En México, hay registro de 130 mil personas desaparecidas, pero la responsabilidad de la búsqueda no debería recaer en las familias: CICR MEMORANDUM 1.-
En México y Centroamérica la desaparición de personas continúa siendo “una de las consecuencias humanitarias más devastadoras”, por lo que se requiere que los gobiernos de los Estados asuman su responsabilidad de prevenir y resolver esta problemática, y garantizar a las familias de las víctimas una respuesta integral, señala la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central. En este sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó a las autoridades mexicanas a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, en consonancia con los estándares internacionales, y que tome en cuenta las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos. Ello incluye eliminar los obstáculos procesales que dificultan el acceso a la justicia, ampliar el alcance del “amparo buscador” y fortalecer la supervisión judicial de las investigaciones y las detenciones, subrayó. En un mensaje a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto, la ONU-DH destacó el papel que desempeñan las autoridades judiciales para “garantizar la existencia de recursos efectivos, el debido proceso y juicios justos que permitan sancionar a las personas responsables, así como reparar a las víctimas y sus familiares”. Señala que la capacitación al personal judicial en materia de desaparición de personas incorporen un enfoque diferenciado que atienda las dimensiones de género, interseccional e intercultural. Al reconocer los avances en México, el organismo internacional apuntó que aún hay retos en el combate a las desapariciones forzadas, entre ellos el pleno reconocimiento de los derechos de las familias y personas allegadas en los procesos judiciales, la aplicación efectiva de “la declaración especial de ausencia” y el acompañamiento gratuito a las víctimas por parte de las defensorías públicas. En este sentido, abundó, también son importantes los esfuerzos encaminados a que las víctimas y sus familias estén situadas en el centro del sistema de justicia, desde la investigación hasta la reparación. A su vez, el CICR apuntó que, tras la desaparición de un ser querido, las autoridades deben responder de manera coordinada a las múltiples necesidades, incluidas las económicas, jurídicas y psicosociales, a las que se suma la angustiante incertidumbre de no conocer su paradero. “No estamos haciéndoles un favor, es una obligación legal. La desaparición de una persona es un golpe devastador. Pero lo que más duele, lo que impide seguir adelante, es la falta de respuestas. Una familia necesita saber dónde está su ser querido y qué le ha sucedido, para aliviar su sufrimiento. Esa necesidad no cambia con el tiempo, al contrario: se profundiza, y las autoridades tienen la obligación de garantizar su derecho a saber y tomar medidas para prevenir su repetición”, señala Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas y sus familias del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. En México, más de 130 mil personas están desaparecidas, de acuerdo con cifras oficiales, y en paralelo aumenta la necesidad de regresar la identidad de las personas fallecidas no identificadas y restituirlas a sus familias, recalcó. El CICR enfatizó que la responsabilidad de la búsqueda no debe recaer en las familias. Por el contrario, son los Estados quienes deben adoptar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, búsqueda, localización, recuperación, identificación y restitución, incluida la atención digna. Renaux resalta que la desaparición de personas no es un tema del pasado, sino una tragedia humanitaria muy vigente. Expuso que en Guatemala, al menos 45 mil personas desaparecieron durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996. En El Salvador, se estima que entre 8 mil y 10 mil personas en esa situación durante el conflicto armado de 1980 a 1992 y según datos divulgados por la Presidencia de ese país, entre 2015 y el primer semestre de 2025 se registraron 9 mil 465 desapariciones. En Honduras, se han reportado 10 mil 763 desapariciones entre 2012 y 2023.
