligación”, se ha dedicado a criminalizar a las víctimas, sus familiares y a sus defensores; ha negado acceso a la información, expedientes y diligencias, y no ha ejercido ninguna acción penal contra los presuntos responsables. El Ministerio Público federal ha actuado más como “defensor” de la Semar que como fiscal, pues las pocas diligencias serias que ha hecho la PGR han sido ordenadas por jueces locales y federales y “aún así las han hecho de mala gana”, reveló Quintana Los peticionarios presentaron unos videos que relacionan a presuntos marinos con el caso: “se ve que personal de Marina entra a la casa de Jessica […] y como minutos después sale personal de Marina con el esposo de Jessica, otro acompañante y se van en tres camionetas”, explicó la directora de la CEAV. Raymundo Ramos, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la única organización defensora de DDHH que resiste la violencia de Tamaulipas dando acompañamiento a los familiares, resaltó que Tamaulipas es el estado con mayor número de desaparecidos desde el 2013, con má de 5 mil víctimas. “Los altos indices delincuenciales nunca han sido investigados por la PGR, que se dedica a investigar a políticos opositores, periodistas, defensores y víctimas que denuncian violaciones graves a derechos humanos, pero no a quienes debían investigar”, sostuvo el activista. Por parte del Estado mexicano estuvo presente Alejandro Encinas Rodríguez, nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), y ésta se convirtió en la primera audiencia internacional que le toca como representante del nuevo Gobierno federal, a cinco días de la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí reconoció la crisis en desaparición forzada y por particulares, las fosas clandestinas, los graves problemas en investigación de los casos y búsqueda de personas. “México atraviesa por una profunda crisis humanitaria, de violación a los derechos humanos […] la impunidad prevalece en todos los ámbitos del sistema judicial mexicano hasta la incapacidad institucional para hacer efectiva la Ley General Contra la Desaparición forzada, que si bien es un avances su implementación ha dejado mucho que desear”, expresó. El funcionario explicó que en materia de desaparición “el país alcanza cifras indignantes”, pues son cerca de 38 mil personas desaparecidas. También aceptó que hay más de 2 mil fosas clandestinas y que en al menos mil 100 de ellas no se ha realizado ningún proceso de exhumación “porque no se tienen las capacidades institucionales para hacer la exhumación e identificaron de las personas”. Encinas agregó que hay 26 mil cuerpos sin identificar en los institutos forenses de las entidades federativas. “De esta magnitud es el problema y no será negando existencia del problema, simulando que se está atendiendo”, afirmó. Sobre el caso de Nuevo Laredo, prometió una investigación imparcial, objetiva y con apego estricto a la Ley: “que no quepa la menor duda: vamos a actuar en contra de los responsables, del estado o particulares sea quien sea, independientemente de la institución a la que pertenezca”. Alejandro Encinas refrendó el compromiso con la CIDH, pues aseguró que la nueva administración federal “será un Gobierno de puertas abiertas para el escrutinio […] y si es necesario que la CIDH establezca un mecanismo de seguimiento, estamos en disposición para discutir los términos en que pudiera desarrollarse ese mecanismo”. El subsecretario insistió en que ya no habrá simulación y ofreció revisar la conformación y reestructuración del Sistema Nacional de búsqueda, así como fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), desde la asignación de su presupuesto. “Habrá recursos suficientes para hacer la búsqueda, para hacer efectivo un programa nacional de búsqueda, un programa nacional de exhumaciones, definir los protocolos homologados de búsqueda e identificación de personas”. Otro de los compromisos fue terminar con la criminalizacion de las víctimas. “No es posible que continuemos con una política de criminalizar a quien ha sido agraviado por la ausencia del estado o por los propios agentes del Estado”. Margarette May Macaulay, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que seguirán de cerca las promesas del Estado mexicano y las acciones que se tomen en relación al tema. LA OLA DE DESAPARICIÓN FORZADA Al menos 37 personas desaparecieron desde febrero a mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas al norte de México, expuso Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas. “Según las declaraciones de familiares, amigos y sobrevivientes testigos, así como de prueba documental y videos que demostraremos en la audiencia estas desapariciones fueron llevadas a cabo por elementos de la Marina de México”, afirmó la abogada. En este grupo, al menos tres eran menores de 14 años