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XALAPA.- En una acción sin precedentes contra el robo y la comercialización ilegal de agua, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo la Operación “Caudal”, mediante la cual intervinieron 189 inmuebles y aseguraron 322 pipas utilizadas presuntamente para el acaparamiento y distribución clandestina del recurso en el Estado de México. El despliegue simultáneo se realizó en 48 municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec, Chalco, Tlalnepantla, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sedena, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y corporaciones municipales, con apoyo de la Conagua, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM). El objetivo fue interrumpir la cadena de comercio ilícito del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro, en el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Durante las diligencias, la Fiscalía mexiquense detectó 51 pozos y 138 tomas clandestinas conectadas a redes de distribución irregulares. Estas eran utilizadas por organizaciones sociales que operaban bajo la fachada de sindicatos y cooperativas, entre ellas “USON”, “ACME”, “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”. Las investigaciones revelaron que dichas agrupaciones extraían y vendían agua sin autorización, imponiendo tarifas que superaban hasta en 59% el precio regulado. Mientras el costo promedio por cada 10,000 litros domésticos es de 1,131 pesos, en municipios como Ecatepec, Cuautitlán y Tlalnepantla se vendía con sobreprecio de entre 32% y 59%. Además, el agua sustraída no era potabilizada adecuadamente (solo clorada), lo que representaba un riesgo sanitario para las comunidades que la consumían. Detenciones y acciones judiciales. El operativo dejó siete personas detenidas por delitos relacionados con el uso indebido del agua, portación de armas prohibidas y ataques contra autoridades. En Lerma, un hombre fue arrestado tras disparar un arma para impedir una inspección. La FGJEM solicitó 152 órdenes de cateo, de las cuales 142 fueron autorizadas por jueces de control especializados. Con ellas se ejecutaron inspecciones durante 72 horas continuas, localizando los inmuebles y transportes implicados en el esquema de acaparamiento y venta ilegal. Las autoridades adelantaron que se ejercitará acción penal contra líderes sindicales, comisariados ejidales, servidores públicos y particulares involucrados en la red, por delitos como robo, despojo de agua, encubrimiento y abuso de autoridad. El gobierno estatal aseguró que la operación no afectó la infraestructura ni el abasto oficial, y que se implementaron medidas para atender cualquier contingencia hídrica. La Fiscalía invitó a la población a denunciar el comercio ilegal de agua o cualquier irregularidad relacionada al correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, al teléfono 800 702 8770, o a través de la app FGJEdomex disponible para sistemas iOS y Android.
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