Mediante Operación 'Caudal' intervinieron 189 inmuebles y aseguraron 322 pipas dedicadas al robo y venta ilegal de agua en EDOMEX MEMORANDUM 1.- En una acción sin precedentes contra el robo y la comercialización ilegal de agua, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo la Operación “Caudal”, mediante la cual intervinieron 189 inmuebles y aseguraron 322 pipas utilizadas presuntamente para el acaparamiento y distribución clandestina del recurso en el Estado de México. El despliegue simultáneo se realizó en 48 municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec, Chalco, Tlalnepantla, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sedena, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y corporaciones municipales, con apoyo de la Conagua, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM). El objetivo fue interrumpir la cadena de comercio ilícito del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro, en el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Durante las diligencias, la Fiscalía mexiquense detectó 51 pozos y 138 tomas clandestinas conectadas a redes de distribución irregulares. Estas eran utilizadas por organizaciones sociales que operaban bajo la fachada de sindicatos y cooperativas, entre ellas “USON”, “ACME”, “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”. Las investigaciones revelaron que dichas agrupaciones extraían y vendían agua sin autorización, imponiendo tarifas que superaban hasta en 59% el precio regulado. Mientras el costo promedio por cada 10,000 litros domésticos es de 1,131 pesos, en municipios como Ecatepec, Cuautitlán y Tlalnepantla se vendía con sobreprecio de entre 32% y 59%. Además, el agua sustraída no era potabilizada adecuadamente (solo clorada), lo que representaba un riesgo sanitario para las comunidades que la consumían. Detenciones y acciones judiciales. El operativo dejó siete personas detenidas por delitos relacionados con el uso indebido del agua, portación de armas prohibidas y ataques contra autoridades. En Lerma, un hombre fue arrestado tras disparar un arma para impedir una inspección. La FGJEM solicitó 152 órdenes de cateo, de las cuales 142 fueron autorizadas por jueces de control especializados. Con ellas se ejecutaron inspecciones durante 72 horas continuas, localizando los inmuebles y transportes implicados en el esquema de acaparamiento y venta ilegal. Las autoridades adelantaron que se ejercitará acción penal contra líderes sindicales, comisariados ejidales, servidores públicos y particulares involucrados en la red, por delitos como robo, despojo de agua, encubrimiento y abuso de autoridad. El gobierno estatal aseguró que la operación no afectó la infraestructura ni el abasto oficial, y que se implementaron medidas para atender cualquier contingencia hídrica. La Fiscalía invitó a la población a denunciar el comercio ilegal de agua o cualquier irregularidad relacionada al correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, al teléfono 800 702 8770, o a través de la app FGJEdomex disponible para sistemas iOS y Android.
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Anuncia HAMOTAC paro carretero este lunes a partir de las 8:00 de la mañana en protesta por construcción de nuevas casetas MEMORANDUM 2.- En protesta por el proyecto del gobierno federal que pretende instalar dos nuevas casetas de peaje en la zona centro, una en Vicente Guerrero y otra en Fortín de las Flores, la HAMOTAC Delegación Veracruz anunció que este lunes a partir de las 8:00 de la mañana realizará un paro carretero. El Delegado Estatal de HAMOTAC, Valentín Romero Trujillo, advirtió que la construcción de dos nuevas casetas afectaría gravemente la economía de los conductores y de la ciudadanía en general, pues implicaría mayores costos de traslado en una región clave para la conexión del sureste del país. "Nos quieren poner dos casetas más aquí en la zona centro, y la verdad es que no estamos de acuerdo”, afirmó el transportista. El dirigente señaló que el paro se desarrollará principalmente en la autopista 150D Orizaba–Córdoba, a la altura del paradero de San Cristóbal, donde se concentrarán transportistas de Veracruz, Puebla, Esperanza, Tehuacán, Cotepec y Camachalco. Aunque se prevé la liberación de un solo carril, el movimiento podría ampliarse según los acuerdos que se tomen durante la jornada. Romero Trujillo explicó que el proyecto de las nuevas casetas ya se encuentra en proceso de licitación y que la fecha límite para su aprobación sería el 30 de octubre, lo que ha generado preocupación y molestia entre el gremio. De igual forma, el dirigente transportista pidió la intervención de la gobernadora, al asegurar que “supuestamente no está enterada” de la licitación que impulsa CAPUFE. El delegado de HAMOTAC cuestionó que el proyecto se haya aprobado sin consultar a los transportistas ni a la población, calificándolo como un abuso y una forma de privatización de las vías. "Cuando arreglaron el puente de Jalapilla y el de Metlác tardaron años, y ahora quieren cobrar por venir de Ciudad Mendoza a Córdoba, y eso no lo vamos a permitir”, aseguró. Señaló que los transportistas exigirán una explicación oficial y la suspensión del proyecto, advirtiendo que el paro podría extenderse o radicalizarse si no reciben respuesta inmediata. Romero Trujillo concluyó que la lucha no solo pertenece a los transportistas, sino a todos los ciudadanos de la zona centro que se verían afectados con la instalación de nuevas casetas en territorio veracruzano.