de edad, de acuerdo con la información proporcionada en la audiencia de la CIDH. La ola de desapariciones se dio a conocer el 31 de mayo pasado cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó a las autoridades mexicanas –desde Ginebra, Suiza– a tomar medidas urgentes para poner fin a las desapariciones en la ciudad de Nuevo Laredo, situación sobre la cual hay fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad. La PGR inició las investigaciones después de que la ONU-DH exhibió las desapariciones masivas, denunciaron ante la CIDH. Jessica Molina narró que su esposo Daniel Trejo fue privado de la libertad junto con Gabriel Gaspar Vázquez y que todas las desapariciones fueron por elementos de la Semar en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La mujer destacó que el grupo militar no llevaba orden de aprehensión, ni de cateo. “La desaparición de mi esposo fue en mi casa. No estábamos cometiendo ningún delito, no estábamos donde no debíamos de estar, estábamos donde tenemos el derecho de sentirnos seguros y donde teníamos derecho a nuestra privacidad”, pronunció la víctima ante la CIDH. “El personal que entró ahí estaba bien entrenado, completamente uniformado. No tengo la menor duda de que era personal de la Marina. Esos no eran ningunos improvisados, mientras me apuntaban a la cabeza, nos interrogaron y a pesar de que mi esposo no es un criminal y no le debe nada a nadie, se lo llevaron con lujo de violencia”. Jessica considera que a ella no la privaron de la libertad porque en ese momento se dieron cuenta que es ciudadana de Estados Unidos. “Eso fue lo que me salvó la vida, porque en este grupo de desaparecidos hay mujeres y, cómo les comentaba, también hay un ciudadano americano. El hecho de que en ese momento se dieron cuenta de que yo era ciudadana americana, se dio la orden de que se respetaran mis pertenencias y por lo tanto mi vida”. “Y cómo mi caso hay muchos. Está el caso de José Luis Bautista, de 32 años, su desaparición fue ante los ojos de más de 100 testigos; Adolfo Ángel Chivo Villegas, tiene 14 años”. Jessica Molina pronunció los nombres de algunas de las 37 personas que siguen desaparecidas, entre ellas, Elder Alberto Treviño, Jorge Domínguez, Juan Carlos Zaragoza, Adolfo Ángel Chivo, de 14 años de edad; Rubén de la Fuente, Alán de la Fuente, también de 14 años; Mauricio Toledo, Daniel Gerardo García, José Luis Bautista, Carlos Pérez, José Daniel Trejo García, Gabriel Gaspar Vázquez, Brandon Levareé, Max Moreno, Israel Jiménez, Noe Alfarez y Julio César Viramontes. Nueve de las víctimas ya fueron localizadas sin vida, semienterradas en brechas o terrenos baldíos de las carreteras en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Vallesillo y de Salinas Nuevo León, explicó Raymundo Ramos a SinEmbargo. Jessica Molina detalló que entre los cadáveres encontrados está los de José Eugenio Hernández Romero, de 14 años; José Luis Guerra Valdez, Julio César Juárez González, Héctor Manuel Moreno Uresti, Margarita Teresa Torres Reyes, Francisco Javier Alfaro Ortega y Hari Hassim Cruz Vázquez. “José Eugenio tenía 14 años, no creo que tuviera un historial muy largo delictivo para que él terminara en una fosa con un tiro en la cabeza. Margarita tenía 24 años, fue torturada y con un tiro en la cabeza”, comentó Molina. El 18 de junio pasado, la Secretaría de Marina informó que había suspendido y apartado de forma temporal al personal de las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León, quienes podrían haber participado en la desaparición forzada de 23 personas, según documentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nuevo Laredo. En un comunicado, señaló que el 1 de junio fueron concentrados en la Ciudad de México los elementos castrenses a fin de que estuvieran disponibles en caso de que las autoridades los fueran a requerir en las diligencias correspondientes. Mientras que el resto de los marinos desplegados en dicha región fueron capacitados en materia de Derechos Humanos. Raymundo Ramos dijo a SinEmbargo que estos marinos estuvieron arraigados solo dos meses pero que la PGR nunca los interrogó ni investigó: “No los molestaron”, expresó en entrevista con este medio digital. Ante la CIDH, el activista comentó que tienen documentados más de 50 casos de desapariciones forzadas atribuidas a la Marina en 2018, “en un contexto histórico grave, porque es la primera ocasión, es la tercera ocasión en que personal de la Marina está presuntamente relacionada en este tipo de desapariciones. La anterior oleada ocurrió en 2015, con 9 personas desaparecidas y en 2011 con 15 personas desaparecidas de las cuales solo 6 formalizaron las quejas y en 2012, CNDH emitió a recomendación 32/2012 por la desaparición forzada por seis personas; pero ni en 2011, 2015 y ahora en el 2018, ninguno de los responsables está