Personas cercanas al exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos puntualizan a la autora de esta columna, que impera una grave situación, afectando al personal del OPLEV, derivada de los lamentables hechos ocurridos por el asesinato del exalcalde de Zongolica Juan Carlos Mezhua Campos y nadie ha advertido, que era dirigente de la organización “Cruzada Ciudadana Alterna”, siendo ejecutado este pasado 23 de noviembre, en la congregación de Piedras Blancas, en Zongolica, Veracruz. Pocas personas sabían que dicha organización venía realizando asambleas en el ámbito municipal, para recabar afiliados en todo el Estado de Veracruz.
Debemos recordar que el OPLEV ha sido el encargado de asignar personal de diversas áreas, comisionando para acudir a los municipios donde se llevan a cabo estas asambleas y registrar la asistencia voluntaria de la ciudadanía, mediante un sistema electrónico implementado por el INE. Todo esto ocurre en un contexto de violencia generalizada en todo el Estado de Veracruz y tras el asesinato del Juan Carlos Mezhua Campos, parece que a la Presidencia del Organismo y la Subdirección de Prerrogativas, a cargo de Atala Martínez Vergara, únicamente les interesa certificar las asambleas municipales de la organización “Cruzada Ciudadana Alterna”, aun cuando estas no se realicen, no asista la ciudadanía a afiliarse y ni siquiera se presenten los coordinadores municipales.
Y nos comentan trabajadores del OPLE Veracruz: “Por este motivo y ante la situación de inseguridad mencionada, considero necesario manifestar la preocupación que vivimos actualmente. Entre el personal comisionado se encuentran jóvenes, madres y padres de familia e incluso personas adultas mayores, quienes deben de acudir a los puntos de reunión, pese al riesgo que implica permanecer en dichos eventos. Como se señala anteriormente, pareciera que para la institución tiene mayor valor un documento que certifique o avale la no realización de una asamblea, que la integridad y la vida de las personas trabajadoras. Cabe precisar, que dentro del personal comisionado se incluyen titulares de diversas áreas; sin embargo, la Presidencia y los Consejeros Electorales no asumen estos riesgos, pues no salen a comisiones y resulta evidente que no se exponen a salir de sus cómodas oficinas para enfrentar directamente la inseguridad que prevalece en todo Veracruz, porque claro, para eso tienen a la tropa. Tal vez la Presidenta del OPLEV y la Subdirectora Atala Martínez esperan que se ahogue el niño, para tapar el pozo.
**** En la Secretaría del Trabajo e ICATVER prevalece el nepotismo, conflicto de intereses e imponer a amigos, familiares y compadres.
En la entrega anterior, con la liga: https://periodicoveraz.com/secretario-de-stpsp-luis-arturo-santiago-y-negocios-con-constancias-de-registros-de-sindicatos/ hablamos de los negocios del secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Luis Arturo Santiago Martínez, quien al ser protegido de la gobernadora Norma Rocío Nahle García, hace lo que quiere e incrusta a familiares, compadres, parejas y amigos.
Se ha consolidado una red de corrupción familiar, donde puestos estratégicos han sido entregados a hermanos, primos, parejas y compadres del secretario del Trabajo Luis Arturo Santiago. El mérito ha sido desplazado por los apellidos y la capacidad por los lazos de sangre. Esta estructura no sólo contradice los principios de honestidad y justicia que tanto defienden, sino que perpetúan prácticas que creímos haber dejado atrás con la Cuarta Transformación.
Y daremos una lista de los protegidos del secretario del Trabajo, Luis Arturo Santiago Martínez:
· Marlén Santiago Guerra, quien es sobrina del secretario del Trabajo, con un sueldo de $27,335 pesos, siendo jefa del Departamento de Recursos Materiales en ICATVER. Un puesto trascendental, para poder operar en esa dependencia estatal y meter a familiares.
· Irak Ortega Palacios, quien es sobrino e hijo de la cuñada del secretario del Trabajo Luis Arturo Santiago, colocándolo como jefe de Departamento en el Jurídico en la Secretaria, con un sueldo de $27,335, pesos.
· Rodrigo Ortega Palacios, otro sobrino y hermano de Irak, siendo jefe del Departamento de Tecnologías en ICATVER, con un sueldo de $19,813 pesos, además de contar con una compensación.
· Sergio Alain Martínez Boschetti, otro sobrino, con un sueldo de $19,813 pesos y laborando en el Servicio Nacional del Empleo.
· Horacio Martínez Santiago, siendo su primo, con un sueldo de $27,335 pesos, quien labora como chofer.
· Karen Olguín, siendo su sobrina y es una de las hermanas gemelas, colocándola como titular del área de Género como secretaria, con un sueldo de $27,335 pesos.
· María José Olguín, otra sobrina y hermana gemela de Karen y titular del área de Transparencia CECOL, con un sueldo de $19,814 pesos.
· Tomás Gabriel Cortés Mendoza, esposo de Marlén Santiago, siendo jefe del Departamento Planeación, con un sueldo de $27,335 pesos.
· Paola Torres Porras, quien es esposa de Rodrigo Ortega, siendo Jefa de la Unidad de Género en el CECOL, con un sueldo de $19,813 pesos.
Un tema vergonzoso, donde secretarios de despacho, en este caso, Luis Arturo Santiago Martínez quien incrustó a familiares para tener el control de ICATVER y la Secretaría del Trabajo..
Cartas a la redacción: Ordenan retiro de armamento a ayuntamientos en medio de crisis de inseguridad en Veracruz.
En medio de la creciente crisis de inseguridad que atraviesa el Estado de Veracruz, fuentes municipales confirmaron que, por instrucciones del capitán Rafael Martínez Cisneros, subsecretario de Logística de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y del propio secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, se giró la orden de retirar el armamento asignado a los ayuntamientos.
De acuerdo con testimonios de varias presidentas y presidentes municipales, la instrucción llegó de manera repentina, sin aviso previo, ni una explicación clara sobre los motivos de la medida. Las y los ediles señalaron que esta decisión los tomó por sorpresa, pues sus corporaciones dependen de dicho armamento para tareas básicas de vigilancia y respuesta ante emergencias.
Los representantes municipales expresaron preocupación por las implicaciones que esta acción podría tener en sus regiones, especialmente en un contexto donde los índices delictivos continúan al alza. Así mismo, algunos ayuntamientos manifestaron su inconformidad, afirmando que el capitán Rafael Martínez Cisneros “carece de conocimiento en materia política”, lo que según esta postura, estaría influyendo en decisiones que afectan directamente a la seguridad local.
Ante este escenario, las y los alcaldes hicieron un atento llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que intervenga de manera inmediata, revise la medida y atienda las inquietudes generadas por la orden de retiro de armamento. Subrayan que la participación directa de la mandataria es necesaria para frenar lo que consideran decisiones tomadas sin considerar el complejo panorama de seguridad que vive el estado.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial que explique el fundamento o la finalidad de esta directriz. Los ayuntamientos continúan a la espera de una aclaración, mientras la ciudadanía demanda mayores garantías de protección y acciones coordinadas ante la crisis actual.
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Dra. Claudia Guerrero Martínez
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