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ASF registró un total de 58 mil 779.9 mdp pendientes de aclarar o recuperar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador MEMORANDUM 3.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró un total de 58,779.9 millones de pesos pendientes de aclarar o recuperar en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y el 2024. En ese tenor, de acuerdo con la Cuenta Pública 2024, la ASF reportó un monto pendiente por aclarar o recuperar de 5,823.5 millones de pesos cifra que representa una disminución del 81.8% respecto a los 32,044.5 millones de pesos observados el año previo. Según los datos oficiales, este monto coloca a 2024 como uno de los ejercicios más bajos de los últimos seis años, luego del repunte histórico registrado en 2023. Entre 2019 y 2024, los montos observados fluctuaron entre los 3,688 millones de pesos (2019) y el pico de más de 32,000 millones (2023). Durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF realizó 698 auditorías, el número más bajo desde 2019, cuando se practicaron 1,361. En contraste, 2023 fue el año con mayor número de revisiones, al sumar 2,369. En el ejercicio 2024, la auditoría con el mayor monto por aclarar fue la 2024-A-30000-19-2006-06-009, que determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 730 millones 64,000 pesos, derivado de irregularidades detectadas en la aplicación de recursos federales. Le siguió la 2024-A-13000-19-1115-03-001, una solicitud de aclaración al Gobierno de Hidalgo por 531 millones de pesos cuya documentación comprobatoria no fue presentada. Para 2023, la ASF identificó aún mayores posibles afectaciones. La auditoría 2023-A-19000-19-1455-03-004 al Gobierno de Nuevo León fue la de mayor monto por aclarar, con 1,354 millones 334,000 pesos. Le siguió la 2023-A-17000-19-1348-03-010, aplicada al Gobierno de Morelos, por 1,151 millones 242,000 pesos, y la 2023-A-15000-19-0917-06-003, que reportó un probable daño por 921 millones 760,000 pesos. Durante el 2022, la mayor observación se registró en la auditoría 2022-A-10000-19-0785-06-002, por un monto de 366 millones 480,000 pesos, seguida por la 2022-A-10000-19-0787-06-003, con 340 millones 431,000 pesos. Por su parte, en 2021, la auditoría más relevante fue la 2021-A-20000-19-1328-06-001, que presumió un daño a la Hacienda Pública por 298 millones 802,000 pesos, seguida por la 2021-6-90T9N-22-0206-06-002, aplicada a Petróleos Mexicanos (Pemex), por 269 millones 139,000 pesos. El ejercicio 2020 también concentró irregularidades relevantes, destacando el caso de Liconsa, S.A. de C.V., con un probable daño al erario por 518 millones 422,000 pesos en la auditoría 2020-2-08VST-23-0330-06-003. Mientras que, para 2019 la auditoría 2019-E-20005-19-1473-06-001 fue la más alta en todo el periodo, con 1,339 millones 164,000 pesos pendientes de aclarar. En el mismo ejercicio se reportaron otros casos relevantes, como el de la auditoría 2019-A-16000-19-0882-06-002, con 307 millones de pesos, y la 2019-6-90T9M-19-0410-06-001, con 282 millones 933,000 pesos. Así las cosas.
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