preso”, manifestó. LA PGR NO INVESTIGA Y CRIMINALIZA VÍCTIMAS Jessica Molina, Raymundo Ramos y Karla Quintana denunciaron la pasividad e incluso aludieron “encubrimiento” de la PGR en los casos de desapariciones en Nuevo Laredo. “Se cumplieron 252 días de la desaparición forzada de mi esposo. Ocho meses de silencio, donde no ha habido ningún avance, una investigación como tal no existe. Ocho meses donde se ha hecho un circo de esto, donde se nos ha criminalizado y donde se está investigando a los desaparecidos en lugar de los responsables”, reprochó Jessica en la audiencia. Raymundo Ramos lamentó que en esa misma audiencia se encontrara, por parte de la delegación mexicana, el Fiscal Abel Galván, a quien encaró y reprochó: “en un momento le dimos nuestra confianza y lejos de ayudarnos, y lejos de investigar a personal de la Marina, se dedicó a criminalizarnos, a perseguirnos, y aquí tengo un mensaje de prueba donde ordenó que un equipo de inteligencia de la PGR investigara a Jessica, a mi persona y trataran a criminalizar a la abogada Karla Quintana”, acusó.. Karla Quintana Osuna afirmó que en el caso de Nuevo Laredo las denuncias iniciaron en el mes de febrero y que “por más de tres meses, la PGR no hizo absolutamente nada”. La abogada resaltó que este caso ejemplifica la violación a la debida diligencia en la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas. “De haber actuado, la PGR, desde la primer reporte interpuesto, se hubieran evitado esta serie de desapariciones, que oficialmente tenemos 37 casos pero que en realidad se han acercado al menos 51 personas a Raymundo Ramos”, apuntó. La titular de la Asesoría Jurídica Federal reiteró que la mayoría de las diligencias de la PGR sobre el caso no han tenido ningún efecto concreto y las pocas que sí han valido se han hecho a regañadientes, por orden judicial. “Hemos pedido 12 ordenes de protección para víctimas, las cuales, habían sido negadas constantemente hasta la semana pasada, [que se gestionaron] por orden judicial. Tienen que ordenar jueces las diligencias y aun así la PGR los hace de mala gana”. Los militares no han sido investigados e incluso las mismas autoridades ministeriales han advertido que no indagarían a los marinos, denunció Karla Quintana: “A nosotros, los y las asesores jurídicos, los agentes ministeriales nos han dicho literalmente que ellos no se van a meter con Marina porque son parte del Estado. Se le ves olvida que las víctimas y los defensores también somos parte del Estado”. Los peticionarios hicieron un reconocimiento a algunos jueces mexicanos. “hay tres de cinco jueces que han puesto en alto los estándares internacional: la Juez Karla Macias del juzgado noveno de Irapuato, y dos jueces de control en Reynosa, que por seguridad no damos sus nombres, pero que han ordenado diligencias a la PGR y esta se ha opuesto y ha realizado de mala ganada. Estos jueces han incluso multado a la Marina por falta de información”. La sociedad civil pidió que se investigue de manera diligente la desaparición en Nuevo Laredo; que se busque de manera efectiva a las personas desaparecidas; el cese de criminalización a las víctimas, sus familiares y sus defensores; y medidas cautelares para Raymundo Ramos así como para los familiares criminalizados y amenazados. También demandaron una reunión de alto nivel, para el mes de enero, en Nuevo Laredo con todas las familiares y que se conforme un cuerpo judicial para desapariciones forzadas y un mecanismo de seguimiento por parte de la CIDH. Sara Irene Diaz Guerra, sub procuradora de derechos humanos de la PGR, dijo que van a garantizar a los familiares de los desaparecidos de Nuevo Laredo el acceso a los expedientes y “dar transparencia a las indagatorias dentro de los límites legales y de confidencialidad que obligan las leyes mexicanas”. En tanto, Margarette May Macaulay, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Asamblea General de la OEA, dijo que la postura de los nuevos representantes del Gobierno es tomada “con buena fe” y que “muestra la voluntad política”. La comisionada resaltó que estarán atentos y darán seguimiento “vamos a seguir muy de cerca las promesas del Estado y las acción que tomen”. May Macaulay reconoció el trabajo de Jessica Molina y otras mujeres en la búsqueda de sus seres queridos: “Creo que usted es muy valiente y a pesar de su temor, seguir luchando. Me sacó el sombrero por el trabajo que está haciendo y por el trabajo de las mujeres [que buscan a desaparecidos en Tamaulipas]”, dijo la comisionada a la sobreviviente. Posterior a la audiencia, la CIDH y México firmaron un acuerdo en el marco de cooperación en materia de asesoría, intercambio de información y asistencia entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de México y la CIDH. |
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