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Para iniciar con los cambios la SCJN reemplazará su imagen institucional a partir del 1 de septiembre; ojalá los cambios fueran en beneficio de quienes exigen aplicación de la ley MEMORANDUM 2.-
A partir del próximo primero de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una imagen institucional distinta como parte de la nueva etapa del Poder Judicial de la Federación (PJF) y para ello se agregó a la imagen del águila juarista, con las alas desplegadas, un bastón de mando, y el nuevo logotipo estará en toda la papelería oficial que se empleará en los documentos oficiales. De acuerdo con fuentes judiciales, la propuesta para el logotipo institucional se elaboró en semanas recientes, y aún no se da a conocer oficialmente. El próximo lunes 1 de septiembre, al filo de las 20 horas los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías, rendirán la protesta de ley ante el Senado de la República, y posteriormente instalarán oficialmente los trabajos de la nueva SCJN. En ese contexto, ya comenzaron los trabajos de transición y también de adaptación para la nueva época del máximo tribunal, con un sello característico que haga referencia a los pueblos originarios, por ello se sumó a la tradición escudo juarista, la imagen de un bastó de mando de los pueblos originarios. El simbolismo del bastón de mando en la imagen gráfica, se acompañará el próximo lunes, con las ceremonias tradicionales que se preparan para el inicio de labores de la nueva Corte, la cual será encabezada por el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, quien ocupará la presidencia de la institución en el periodo 2025-2027, por haber obtenido el mayor número de votos en la elección del pasado 1 de junio. Por lo pronto, se vaciaron las ponencias de la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hoy, la puerta principal de las oficinas de la ministra Norma Lucía Piña Hernández ya no tiene ni el letrero que la identificaba como sus instalaciones. En días pasados se intensificó la mudanza de las pertenencias de ministros como Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Las de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fueron retiradas con mayor anticipación. En los pasillos de la Corte aparecieron los diablitos para trasladar archivos, estatuillas, libros, pinturas y objetos que durante varios años adornaron las oficinas de los últimos siete ministros a los que se les estableció su fecha de conclusión del encargo, tras la aprobación de las normas que dieron origen a la nueva SCJN, y con los resultados de la elección del pasado 1 de junio.
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Comisión Permanente sale en defesa de Noroña por agresión “cobarde” protagonizada por Alito Moreno...Pero siempre ignoró las provocaciones del morenista MEMORANDUM 3.-
Aunque ante las agresiones verbales enmudecieron, la Comisión Permanente condenó los hechos violentos protagonizados por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y otros legisladores prisitas en la pasada sesión de ese órgano del Congreso; exigió a los del Revolucionario Institucional conducirse de forma institucional y solicitó a las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados dar seguimiento a las denuncias penales ya presentadas en contra de los agresores. Fue un pronunciamiento, se aclaró, en defensa del Congreso como institución, no de una persona, en que se condena “con absoluta energía la cobarde y grupal agresión” cometida por seis legisladores priistas. La propuesta, aprobada después de dos horas de debate, fue leída por el propio Fernández Noroña y en la misma se destaca que “nunca en la historia del Congreso mexicano se había agredido” a un presidente de alguno de los órganos del Congreso. Y es particularmente grave que la agresión partiera de un senador y dirigente de un partido nacional. Esta vez no hubo golpes en la Comisión Permanente, que por última vez presidió Gerardo Fernández Noroña, pero sí intercambio de acusaciones y de parte de Alito Moreno descalificaciones e insultos al morenista y al gobierno de la 4T. A la sesión extraordinaria de hoy de la Permanente no acudieron los legisladores del PAN y MC, por lo que los priistas se quedaron solos, e incluso pelearon para que en el recinto pudieran permanecer el senador Pablo Angulo y los diputados Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, que no pertenecen al órgano del Congreso y son quienes apoyaron a Alito para perseguir y golpear a Fernández Noroña y patear al fotógrafo de Noroña, Emiliano González. La diputa Lilia Aguilar reprochó a Alito que hubiera golpeado al presidente de la Comisión Permanente tan sólo porque no le concedió “diez minutos” de gloria en tribuna, cuando la asamblea ya había votado por concluir el debate. A su vez, la senadora de Morena, Dolores Padierna, dijo que durante la trifulca recibió un puñetazo por la espalda y vio cómo los priistas pateaban a un indefenso trabajador del Senado, lo que muestra la desesperación de los agresores. Pidió defender al Congreso de los porros y rechazar la guerra mediática que han emprendido, así como cualquier tipo de violencia. Por su parte, Fernández Noroña resaltó que los videos muestran claramente que el agredido fue él y volvió a llamar a priistas y panistas traidores a la patria. La condena de la Permanente se aprobó por la mayoría Morena y aliados...¡que sorpresa!
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